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YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro, Querétaro). El 17 de octubre de 1953, en la primera plana del periódico Excélsior se leía: la mujer mexicana alcanzó ayer la plenitud de sus derechos ciudadanos, que rompen los lazos de la discriminación política que la ataban, al aprobar en la Cámara de Diputados, la declaratoria de reformas de los artículos 34 y 115 de la Constitución Mexicana.
La lucha por los derechos político electorales de las mujeres mexicanas, ha sido un largo camino, tuvieron que pasar 37 años entre los congresos feministas de Yucatán de 1916 y el voto de las mujeres en 1953; 25 años entre la primera diputada federal en 1954 y la primera gobernadora, en 1979. Y entre esta y la irrupción de las mujeres en las cámaras del Congreso de la Unión han pasado 43 años.
Desde ese entonces, las mujeres mexicanas han tenido que enfrentar múltiples y novedosas prácticas que han obstaculizado su acceso a la vía del espacio público, al reconocimiento de la pertenencia a la sociedad civil y a la participación de la vida política.
La discriminación de la mujer en el ámbito político electoral ha sido una constante histórica en la mayoría de los países del mundo, y aunque se ha avanzado en el tema, las normas en cuestiones de paridad de género, siguen siendo un sistema débil para las mujeres que buscan participar en la vida política de sus países.
En el caso mexicano, las cuotas de género como la paridad -acciones afirmativas-, han generado un alto grado de participación de las mujeres. Sin embargo, a pesar de los avances en la normativa y del uso de estas en los procesos de selección de las candidaturas, aún se muestran brechas por sexo.
Si bien, las cuotas de género han buscado favorecer la elección y participación de las mujeres, lo cierto es, que por sí solas no garantizan este resultado. Y esto se debe a que no existe una progresividad en la implementación de los mecanismos jurisdiccionales, pues hasta ahora el sistema se ha conformado con mantener un resultado numérico.
Pese lo anterior, la democracia paritaria, como otras teorías de la democracia, se encuentra en un plano del deber ser, más que del ser; y para la cultura política mexicana, la idea de que las mujeres ocupen el mismo número de cargos políticos que los hombres es relativamente reciente.
La resistencia de los individuos a los cambios sociales y políticos, se ha transformado en una brecha que ha propiciado la diferencia entre mujeres y hombres, la cual se ha reflejado en una desigualdad intrínsecamente injusta; no obstante, las mujeres han luchado por hacer valer sus derechos y asegurarse que el discurso inicial se materialice y se pase de lo formal a lo sustantivo.
Se es consciente de que, el camino a la democracia paritaria no se logra solamente con cambios estructurales en la norma jurídica. Son necesarios también cambios sociales y culturales que normalicen la participación política de la mujer e irracionalicen el monopolio del poder político en manos de un solo género.
Por ello, el reto a enfrentar seguirá siendo visibilizar las dificultades que tienen las mujeres para acceder a cargos públicos y la urgencia de que se reconozcan las necesidades de todas ellas, sin que esto implique tener que colocarlas en una supuesta neutralidad que las borre.
