Entresemana Información entresemana que forma opinión
YANETH TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. Un gran porcentaje de menores de edad embarazadas son y han sido víctimas de abuso sexual por parte de los progenitores de sus hijos, unas de forma violenta y vil, otras mediante el chantaje y la manipulación de sus parejas; y algunas, víctimas de su escasa educación sexual.
En México, la situación de mujeres embarazadas menores de edad (9 a 18 años), se ha analizado en dos rubros etarios; el primero, donde el 30% son niñas 9 a 14 años; y el segundo, adolescentes de 15 a 18.
Las primeras han sido víctimas de agresión sexual por parte de familiares o personas cercanas a su comunidad. Forzadas a parir aún y cuando su vida está en riesgo, pero además vendidas u obligadas a casarse con sus agresores.
Realidad que socialmente se ha consentido y normalizado, de ahí que exista una baja respuesta en las denuncias de estos embarazos, ocasionando que los abusos sexuales ejercidos contra ellas queden impunes y se eleve la tasa de uniones y matrimonios infantiles.
Por otra parte, los embarazos en adolescentes de 15 a 18 años, se deben a un problema multifactorial, entre los que destacan, la falta o el limitado acceso a la educación integral en sexualidad.
Los roles y estereotipos de género que colocan a la maternidad como forma de realización personal (construcción de identidad, donde solo siendo madre pueden figurar en la sociedad).
Y el amor romántico, en donde los vínculos afectivos mal comprendidos y el ansia de placer conjuntada con la hipersexualización en torno a la sexualidad masculina, elevan la tasa de embarazos en adolescentes.
Estos dos últimos factores ocasionan que las mujeres adolescentes sean chantajeadas y manipuladas por su pareja para sostener relaciones sexuales inesperadas y no deseadas, en donde los métodos anticonceptivos son olvidados.
Situación que aumenta cuando la adolescente es de recursos e instrucción académica limitada, lo que la hace proclive a considerar que la única forma de conseguir el amor de su pareja y sobresalir en la sociedad es aceptar su embarazo y ser madre.
En las situaciones mencionadas, las menores de edad han sido víctimas de la violencia sexual, de la adultocracia que les impide una educación integral en sexualidad, de la sociedad conservadora que las imposibilita a ejercer su sexualidad responsable y en algunos casos acudir al aborto legal, pero sobre todo, de la falta de corresponsabilidad que surge entre el Estado, la familia y los progenitores.
Si bien, el Estado ha implementado políticas públicas, estas han sido diseñadas para controlar el deseo sexual de las mujeres y no para dotar de inteligencia sexual a las y los adolescentes. Resulta más fácil enseñar a los hombres a colocarse un condón y decirle a las mujeres que se abstengan de mantener relaciones sexuales tempranas, pretendiendo que con esa información podrán tomar decisiones asertivas.
A esto se suma la creencia ciudadana, de que la intervención del Estado debe ser lineal y que se cumple solo con proveer métodos anticonceptivos, dejando desinformados a las y los adolescentes, por considerar que el goce y placer sexual es algo que debe ser ajeno para ellos, como si pudieran ser inmunes a la desbordante sensación de sus hormonas.
Además, cabe señalar que tanto el Estado como la sociedad están enfocados en creer que los embarazos en menores de edad solo se deben a la falta del uso de métodos anticonceptivos y de criterios morales familiares.
Invisibilizando y dejando impunes los embarazos de niñas de 9 a 14 años, pues respecto de esta problemática no existen políticas públicas efectivas que erradiquen tal situación.
Si bien los embarazos en adolescentes han disminuido en un bajo porcentaje, los embarazos en niñas de 9 a 14 años han aumentado año con año.
En conclusión, el Estado y la ciudadanía deben considerar que el embarazo en menores de edad es un problema público que pone en riesgo su vida e integridad, en especial porque son ellas quienes presentan obstáculos para acceder a una vida libre de violencia y alcanzar su desarrollo personal, social y profesional.
Se debe eliminar la desigualdad estructural, la violencia sexual, los prejuicios sociales, así como propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo.
Estas acciones solo serán posibles desde la integración institucional y la corresponsabilidad con la ciudadanía.
