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YANETH TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de cualquier régimen democrático, pues permite el intercambio abierto de ideas, la crítica al poder público y la construcción de una opinión pública plural e informada. Su debilitamiento, por el contrario, propicia la concentración del poder, la censura y la instauración de prácticas autoritarias.
En México, este derecho fundamental atraviesa un periodo de deterioro significativo, producto de discursos oficiales que deslegitiman la crítica, prácticas de persecución institucional y una creciente violencia política. La hostilidad del poder ejecutivo hacia la disidencia ha convertido el espacio público en un escenario de confrontación, así como las implicaciones sociales, políticas y jurídicas de esta tendencia.
La libertad de expresión como límite al poder
En las democracias constitucionales, la libertad de expresión no solo garantiza la emisión de ideas y opiniones, sino que actúa como un contrapeso indispensable frente a los excesos de los gobiernos. Cuando esta garantía se erosiona, se abren las puertas a formas de gobierno de corte autoritario que buscan controlar el diálogo público y monopolizar la verdad.
Los regímenes populistas y represivos suelen percibir la crítica y el intercambio de ideas como amenazas directas a su estabilidad; por ello recurren a mecanismos de estigmatización y persecución contra quienes disienten.
En México, este fenómeno se expresa a través de la descalificación sistemática de voces críticas, a quienes se les etiqueta como “opositores”, “traidores” o “comentócratas”, despojando a sus argumentos de legitimidad y situándolos como enemigos del proyecto político dominante. Este proceso, silencioso pero persistente, marca el inicio de una degradación democrática que socava el equilibrio entre sociedad y Estado.
El discurso oficial como instrumento de exclusión
El debate público, tradicionalmente concebido como un espacio para la deliberación ciudadana, ha sido sustituido por un monólogo presidencial —y ahora presidencialista— que estigmatiza la oposición. Durante el sexenio anterior, las conferencias matutinas funcionaron como plataforma para justificar actos de gobierno y desacreditar adversarios, generando una polarización social sin precedentes y debilitando la interlocución entre ciudadanía e instituciones.
La llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum no significó una ruptura con estas prácticas. Por el contrario, se observa la continuidad de un discurso oficial que se erige como única fuente de verdad, clausura el disenso y reproduce mecanismos de criminalización contra periodistas, activistas, académicos y ciudadanos. La intolerancia hacia la crítica se traduce en indiferencia ante denuncias de corrupción, vínculos con el crimen organizado, excesos de poder y violaciones a derechos humanos.
Esta narrativa dominante no solo margina a quienes buscan participar en la vida pública desde el cuestionamiento, sino que también genera un ambiente hostil que inhibe la expresión libre de ideas, atentando contra los principios de pluralidad y deliberación democrática.
Polarización, violencia institucional y represión
La escalada de violencia política y social ha sido uno de los efectos más visibles de esta dinámica. México atraviesa una crisis caracterizada por el debilitamiento del Estado de derecho, la intervención del crimen organizado en la vida pública y la radicalización ideológica.
En este contexto, los asesinatos de líderes comunitarios como Carlos Manzo y Bernardo Bravo evidencian el riesgo que enfrentan quienes denuncian la narcopolítica o exigen seguridad al Estado. Sus voces, lejos de ser atendidas, fueron desacreditadas desde la esfera gubernamental, normalizando la minimización de las denuncias ciudadanas.
Un ejemplo revelador de esta dinámica fue la represión ejercida contra los manifestantes del 15 de noviembre, en su mayoría jóvenes de la llamada generación Z. La presidenta no solo los criminalizó públicamente, sino que instrumentalizó a las fuerzas del Estado para contener violentamente la protesta, vulnerando de manera directa su derecho a la libre expresión. Este tipo de acciones indica un patrón preocupante: el uso del aparato estatal como mecanismo de intimidación, silenciamiento y control social.
De mantenerse, esta dinámica abre la puerta a prácticas propias del terrorismo de Estado, donde la violencia, la persecución política, las detenciones arbitrarias y las desapariciones se utilizan como métodos sistemáticos de control sobre la ciudadanía.
La necesidad de reconstruir el diálogo democrático
La persistencia de un poder ejecutivo impermeable a la crítica impide la instauración de acuerdos y compromisos que fortalezcan a la democracia. Pretender legitimar un sistema político basado en la unanimidad es un contrasentido democrático, pues la divergencia de opiniones es inherente a cualquier sociedad plural.
Restablecer la libertad de expresión implica no solo garantizar el derecho a disentir, sino también fomentar un gobierno que escuche, dialogue y construya consensos. La convivencia democrática exige reconocer la legitimidad de las opiniones diversas y aceptar la crítica como un insumo necesario para el ejercicio responsable del poder. Solo así será posible reconstruir un equilibrio saludable entre mayoría y minoría, y evitar que el país derive hacia formas institucionalizadas de control autoritario.
Conclusión
El deterioro de la libertad de expresión en México refleja una crisis más profunda: la erosión de los mecanismos democráticos que permiten la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La estigmatización del disenso, la criminalización de la crítica y la creciente violencia institucional representan amenazas directas para los derechos humanos y para la estabilidad democrática del país. Ante este panorama, resulta indispensable visibilizar y nombrar las prácticas de represión, exigir la apertura al diálogo y reivindicar la importancia de la libertad de expresión como herramienta esencial para la construcción de un orden político democrático, justo y plural.
<< Las acciones de represión tiene varios sentidos: control, normalización y acostumbramiento a los abusos y el poder del Estado>>
