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YANETH TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. En tres actos se puede contestar la afirmación del presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, respecto de que las desapariciones en México son ‘sistemáticas o generalizadas’.
Primer acto. En el 2019, mediante audiencia pública y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció la crisis humanitaria en materia de desaparición y emergencia nacional forense en México.
Reconocimiento que fue hecho durante el primer sexenio del gobierno oficialista, en donde se estableció que la escalada de violencia se originó en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón (2006-2012), lo que se reflejó principalmente en el crecimiento exponencial del índice de homicidios y desapariciones.
En esta audiencia, admitieron la existencia de una crisis sistemática en la violación a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, militares y el narcotráfico.
Siendo este último el que, por la diversificación de sus actividades ilícitas y la complicidad con autoridades mexicanas, extremaron su beligerancia y extendieron su dominio territorial, dando como resultado miles de muertos y desaparecidos.
En esta audiencia, el gobierno mexicano se comprometió a llevar acciones para limitar a la delincuencia organizada e implementar mecanismos que facilitaran la ayuda a familiares de desaparecidos, situación que no sucedió.
Segundo acto. La estrategia de seguridad “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó más de 50,000 personas desaparecidas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), esto sin contar la cifra negra.
Situación, que fue minimizada por el gobierno oficialista al insinuar que las cifras, los reclamos de las madres buscadoras y las evidencias aportadas por víctimas y organizaciones, sobre las omisiones del Estado y la participación del crimen organizado, respecto de las desapariciones, eran espurias de la oposición política.
Contexto que resultaba, discordante con el reconocimiento hecho ante la CIDH y su estrategia blanda al posicionarse sobre los daños que causaban los enfrentamientos de militares con el narcotráfico (reclutamiento de civiles, desapariciones y homicidios).
Si bien, ya no había una guerra contra el narcotráfico, la realidad es que existía una guerra entre las diversas fuerzas criminales por el control territorial y auspiciadas por autoridades gubernamentales.
De ahí que, el primer sexenio del gobierno de la 4T se caracterizara por las diversas acusaciones de sus vínculos con líderes del crimen organizado y por invalidar el sufrimiento de las víctimas.
Tercer acto y el más evidente, el hallazgo de más de 5 mil 600 fosas clandestinas producto de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Todas estas, localizadas gracias a la labor de colectivos integrados por familiares de desaparecidos, quienes se dedican a hacer búsquedas y a obtener justicia ante la pasividad de las fiscalías y el mínimo compromiso del Estado.
Quienes, sin presupuesto han realizado los mayores hallazgos de personas y osamentas como resultado de sus búsquedas, siendo el más reciente e impactante de los casos, las fosas clandestinas del rancho Izaguirre ubicado en la zona controlada por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Hallazgo, que refleja la violencia extrema que el crimen organizado ejerce contra la ciudadanía, la impunidad negociada entre criminales y autoridades, así como la ausencia de responsabilidad gubernamental, política y social.
Sí la crueldad y las tragedias denunciadas por años no son suficientes para reconocer que el país se encuentra en una crisis de violencia y ante la ausencia de seguridad y justicia, qué tiene que suceder para que el Estado proporcione respuestas eficaces para la persistencia de violaciones graves a los derechos humanos y la violencia extrema.
A qué se refiere los términos generalizado y sistemático
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece un listado de conductas que, cuando se cometen en determinados contextos, constituyen crímenes de lesa humanidad. Dicho contexto se distingue por la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil.
Se entiende que el carácter generalizado supone un ataque en gran escala, dirigido contra un número significativo de personas; mientras que el carácter sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia, a la improbabilidad de que tengan un carácter fortuito y a la existencia de ciertos patrones en la ejecución de los actos, que se repiten regularmente.
De ahí que, la enorme cantidad de desaparecidos refleje un colapso del orden social y legal; por lo que, ignorar y negar las atrocidades generadas por el crimen organizado, no resolverá la crisis existente.
Tolerar un régimen que basa su forma de gobierno en no oír ni ver lo que está ahí y que descalifica la credibilidad de miles de víctimas en casos de violencia, solo contribuirá a que la corrupción e impunidad se sostenga por la indolencia de la propia sociedad que no se horroriza ante lo evidente.
Es indispensable despertar la sensibilidad de la población para que considere la tortura como un crimen terrible, que afecta la dignidad de la persona humana y degrada a sus ejecutores y a la sociedad. E. Mignone.
