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YANETH ANGÉLICA TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro, Querétaro). El adultocentrismo sostiene una visión del mundo y de la sociedad muy arraigada a valores, según los cuales las personas adultas están en el derecho de poseer el poder y, por ende, son considerados el conjunto de personas que se encuentra en la cúspide de la pirámide jerárquica de la sociedad, con todo lo que ello conlleva. *
Cifras de violencia infantil
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), advierten que en lo que va del 2023 se incrementó un 36.2% las incidencias de lesiones (de 3,815 a 5,195) en contra de menores de 0 a 17 años.
Por otra parte, datos de la UNICEF refieren que en México 6 de cada 10 niños de 1 a 14 años han experimentado algún tipo de disciplina violenta o maltrato en el hogar, lo que causa una afectación profunda en sus vidas. **
Además, dicha agencia internacional señala que a nivel mundial el 40% de niñas, niños o adolescentes justifica que las personas que les cuidan, usen la violencia como método de corrección disciplinaria. Los castigos físicos o humillantes para criarles, se han convertido en una práctica normalizada.
Los efectos de la violencia en infantes
Las consecuencias negativas de estas prácticas afectan los derechos humanos básicos de la infancia y adolescencia al discriminar, subordinar y relegar sus ideas, propuestas y sentimientos solo por el hecho de tener una edad menor, lo que a largo plazo genera relaciones asimétricas, además de reproducir y perpetuar el autoritarismo.
De ahí que, las infancias y los adolescentes sigan esperando el pleno reconocimiento del respeto por su dignidad e integridad física. Ya que, durante siglos, han sufrido violencia disfrazada de disciplina a manos de quienes se supone, deberían protegerlos.
El adultocentrismo ha ocultado la violencia ejercida contra los infantes, en especial las infligidas por sus progenitores; infanticidio, castigos crueles y humillantes, trato negligente y abandono, abuso sexual y otras formas de violencia. Las cuales en pocas ocasiones son denunciadas, investigadas y sancionadas.
El miedo de los menores de edad para denunciar los incidentes de violencia por temor a sufrir castigos por parte de sus agresores, que en ocasiones suelen ser familiares, y la falta de apoyo de quienes deberían protegerlos, propicia que las agresiones en contra de estos, queden impunes al formar parte de los secretos familiares.
Lo que trae como consecuencia, exposición temprana a la violencia, lo cual, dependiendo de la edad, impacta en el proceso de maduración; en el caso de exposición prolongada, ocasiona perturbación del sistema nervioso e inmunológico que puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades en la salud física y mental, lesiones y problemas sociales.
Acceso a la justicia y el reconocimiento de los derechos de las y los menores
Socialmente, el paradigma de la incapacidad en los menores de edad, tiene su más fuerte expresión en las normas que, al negarles la “capacidad de obrar”, privan a los niños de la posibilidad de ejercer con cierta autonomía sus derechos, estableciendo las potestades de los padres como derechos absolutos.
Si bien, en la actualidad, se observa una tendencia que considera cada vez más a la minoría de edad no como un supuesto de incapacidad de actuar, sino como una limitación a la capacidad que se fundamenta en razones de protección de sus derechos, aún siguen prevaleciendo en impunidad las agresiones y delitos contra las infancias.
Y esto se debe a que no existe un trato diferenciado y especializado que parta del reconocimiento de la naturaleza estructural e inmodificable de las características de las y los menores de edad.
Por ello, es preciso garantizar que todo infante víctima del delito cuente con un efectivo acceso a los medios jurídicos necesarios para defender sus derechos. Si bien el Estado dispone de diversos medios para la protección de sus derechos, estos han sido diseñados en consideración de personas usuarias adultas.
Como regla general, las niñas, niños y adolescentes han quedado excluidos de actividades o servicios diseñados para adultos.
De modo que, se les ha colocado en un contexto histórico de discriminación arbitraria que les ha impedido ejercer sus derechos como cualquier otra persona. Exclusión que no tiene origen en las normas, sino en un defecto de aplicación en el que no se es consciente de las necesidades y características propias de las y los menores de edad.
Si los niños son los titulares de sus derechos, la Ley debe reconocerles mecanismos efectivos para ejercerlos: otorgarles libertad y protegerlos de todo obstáculo que perturbe el ejercicio legítimo de sus derechos.
Revertir los daños causados por la violencia infantil
El primer paso que se requiere, es reconocer el impacto real que la violencia provoca en la vida de cada infante y adolescente, para después visibilizar y analizar las causas estructurales que generan que se perpetren actos violentos en contra de esta población.
Para ello, es necesario que se considere a las niñas, niños y adolescentes como sujetos en desarrollo, que por su inmadurez psicológica y física requieren ser apoyados en el ejercicio de sus derechos.
De modo que, al identificar las particularidades de la infancia y adolescencia, se les asigne el carácter de un sujeto jurídico especial y se les reconozca una autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos de acuerdo con la evolución de las facultades de cada infante.
De ahí que, se deban implementar estrategias que partan de la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado, para que prevengan, eviten y rompan el ciclo de violencia que sistemáticamente ejerce la sociedad en contra de la infancia.
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