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MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS
Hubo un tiempo en que no tener empleo fijo, caminar demasiado despacio o simplemente parecer desocupado y deambular por las aceras citadinas con algunos bultos a cuestas, era una infracción inaceptable. No hacía falta robar, conspirar ni atentar contra la República. Bastaba con no transmitir laboriosidad.
Por fortuna en los gobiernos de todas las eras se han dado brotes de moralina y funcionarios convencidos de que su ascenso al poder por el voto pupular -o por el dedazo– conlleva la obligación de rectificar desvíos propios del populacho. Eso llevó a establecer un Tribunal de Vagos de la Ciudad de México en 1828, noble institución creada para atender una urgencia mayor: preservar la paz interior de la gente decente.
No estoy inventando una leyenda urbana ni incurro en uno de mis arrebatos fabulatorios. En nuestra gran ciudad hubo un tribunal con todas las de la ley, instalado sin acordeones, dedicado a administrar la moral pública. No juzgaba delitos, sino biografías. No castigaba acciones, sino estilos de vida. Es posible que un burococo de aquellos ayeres haya sobrevivido e inficionado a los próceres que casi 150 años después quisieron resolver los problemas nacionales asestando a los inermes ciudadanos una Cartilla Moral trasnochada.
Mi rigor historiográfico es avalado por quien fuera ni más ni menos que presidente de nuestra más alta instancia judicial, Luis María Aguilar: “El Tribunal de Vagos fungió durante siglos como un instrumento de control social y, sobre todo, como un delimitador entre esos ‘dos tipos de sociedad’ que se ven obligados a convivir en la gran urbe.”
Pero no sólo eso. Ese notable jurisconsulto desveló el meollo del asunto: “Llama poderosamente la atención cómo se percibía un fenómeno social como la pobreza y la mencidad vistas como causas y no como consecuencia de las relaciones económicas y políticas.”
Pero volvamos al relato. Es agosto de 1828. El calor agobia a la ciudad y agrava los problemas de insalubridad. A diferencia de otras grandes capitales, la nuestra es cicatera en servicios públicos y liberal en basura y desorden. Y encima de ello, la gente decente tiene que soportar el ir y venir de individuos (e individuas) de conducta sospechosa. Quiero decir que no era lo que hacían, sino cómo ocupaban el tiempo tales sujetos (y sujetas). Tiempo … esa sustancia anormal cuando no produce beneficios visibles.
Esto ocurría en una ciudad viva, ruidosa, sembrada de pulquerías, fondas, mercados, billares, bailes de barrio y personas que insistían en circular sin pedir permiso. Un escándalo. Las escaleras de los edificios públicos resultaban nauseabundas cuando se llenaban de “gentes sucias y cubiertas de harapos”. La pobreza, además de peligrosa, era visualmente ofensiva. Y eso sí no podía permitirse.
Además el vago decimonónico era versátil. Podía ser un artesano sin taller fijo, un criado “malcriado”, un jornalero entre trabajos, un bebedor consuetudinario -o “con su itinerario, como decía mi abuela- un chaval con exceso de calle, un migrante recién llegado o -en un giro edificante y favorecido- alguien denunciado por su propia familia para que aprendiera a ser útil. La vagancia no describía una conducta: nombraba una molestia social.
¿La solución? ¡El Tribunal de Vagos! Fue una escuela cívica involuntaria. No siempre condenaba -de hecho, absolvía a la mayoría-, pero casi nunca dejaba a nadie como llegó. Antes estaban la detención preventiva, el expediente, la comparecencia, la espera, la celda compartida, las costas judiciales. La enseñanza era clara y duradera: “Puede que no seas culpable … ¡pero no sigas viviendo así!”
Pero resulta que tal institución era anticonstitucional. Lo sabían los abogados, lo sabían los síndicos municipales y lo sospechaban incluso quienes firmaban las resoluciones. Pero frente a la objeción legal se impuso el argumento universal y reciclable en cualquier siglo: el orden público, la seguridad, la reforma de costumbres. Nada tranquiliza tanto como creer que se gobierna con la moral. ¿Tiene esto un timbre contemporáneo?
En realidad, el tribunal no perseguía al ocio como tal. Nadie parecía muy dispuesto en abolir la holganza mediante chambas bien o mal pagadas. El problema no era no trabajar, sino no hacerlo como se espera, la indisciplina visible de los pobres. No la pobreza, sino su exhibición. El Tribunal de Vagos no llenaba cárceles, ordenaba miradas.
Leer hoy El Tribunal de Vagos de la Ciudad de México provoca una risa incómoda. Cambian las leyes, cambian los nombres, cambian los edificios, pero la pulsión permanece intacta: clasificar vidas, corregir comportamientos, moralizar desde el escritorio. La buena conciencia de la gente decente no ha desaparecido. Solo se ha vuelto más pulcra, más técnica, más estadística.
Ya no se habla de vagos, desde luego. Se habla de riesgos, de perfiles, de ordenamiento del espacio, de conductas inapropiadas, de tentaciones políticas perversas, de intentos de redimir un pasado abominable. Pero el método no ha cambiado: vigilar primero, corregir después y, si es necesario, explicar todo como una medida civilizatoria.
Al final, siempre hay alguien convencido de que lo hace por el bien común. Y siempre hay otro aprendiendo, a golpes suaves o duros, cómo no estorbar.
El Tribunal de Vagos de la Ciudad de México, 1826-1867 o la buena conciencia de la gente decente, fue la tesis doctoral de Lucio Ernesto Maldonado y lo editó la Suprema Corte de Justicia en el 2011. Es un texto que conviene releer en estos tiempos en que los tribunales y los jueces nos tienen con el ojo cuadrado y un sabor cívico ligeramente repugnante.
8 de febrero de 2026
