Entresemana Información entresemana que forma opinión
>> El vicecoordinador económico de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados considera que la medida de la Secretaría de Hacienda responde a la crisis derivada de las acusaciones de lavado de dinero
>> La CNBV, encargada de supervisar la solidez de las instituciones, falló estrepitosamente al no detectar o actuar contra las supuestas irregularidades con la antelación necesaria
>> Es momento de valorar la destitución de responsables: La remoción inmediata de los directivos de la CNBV y la UIF que permitieron esta debacle, reemplazándolos con expertos independientes
Ciudad de México, 05 de julio (entresemana.mx). El anuncio de la SHCP sobre la escisión y transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam Banco a la banca de desarrollo mexicana intenta dar continuidad operativa y funcionamiento de los fideicomisos radicados en esas instituciones, sin interrupciones, protegiendo los intereses de fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados, es claramente un intento desesperado por mantener cierta estabilidad en el sector financiero, pero la intervención busca evitar un colapso mayor en el sistema, sostiene el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández.
Sin embargo, aduce Téllez Hernández, es evidente que la medida responde a una crisis derivada de las acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La transferencia a la banca de desarrollo, aunque busca continuidad, podría percibirse como una nacionalización encubierta que podría ahuyentar a inversionistas privados. Además, la supervisión regulatoria, aunque bien intencionada, no garantiza que los fideicomisos eviten riesgos operativos o legales a largo plazo, especialmente si las acusaciones de EE. UU. escalan. Esta medida parece más reactiva que estratégica.
La SHCP prioriza la estabilidad a corto plazo sobre una solución estructural. Las calificaciones crediticias degradadas de CIBanco e Intercam reflejan un deterioro financiero que podría extenderse a otros actores si no se aborda la raíz del problema, puntualizó el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Ante esta situación, dijo, es necesario que la SHCP dé a conocer un informe detallado sobre las evidencias encontradas y el estado que guardan sus acciones en torno a este caso. Además, es de imperiosa necesidad llevar a cabo auditorías rigurosas sobre las operaciones de las instituciones implicadas.
Por otra parte, citó, no se puede dejar de señalar la cuestionable actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso que nos ocupa, y merecen una crítica severa.
Ambas instituciones han demostrado una pasividad alarmante y una falta de proactividad que bordea la negligencia, permitiendo que las acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomen por sorpresa al sistema financiero mexicano.
Por tanto, acotó, la CNBV, encargada de supervisar la solidez de las instituciones, falló estrepitosamente al no detectar o actuar contra las supuestas irregularidades con la antelación necesaria, dejando que la crisis escalara hasta requerir una intervención drástica de la SHCP.
Su supervisión parece más un ejercicio burocrático que un mecanismo de prevención, y la promesa de «acompañamiento permanente» en la transferencia de fideicomisos suena a un intento tardío.
Y acusó:
“Por su parte, la UIF, cuyo mandato es prevenir y detectar operaciones ilícitas, ha mostrado una incapacidad inaceptable para identificar y neutralizar los riesgos antes de que se convirtieran en un escándalo internacional.
“Su silencio previo y la dependencia de señales externas para actuar reflejan una dependencia excesiva de presiones extranjeras en lugar de un liderazgo autónomo en la lucha contra el lavado de dinero.
“Esta dupla de entes no solo ha expuesto la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano, sino que ha puesto en riesgo la confianza de inversionistas y usuarios, con el agravante de que sus medidas de supervisión fueron deficientes y las correctivas actuales carecen de rigor y transparencia”.
En consecuencia, expuso el diputado federal, “es momento de valorar la destitución de responsables: La remoción inmediata de los directivos de la CNBV y la UIF que permitieron esta debacle, reemplazándolos con expertos independientes, serviría de mucho para avanzar en las investigaciones imparciales y auditorías forenses independientes y posteriormente sancionar las posibles negligencias e incumplimiento de deberes.
“Por último, la SHCP debe tener listo, de ser necesario, el mecanismo de protección del IPAB para dar certeza y tranquilidad a inversionistas y ahorradores de buena fe que confiaron en esas instituciones.
