Instalan en la Cámara de Diputados la Subcomisión de Examen Previo

>> Será copresidida por los diputados Alejandro Moreno Cárdenas y Fernando Macías Olvera

>> A esa instancia se han turnado 16 asuntos para su análisis

Ciudad de México, 17 de marzo (entresemana.mx). En la Cámara de Diputados fue instalada este jueves la Subcomisión de Examen Previo, copresidida por los presidentes de las comisiones de Gobernación y Población, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), y de Justicia, Fernando Macías Olvera (PAN).

Al hacer la declaratoria formal, el diputado Moreno Cárdenas explicó que el juicio político deriva de la resolución del Senado de la República convertido en jurado de sentencia, y que la Cámara de Diputados al erigirse como jurado de acusación instrumenta en contra de servidores públicos que en el ejercicio de su encargo contravengan la Carta Magna.

La sanción administrativa y política por esto, dijo, es la destitución y la inhabilitación para poder desempeñar un cargo público.

Subrayó que esta Subcomisión es una atribución formalmente legislativa, por lo que su actuar debe ser imparcial, objetivo, independiente y apegado a la normatividad establecida en la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Indicó que la tarea de la Subcomisión es velar por el bien de la República, al consolidar el imperio de la Constitución en el actuar de los servidores públicos contemplados en el artículo 110 constitucional.

“Me honra dar inicio a esta alta encomienda junto con todas y todos ustedes, compañeros legisladores, por lo que estoy seguro que daremos buenas cuentas a los ciudadanos y al país”, sostuvo.

El copresidente, diputado Fernando Macías Olvera, mencionó que el examen previo es uno de los procedimientos más particulares que hay en la Cámara de Diputados, porque se deja a un lado la tarea legislativa; esta Subcomisión hace tareas de investigación y de valoración respecto a los indicios de posibles responsabilidades.

Agregó que se debe actuar con responsabilidad y apego al Estado de derecho, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la certeza jurídica. “Debemos extraernos de cualquier juicio y actuar con independencia, imparcialidad y autonomía”.

Aclaró que esta instalación “no tiene dedicatoria a nadie, sino que se está cumpliendo con el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, con ello, dar trámite a 16 asuntos que han sido turnados a esta Subcomisión”.

Llamó a sus compañeras y compañeros a actuar con apego a la ley, a la Constitución y dejar a un lado vendettas, persecuciones o revanchismos políticos.

Por su parte, la diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) dijo que se realizarán los trabajos necesarios para pasar de la investigación a la conclusión de los asuntos de esta Subcomisión.

Del grupo parlamentario de Morena, el diputado Hamlet García Almaguer se pronunció por “defender nuestras determinaciones sobre la intromisión de otros poderes, ya que hay precedentes en los que el Poder Judicial ha otorgado suspensiones contra actos relacionados con facultades soberanas”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) propuso avanzar en los temas y proponer, al Pleno, modificaciones legales para que “no haya chicanadas jurídicas y que estos procesos, que son largos, complicados, difíciles y tortuosos, no sean burlados una vez que se llegue a una resolución”.

Por MC, la diputada Julieta Mejía Ibáñez se congratuló por la instalación de la Subcomisión y expresó la disposición y acompañamiento de su grupo parlamentario para llevar los asuntos a buen puerto y que no existan acciones de revanchismo y venganzas políticas, sino que se respete la ley a cabalidad.

La diputada del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, consideró que la Subcomisión debe dirigirse con responsabilidad sin filias, sin fobias; ya tenemos en nuestras manos resarcir los daños a la sociedad que hoy demanda no tolerar los abusos de poder y la corrupción, por lo que debemos actuar en consecuencia. “Las conductas contrarias a la ley deben ser investigadas y sancionadas con el pleno respeto al debido proceso.

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