Entresemana Información entresemana que forma opinión
>> La disolución del CONEVAL rompe un contrapeso institucional esencial, al eliminar un órgano autónomo con facultades explícitas para emitir evaluaciones críticas e independientes de la política social federal reprocha el diputado Héctor Saúl Téllez
Ciudad de México, 11 de junio (entresemana.mx). El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y otras instituciones del gobierno federal dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son incompetentes para asumir las funciones que desempeñaba el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (CONEVAL), afirmó el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández.
Durante la discusión y aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador abundó que, si bien el dictamen establece que no habrá impacto presupuestario, el INEGI carece de capacidades para absorber esta tarea.
“Aunque el dictamen asegura que el INEGI absorberá las funciones del CONEVAL sin impacto presupuestario, este Instituto no cuenta con áreas operativas ni personal especializado en evaluación de política pública. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de las 179 personas trabajadoras del CONEVAL, solo 49 contaban con plaza en el presupuesto 2025; el resto eran personal por honorarios, lo cual compromete la continuidad técnica y la transferencia de capacidades y queda en duda que se respeten los derechos laborales de estas personas”, puntualizó.
Recordó que la extinción del CONEVAL como organismo especializado en la evaluación de la política social con independencia técnica y transfiere sus funciones al INEGI, institución eminentemente técnica en estadística y geografía, pero sin experiencia en evaluación de política pública ni en el seguimiento cualitativo del cumplimiento de derechos sociales, toda vez que su naturaleza es diferente al CONEVAL.
“La disolución del CONEVAL rompe un contrapeso institucional esencial, al eliminar un órgano autónomo con facultades explícitas para emitir evaluaciones críticas e independientes de la política social federal. Su reemplazo por una instancia dependiente de metodologías estadísticas crea opacidad al tener naturaleza distinta y se reduce el escrutinio sobre el ejercicio del gasto público social”, explicó.
Téllez Hernández sostuvo que, ahora la evaluación de la política social deja de estar enfocada explícitamente en el cumplimiento progresivo de los derechos sociales como educación, salud, alimentación y seguridad social, y se reorienta a una medición técnica basada en datos estadísticos, lo que diluye los principios de justicia y exigibilidad del desarrollo social.
Agregó que el CONEVAL disponía de un conjunto sólido de indicadores relacionados con la gestión, resultados y servicios, que estaban conectados al Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
“La reforma deroga los artículos 75, 76 y 77 de la Ley General de Desarrollo Social, eliminando estos indicadores sin proporcionar un mecanismo claro para su reemplazo, y solo los menciona de manera general en el Artículo 72 Bis, donde se indica que el Instituto deberá establecer directrices y criterios técnicos para las metodologías de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social sin entrar en especificidad”, expuso.
Consideró que el dictamen que se aprobó es un movimiento hacia una recentralización autoritaria, tecnocrática y desarticulada del sistema de evaluación social.
“Los cambios propuestos en ciertos artículos clave afectan la autonomía y especialización técnica necesaria para medir la pobreza de forma precisa. Esto también impacta la racionalidad del gasto público social, lo que significa que la forma en que se invierte el dinero en programas sociales podría no ser la más eficiente y por mucho el CONEVAL había hecho muy bien su labor”, dijo.
Por otra parte, con el dictamen aprobado disminuirá la transparencia y la rendición de cuentas en la política social del país. Pero lo más importante es que, al afectar el sistema de evaluación, se pone en riesgo el derecho fundamental de la ciudadanía a saber si las políticas sociales están realmente logrando su objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad.
“En esencia, estos cambios limitan la capacidad de la sociedad para fiscalizar la efectividad de las acciones gubernamentales en materia social, aspecto que ha dejado mucho que desear en la gestión de la 4T”, concluyó.
