Incorrecto dar un marco jurídico a la gestación asistida y la maternidad subrogada

>> Explica magistrada Reyes Terán a diputada de Morena porque se equivoca

>> Un privilegio de aquellos con dinero, por encima de los derechos de las mujeres

Lorena Vaniezcot

Puebla, Puebla, 04 de julio (SemMéxico). La magistrada Arely Reyes Terán señaló que es incorrecto dar un marco jurídico a la gestación asistida y la maternidad subrogada, como propuso la diputada local Nayeli Salvatori Bojalil, este jueves en el congreso local.

Luego de que la diputada morenista publicara que había presentado la iniciativa en su red social de X, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa le respondió con un texto “largo y tendido”.

Reyes Terán dijo que la práctica comúnmente conocida como “gestación subrogada” es, en realidad, la renta de un cuerpo de una mujer que, en los hechos, consiste en una explotación reproductiva de las mujeres, sobre todo las que viven empobrecidas.

Por ello aseguró que es una práctica que solo puede entenderse desde el neoliberalismo, pues permite la renta de una mujer en una lógica económica donde no hay límites para lo que el dinero puede adquirir y es, agregó, una práctica accesible únicamente para personas con poder adquisitivo, porque ninguna mujer en condiciones precarias puede pagarle a otra -rica- para que le gesten un hijo. Por el contrario “son las más vulnerables las que se ven obligadas a rentarse para satisfacer los deseos de otros”.

De acuerdo con Salvatori Bojalil, su iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Puebla y de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de establecer, garantizar y coordinar las disposiciones establecidas para la gestación asistida y la maternidad subrogada.

Además de regular, vigilar y autorizar los procedimientos, instrumentos, técnicas, requisitos y prácticas médicas de la reproducción humana asistida, y vigilar en el control natal por subrogación gestacional, en el que prevalezca el interés superior de la niñez, expuso en su post en X, acompañado de un video.

Por ello, Arely Reyes Terán, abogada feminista y actual magistrada del TJA en esta entidad, afirmó que no existe un consenso al respecto, mientras en España hay regulaciones extras que se impusieron a esta práctica, prohibida, por cierto, en éste y otros países.

Recordó que la Unión Europea ha llegado a catalogar esta práctica como trata de personas: compras y vendes niños y aseguró que la regulación abre la puerta a contratos desiguales para las mujeres que se rentan, sino que implica una pérdida de la identidad propia y control sobre las condiciones de vida e independencia de la mujer antes y durante el embarazo; los contratos avalan secuestros de mujeres para gestar.

Reyes Terán recordó los nacimientos de niñeces con discapacidad que las personas compradoras terminan rechazando, plantea la también exaspirante a ministra en la Corte mexicana en la pasada elección.

Dijo que cuando una mujer toma una decisión presionada por la marginación, la amenaza o la pobreza, no está decidiendo libremente ni desea tener hijos (mucho menos para venderlos).

“Solapar y legalizar estas prácticas solo ocasiona que la violencia y desigualdad estructural del sistema social se acrecienten; no empodera, ni emancipa, ni da mejores condiciones de vida a nadie. Mucho menos a las mujeres.

Argumentos erróneos en la SCJN

Sostuvo que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, declaró legal la renta de vientres, pasando por encima de los derechos de las mujeres, bajo dos argumentos erróneos. El primero, lo equipara con una técnica de reproducción asistida. Una técnica es un procedimiento que se logra utilizando varias herramientas -como la fertilización in vitro o la transferencia de embriones-. El cuerpo (y sus procesos biológicos) -y la vida- de una mujer no es una herramienta; verlo así solo abona a la mercantilización de las personas nuevamente más vulnerables o empobrecidas, le dice Reyes Terán a la diputada Salvatori Bojalil, asegurando que ese es un argumento discursivo.

Em segundo lugar, la Corte considera que comprar niños para paternar o maternar es un derecho; “nada más alejado de los ideales que, al menos desde la izquierda, deberíamos defender”, porque planeó que tener hijos es un deseo -uno muy bonito- y lamentablemente no todos pueden tener hijos con su carga genética.

Sin embargo, si biológicamente no es posible, eso no les da el derecho de comprar un ser humano -un niño/niña- y rentar a otro ser -una mujer- para cumplir ese capricho. “Un deseo no es un derecho”.

Por ello, Reyes Terán señala a la legisladora que otorgarle un marco jurídico a esa práctica es poner, en la ley, un deseo y un privilegio personal -de aquellos con dinero- por encima de los derechos de las mujeres (violentándolas no solo físicamente sino simbólicamente) y de los bebés.

Finalmente, la magistrada del TJA pregunta ¿por qué dejamos de discutir la adopción para parejas homosexuales, pero consideramos accesible y correcta la renta de mujeres?

Recordemos también que hay países donde se han encontrado granjas de mujeres embarazadas para producir hijos y venderlos, como -y me duele la comparación- un criadero de perros.

Por eso reclama y le dice a la diputada de Morena que fue ella quien elaboró y subió (al pleno) esa iniciativa sin 1) conocimientos apropiados en la materia, 2) consultas con personas expertas que permitieran hacer planteamientos benéficos, 3) sin conocer la agenda del feminismo, 4) sin reflexionar lo que defiende la izquierda política -postulados que se dicen progresistas cuando en realidad disfrazan prácticas neoliberales de esclavitud moderna- y 5) pasando por encima de las mujeres.

SEM/lv/sj

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