Imperativo iniciar el debate para robustecer a los organismos constitucionales autónomos, considera la diputada Marcela Guerra

 

Ciudad de México, 08 de octubre (entresemana.mx).  Tenemos que fortalecer el impulso que los organismos autónomos han dado a nuestra vida republicana y democrática, por lo que debemos iniciar el debate para descubrir vías que robustezcan su vida institucional, garantizar su solvencia y ponerlos a salvo de vaivenes y apetitos de la coyuntura política que amenazan con debilitarlos, afirmó Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Es nuestra obligación analizar si conviene una legislación que aborde las pautas de su independencia, autogestión, autonomía de operación, jerarquía, inviolabilidad, solvencia presupuestaria, mecanismos de control, fiscalización, así como su relación con el Congreso”.

Guerra Castillo subrayó que no continuar con las reformas que demanda el régimen republicano, podría llevar a caer en los problemas propios de los países que han visto cómo se deterioran sus instituciones.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acentuó que los organismos constitucionales autónomos ofrecen una mejor arquitectura constitucional, contribuyen a una gobernabilidad más eficiente, plena y abierta, porque han generado la actualización del presidencialismo para favorecer una relación más adecuada entre la autoridad y la sociedad, con un ejercicio más transparente de la administración pública.

“La estabilidad monetaria responde a la autonomía del Banco de México; la credibilidad en nuestras elecciones al INE y la transparencia y rendición de cuentas al INAI, ahí está la importancia de fortificar a los organismos autónomos, para continuar elevando la calidad de nuestra democracia”.

En ese sentido, señaló que es positivo que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda ejercer sus atribuciones y competencias constitucionales, para resolver los miles de asuntos que tiene pendientes.

 

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