Entresemana Información entresemana que forma opinión
“No hay mayor tiranía que la que se ejerce al amparo de la ley y en nombre de la justicia». Montesquieu
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ BLANCO
El obradorato corrompió todo lo que tocó, la comprensión de sus seguidores, la política, los procesos electorales, la economía, la administración pública, al Poder Legislativo federal y el de varios estados, casi todas las gobernaturas, hizo lo mismo con los organismos autónomos incluyendo al INE y la CNDH incorporando en sus cúpulas consejeros obedientes, lo mismo fue haciendo con la Corte donde incorporó cuadros que le sirven a ciegas, pero no ha logrado dominarla.
En junio de 2021 lo intentó impulsando una reforma a la Ley para que permaneciera Zaldivar como su presidente bajo la falacia de abatir la corrupción; fracasó porque ya se sabía de su corrupción con el Peje y por ser un abuso descarado, notoriamente inconstitucional.
En enero del 22 la Corte renovó su presidencia con la ministra Norma Piña, quién se concentró en hacer respetar la autonomía e independencia de los juzgadores como un derecho de los justiciables y de toda la sociedad, en congruencia con la tendencia universal que postula ese valor como el garante de la justicia ética.
Desde luego, el Peje intentó corromper a la ministra para operar como hacía con Zaldivar y no pudo, le envió a su Secretario de Gobernación para persuadirla pero se topó con que la ministra es una juzgadora pura, repelente a la corrupción y le pidió que se abstuviera de volver intentarlo.
Desde entonces su furia se recrudeció contra la ministra Piña y organizó una campaña mediática y política para denostarla con cobardes ataques desde todas sus fuerzas.
Ninguno de esos cobardes que impulsaron con saña esos ataques ha podido señalar un solo acto indebido de ella ¡Ni uno solo! y casi podría afirmar que tampoco han leído una sola sentencia ni acuerdos del Consejo dictados por ella.
El odio del Peje contra ella sólo se explica porque no pudo corromperla.
En su obnubilación mesiánica y rabia por no poder dominar al poder judicial, el 21 de febrero, López Obrador, en un dislate, confesó en su mañanera que él delinquía con Zaldivar presionando a jueces para conseguir sentencias a su gusto, es decir, confesó su corrupción personal y la de Zaldivar y de manera incongruente presumiendo su propia corrupción, se dolió de la que reprochó al Poder Judicial Federal actualizando un cinismo en su máxima aberración.
Vamos siendo objetivos.
El Poder Judicial Federal, no es perfecto, pero en materia de corrupción no se compara con la monstruosa con que el Peje degradó al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a la propia Ciudad de México donde cuando menos el 80% de compras o contratos de obra se hacen sin licitación, donde todo es moche, mediocridad y obediencia ciega al Peje.
La más grotesca red de corrupción en el Poder Judicial Federal, la montaron el Peje y Zaldivar, con una red operada por Carlos Alpizar, Manuel Bonilla del Instituto Federal de Concursos Mercantiles y González Bernabé en el Consejo de la Judicatura entre otros, destruyendo prestigios y a servidores públicos que se opusieron a la corrupción rapaz.
Esos corruptos tienen prisa en destruir la Corte antes de que se consoliden las pruebas de la red de corrupción que los inculparán como tales.
Si fuera real que hubiera corrupción en el Poder Judicial, en la medida que aduce el Peje y sus hordas, ya la habrían denunciado objetivamente, eso ¡Jamás ha pasado!.
Nunca han podido explicar sus afirmaciones más allá de la queja contra algún juez porque su Fiscalía General de la República al mando de un ausente procurador de 84 años pierde los asunto que arma con abogados mediocres que deberían avergonzarlos.
El discurso de abatir la corrupción en el Poder Judicial y la aberrante idea de proponer que sus cargos sean por elección popular es un insulto a la inteligencia, es un abuso de la ignorancia popular en la que sostienen su fuerza política y atenta contra valores fundamentales de la convivencia cívica y el estado de derecho; es tan grave que extingue la propia posibilidad de que exista justicia.
Vera:
¿De qué manera elegir jueces por votación, resolvería la corrupción?, la respuesta obvia es que, de ninguna, es al revés, la función judicial no es susceptible de sujetarse a una elección, porque no debe depender de compromisos personales subjetivos, ni de campañas di de partidos para alcanzar ese cargo.
La función judicial es incompatible con las emotividades políticas del poder ejecutivo que por su propia entidad son incompatibles con las máximas de la interpretación de normas jurídicas y la impartición de justicia y suele ser el más violador de garantías individuales y sociales.
El desempeño de un juzgador honorable, exige de manera imprescindible un alto nivel profesional, seriedad absoluta, ética, y una larga trayectoria construyendo sentencias, sin esos requisitos quién juzgue será un farsante advenedizo incapacitado para impartir justicia.
La función judicial, debe ser autónoma, altamente técnica, imparcial y confiable, sólo así existen posibilidades de que exista la justicia anhelada ya qué, cuando se condiciona a una orientación política o tráfico de dinero ilícito deja de ser justicia y se vuelve en su antítesis, en una miserable canallada.
La reforma eliminará el mérito y los concursos de oposición para el ascenso al cargo y degradará su designación a la compra de postulaciones o moches o filias subjetivas con Morena y en todos los casos quedará condicionada a asumir un compromiso expreso de obediencia ciega al Peje y a Morena.
No existe nada compatible con la inteligencia y la decencia que justifique la reforma, las únicas explicaciones son la venganza, el desdén por lo correcto y la obsesión de poder del Peje o de Claudia que lo secunda.
¿Por qué le convendría a México un juzgador recomendado por Morena en lugar de un juzgador de carrera de alto nivel entrenado y ganador de un sofisticado concurso de oposición?, ya tiene su respuesta, absolutamente en nada.
La reforma, cínicamente se trata de una aberración que aspira doblegar al Poder Judicial para someterlo a los intereses de Morena.
Si prospera la reforma, las sentencias se mercarán al mejor postor en las oficinas de ese partido político, porque será ella y no el mérito quien retenga para sí, la posibilidad real de postular jueces o conservarlos en sus posiciones, tal y como hacía la mafia de Zaldivar, Alpizar y secuaces.
Por esas razones, la reforma extinguirá también la decencia, como requisitos para ser juez y hará imposible la aplicación de los altos valores de interpretación sistémica de las normas que exigen un alto nivel técnico.
A partir de la reforma también la estabilidad en el empleo de juzgadores, dependerá de la rentabilidad económica que cada uno le produzca al partido quién al final, será quién decida quién le sirve y quién no, dependiendo que dictar sentencias a modo o se rehúsen.
La corrupción que entraña la reforma, aspira implantar el abuso indebido del poder para obtener beneficios personales o favorecer a terceros de manera contraria a la ley a los valores éticos institucionales, involucrará actos de sobornos, tráfico de influencias, compra de voluntades, extorsión, cohechos y una gama oscura de malas prácticas, la corrupción es la principal causa del descrédito de las instituciones públicas y es incompatible con el desarrollo y la seguridad jurídica e imposibilita la generación de la justicia deseable.
La justicia, es un umbral ético y moral que asegura que cada quién reciba o conserve lo que le corresponde de manera equitativa y compatible con las normas previamente consensadas de manera democrática en una sociedad, representa el equilibrio pacífico en las relaciones sociales donde es posible convivir en igualdad, libertad y ejerciendo derechos de propiedad con el respeto de todos, entraña una idealidad que sostiene el estado de derecho.
Si los conflictos se dirimen mediante prácticas de corrupción, no habrá justicia ni respetabilidad en las sentencias por lo farsante de quien las dicte; consecuentemente no serán acatables por la vía voluntaria, sin justicia las sociedades se vuelven violentas, la buscan por propia mano y ello es muy mal pronóstico para una sociedad que ya de por sí es violenta.
El retorno a la ley de la selva en el que pervive el más fuerte, el que pueda tragar más pinole, el que tenga amigos en el poder político o en el poder fáctico armado ilícito desquiciará más a nuestra sociedad ya de por sí extraviada en la hiper violencia.
México ya resintió periodos sin justicia y le costó mucha sangre corregir el rumbo, la reforma que quiere el Peje nos retrotrae a esos umbrales nefastos que ya llenaron panteones.
México hasta ahora, ha logrado construir un sistema de impartición de justicia robusto, ciertamente con fallas, pero sólido que ha soportado las tentativas de ser cooptado por el poder político, pero la amenaza real de ahora es la más grave que ha enfrentado por su indefensión.
En esta discusión, la presidenta electa claramente sabe de la aberración de la reforma impulsada por el presidente que ya se va o se debe ir, aunada a la mínima inteligencia le indicará que es aberrante destruir el sistema de impartición de justicia, que contrario a la buena estabilidad política, que con todo y sus defectos funciona y es útil para mantener la paz social y el estado de derecho en condiciones razonables.
Claudia, debe intuir el alto riesgo para la estabilidad de la sociedad si pudre la precaria impartición de justicia que tenemos.
Claudia no es el Peje.
Parece que ahora la subsistencia del poder judicial Federal como último reducto de administración de justicia confiable depende de que la candidata ganadora de la elección decida si seguirá siendo una corcholata pejista o toda una señora Presidenta y lo prevalecer al sistema a salvo de la auténtica corrupción que pretende la reforma.
