HOMO POLÍTICUS/ El Tribunal debe anular la elección presidencial

“La patria es primero”. Vicente Guerrero

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ BLANCO

No hay razón para sorprendernos, las violaciones al orden constitucional y convencional están ampliamente acreditadas y ES SU DEBER CONSTITUCIONAL ANULAR ESA ELECCIÓN, para eso está esa instancia judicial federal, para asumir jurisdicción de constitucionalidad y garantizar elecciones apegadas a lo correcto, por el bien de todos.

Decidir contra el interés del tirano, de las fuerzas estridentes e incendiarias, exige valor, coraje y determinación para mantenerse haciendo lo correcto aun frente a riesgos severos, en cambio, si la Sala Electoral minimiza las violaciones al orden constitucional y encubre la intromisión tramposa del presidente, evidenciará que ese tribunal encuadra en las hipótesis de corrupción denunciadas por el propio Peje.

Este agosto deberán pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la elección y le mostrarán al mundo ¿De qué están hechos los magistrados electorales?

La Sala superior del Tribunal Electoral resolverá las impugnaciones que se formularon contra la elección presidencial; esa es su chamba por mandato expreso de los artículos 99 y 35 fracción IX ordinal 6º que tienen como tutela garantizar a la ciudadanía que sus funcionarios electos lo sean mediante proceso electorales éticos y correctas sin incurrir en las prohibiciones constitucionales.

La democracia legítima, supone renovar los poderes mediante procesos electorales que respeten los principios constitucionales.

¡¡Eso no pasó!!; en la elección presidencial del 2024 fueron violados sus principios básicos como la equidad en la contienda, las prohibiciones de intervención gubernamental, de uso de recursos excesivos y de procedencia oscura para solventar las precampañas y campañas; se violó la certeza, la equidad y la legalidad del proceso.

Esas violaciones acontecieron a la vista de todo México y con tal gravedad que les impide validar la elección presidencial.

Como ejemplo le describiré sólo dos razones descritas en la Constitución que justifican anular.

1.-          Como nos consta a todo México, no existió equidad en la contienda por la intromisión del presidente de la república en apoyo de Claudia y de Morena.

Luego de cientos de quejas a lo largo de dos años, el INE emitió 36 resoluciones con medidas preventivas y apercibimientos sancionatorios al titular del poder ejecutivo reprochando su intromisión perniciosa en el proceso electoral y estas, dieron lugar a 9 juicios planteados por Morena que se habrán de resolver previamente a la calificación de la elección como infundados porque todos sabemos y nos consta la sistemática y descarada intromisión perniciosa del presidente de la república en la campaña de Sheinbaum.

Insisto, esta intervención del presidente de la república fue abierta, pública y cínica, nos consta a todos, está documentada y debe ser trascendente para calificar la inconstitucionalidad de la elección.

2.-          Los gastos de precampaña y de campaña de Claudia Sheinbaum durante más de dos años, fueron enormes y escandalosos, con anuncios hasta en la quinta avenida de Nueva York, en Chicago, en los Ángeles, tapizaron de espectaculares panorámicos desde hace más de dos años todo el territorio nacional, de bardas propagandísticas, de pendones de pautas en radio, televisión y saturaron las redes sociales con mensajes y campaña en tal cantidad que sólo se explica con equipos altamente calificados en márketing dedicados a hacerlo profesionalmente, actividad que tienen precios elevados y que fue complementada con impactos propagandísticos bajo el disfraz de cobertura noticiosa que se incrementaron exponencialmente desde hace dos años actualizando apoyos en especie que violaron la equidad en la contienda y le constan a todo México.

Pero de manera especial por el elevado costo del apoyo gubernamental en especie consistente en, cuando menos, 30,000 servidores públicos, activistas permanentes identificados como ciervos de la nación, pagados por la federación impulsando la campaña de Morena que recorrieron constantemente desde hace cinco años, casa por casa todo el país registrando familias para afiliarlos a los programas sociales e inocular la idea de que el presidente Obrador era quien los incorporaba a esos programas y les enviaba dinero; fueron esas brigadas quienes en los últimos dos años le dijeron a la sociedad puerta por puerta que si no ganaba Claudia les quitarían esos programas, bajo el argumento de “Ya saben cómo son los del PRIAN”

Todo en su conjunto, fue un derroche de recursos económicos y en especie, insultante, inocultable cuyas cifras por su magnitud, son incalculables y que rebasaron amplísimamente los límites fijados para su pre campaña y campaña.

Sobre este tema hay centenas de quejas formalmente interpuestas a lo largo de todo el país y las pruebas las tiene la autoridad electoral y deben ser revisadas por el Tribunal Electoral, Morena jamás explicó satisfactoriamente sus gastos y no hay manera de justificar esos excesos.

Esos derroches y abusos intromisivos del gobierno están prohibidos por la Constitución y le imponen al Tribunal Electoral el ineludible deber de anular la elección presidencial agravados por el madruguete de iniciar la campaña dos años antes y por el exceso de gastos cuyo origen es oscuro.

El Peje lo sabe y para llevar las cosas al extremo, atacó al Poder Judicial para descalificarlo y extinguirlo en septiembre, lo hará pase lo que pase, la furia del presidente saliente durante su último mes ha sido inusitada y demencial, claramente sabe que ahora o mañana su movimiento necesitará ese poder replegado a sus intereses y humillado ante él, especialmente cuando califique la elección extraordinaria.

Ante la inminencia de la decisión del Tribunal Electoral integrado por Magistrados que, en su tiempo, fueron palomeados por las diferentes fuerzas políticas en el senado, hoy, cada partido está operando con toda su capacidad de presión; los morenistas y aliados están haciendo lo que el Peje hizo con Zaldivar han querido cooptarlos y están ofreciendo premiarlos con el cargo de ministros que propondrá el oficialismo, mientras que los senadores de la oposición, sólo suplican, ya no tienen nada creíble que ofrecer.

Hoy parecen flaquear los contrapesos garantizados por el orden constitucional y el estándar internacional de civilidad democrática, ante el abuso del presidente y su capacidad destructiva.

México ya sabe de qué está hecho su presidente y pronto de que esos magistrados electorales que deberán decidir si cumplen con su deber ético o ceden ante el efecto corruptor del Peje y a su presión política.

Si se anula la elección, el congreso constituido que estará dominado por el pejismo, tendría que nombrar a un presidente interino que fungirá mientras de celebra una elección extraordinaria donde se elegirá un nuevo presidente de inminente extracción morenista.

Entiendo claramente que, en esa elección extraordinaria, lo más probable es que vuelva a ganar Morena, pero, tendría que acontecer bajo dos condiciones.

La primera es postulando a un candidato que no se hubiese prestado beneficiarse con las malas prácticas que dieron origen a la nulidad; dicho de otra manera, Claudia ya no podrá volver a participar en dicho proceso por impedimento mandato expreso del artículo 41 fracción VI inciso c) de la Constitución Federal.

La segunda que tendría extraordinario cuidado con los abusos de poder anulatorios.

Si se anula la elección presidencial, ya veríamos los alcances y atrevimientos de la rabieta del presidente que decidirá si impone a Claudia por la fuerza con apoyo de quién lo siga y mediante arrebatos enardecidos propios de un dictador o se disciplina al orden constitucional asumiendo las consecuencias de sus excesos.

Amigo lector, perciba que hoy por hoy, el sistema nos mantiene distraídos con la captura del Mayo Zambada, en la sobre y sub representación de las cámaras, en la reelección de Alito o los nombramientos del gabinete, pero mientras tanto, el futuro de la patria está en manos del Poder Judicial que, por cierto, está exactamente para eso, para cumplir su tarea de contrapeso, evitar el abuso del poder político y debe hacer su tarea anulatoria.

En la cabeza de cada magistrado debe retumbar lo que les decía su madre cuando creyó en ellos, “siempre haz lo correcto”, el costo de no hacerlo te avergonzará toda tu vida, hacer lo correcto te llenará de la llenará de orgullo y dignidad”, “No traiciones nunca la confianza que te depositaron ni a ti mismo ni a tu palabra”; deben honrar el alma de la toga, esas frases deben resonar en sus conciencias y son las mismas que les decimos desde cada rincón de México.

Las consecuencias del abuso de poder son funestas, por favor piense, ¿Ya vio la crisis postelectoral de Venezuela?, ¿Tiene idea de la sangre y lágrimas que se han derramado con el gobierno dictatorial que ha corrompido la contienda electoral y a su poder judicial y se mantiene ahí trampa tras trampa?

Ya vio a México en ese espejo de Venezuela, en el de Cuba, en el de Nicaragua o Bolivia, sepa que sus crisis acontecieron por la debilidad de sus juzgadores y de sus instituciones que flaquearon cuando su pueblo más los necesitaba ante el embate de la dictadura.

Si Morena habrá de seguir siendo la fuerza política mayoritaria, como para postular presidente de la república, debe ganar la elección, pero limpiamente, no como lo hizo en el 2024 mediante un proceso inequitativo, violatorio del orden constitucional.

Anular la elección, no es ocioso, entraña un posicionamiento institucional del más alto valor ético y moral que por su propia entidad, impondrá la obligación de reflexionar y asumir las consecuencias de la apatía de tolerar el sistémico abuso gubernamental que tanto lastima a la adormecida sociedad.

Nos impondrá la necesidad de una introspección política de la más alta trascendencia y calado, obligará a todo el sistema a un proceso de “mea culpa”, que lo obligará a cuestionar lo insano que es normalizar la simulación y la violación a las formas jurídicas.

La sentencia que anule la elección le hará un bien de la patria, obligará a todos a entender la valía de la ética y las buenas formas republicanas en el hacer político, obligará a entender el valor de un Poder Judicial Federal ético, independiente, apolítico y valiente.

Obligará a hacer un trabajo de conciencia entre los agentes políticos, a revisar la ética intrapartidaria, a desterrar los abusos que hemos invisibilizado, nos obligará a percatarnos que hay una conciencia jurídica nacional en los juzgadores electorales.

Como ve, por mucho, vale la pena anular la elección presidencial.

Lo que cueste volver a organizarla es barato comparado con legitimar el abuso como regla y legitimar la dictadura como aconteció con los países supra citados.

Por supuesto que la anulación judicial de la elección presidencial obligará a todos a reflexión acerca de la inconveniencia de sus abusos, nos obligará a postular y competir con mejor proximidad a los valores de la ética para hacer prevalecer la voluntad de las mayorías, pero con apego a lo decente, a las buenas prácticas democráticas.

A la sociedad en general, nos motivará a luchar por la pervivencia de las instituciones y los contrapesos, a repudiar la imposición abusiva del presidente que pervirtió el proceso electoral bajo la legitimidad que le inspiran sus genitales, en el que impuso a su sucesora y se burló del sistema y de todo México; él y sólo él asumió la decisión del futuro político del país de 129 millones de mexicanos y lo hizo manipulando a la sociedad aprovechándose de sus necesitades y miseria, burlando el espíritu de las leyes, él y sólo él operó con abuso extremo e impunidad sin límite y eso ha estado muy mal y no debe premiarse.

La nulidad de la elección obligará a todos a recapacitar y entender que no es cierto que el Peje tenga dominada la voluntad de todo el pueblo de México ya que el 40% de ciudadanos no votaron, de los que sí fuimos a las urnas el 45% lo hicimos contra él; a su candidata sólo la apoyó el 54% de los que sufragaron es decir, 33 millones de esos 129 que somos, si bien ciertamente fueron suficientes para ganar la elección son pocos como para creer que dominan a todas las voluntades de México.

Y lo anterior sin perder de vista que, entre esos 33 millones hay un número indefinido dominados por la manipulación de los apoyos de dinero y engañados por la propaganda abusiva prohibida por la Constitución, así que él no puede pretender decidir ni pasar por los derechos de todos los mexicanos ni imponer arbitrariamente su voluntad a despecho de la propia constitución en abuso de su función como presidente.

Si pervive la ignominia de la elección de estado y México tolera la violación a sus procedimientos y la imposición abusiva de una sola voluntad por sobre la de otros, burlando la Constitución, se legitimará como normal el abuso del tirano, tal como aconteció en los países que ya cité y como ya sufrimos en México con el virreinato, la inquisición, en el juarismo, el porfirismo o con el PRI hegemónico.

Piense que en gran medida en México ya se instaló el abuso arbitrario antijurídico con 77 y 101 asesinatos diarios que confirman esta aberración de sobrevivir sin estado de derecho.

México vive normalizando la infamia sin hartarse de esa masacre habitual e invisibilizada que acontece frente a nuestras narices y continuará si pervive la inconstitucionalidad como regla de vida política.

Es hora de decidir con el alma de la toga, de optar por la justicia, a pesar de los riesgos por reacciones fúricas, es atractivo aspirar a ser ministro, quedar bien con los poderosos, es cómodo hacerse de la vista gorda con el cúmulo de arbitrariedades, pero también es hora de hacer patria y …” La Patria es Primero”

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