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“El tamaño del narcotráfico en México equivale a la magnitud de la corrupción del gobierno”. Rafael Rodríguez.
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ BLANCO
Nadie puede explicar la magnitud del dolor de una madre que ha perdido un hijo, ni ellas mismas, nadie puede siquiera imaginarlo, es inconmensurable, profundo, irreparable, es brutal y aniquilador.
Pues ese dolor lo han sufrido en nuestro México, no menos de 125,287 familias, 54 mil de ellos sólo en lo que va del obradorato, es decir, desde hace 6 años y meses; ¡Es un problema dramáticamente actual!
Se trata de igual número de seres humanos que casi en su totalidad perdieron la vida a manos de cárteles asesinos, cuyos restos están ocultos en fosas clandestinas, confinamientos de basura, o desintegrados.
El número es monstruoso, ¡Hay guerras que no matan a tantos!.
¿Cómo llegamos a esta demencia?
La respuesta inequívoca, es la permisividad del gobierno a cárteles que co gobiernan y reclutan jóvenes para entrenarlos como gatilleros o sicarios para sus guerras entre bandas o usan como cuidadores de sus instalaciones.
La difusión del hallazgo en Teuchitlán del centro de exterminio, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación a pesar de estar asegurado por el Gobierno, exhibió ante el mundo el horror que se vive en México con esta catástrofe homicida a gran escala.
El Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, consideró que en México hay una crisis de desapariciones que exige ser observada y atendida de manera impostergable en términos de la “Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas” firmado por México en el 2007.
Este grito de la ONU, ya había sido pronunciado por esas 125,287 familias y ¡aquí nadie las había escuchado! a pesar del pozolero de Tijuana, de los hallazgos de otros campos de exterminio en Michoacán, en Veracruz en Tamaulipas y de miles de fosas clandestinas, ¡Jamás reaccionó el gobierno!, ¡Jamás hizo nada!, para el gobierno las madres buscadoras eran una monserga y en términos reales, lo siguen siendo con sus hallazgos y lamentos.
Justo lo son para el gobierno que pregonaba una política de abrazos a los criminales y los amenazaba con acusarlos con sus abuelitas.
Toda una burla para las madres buscadoras y para la sociedad silente.
Fue hasta entonces, luego de ese hallazgo, que reaccionó la ONU avisando su intención de poner una oficina en Jalisco para observar el fenómeno y encontrar sus causas.
Fue también hasta entonces que el Gobierno asumió, una política de atención al asunto, empezó por hacer declaraciones e impulsar normas y poner a una funcionaria a que diario dijera lo que hace por las madres buscadoras.
Pero sólo eso.
En contrasentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, ambas, bajo el mando del expresidente repelieron la iniciativa de la ONU, lo que, conforme al sentido común, obedece sólo un interés de evitar el avance de las investigaciones que de realizarse conducirán irremediablemente a identificar a un solo culpable como responsable del gobierno federal que permitió el crecimiento de cárteles y la concesión de espacios de impunidad.
Indigna la actitud del gobierno federal frente al fenómeno y de los órganos que se pronunciaron contra la iniciativa de la ONU.
¿Cómo se atreven a negar lo evidente que sabemos todos los mexicanos y la ONU?
La violencia, los homicidios y desapariciones, siguen siendo el problema más lastimoso que el gobierno no podrá resolver mientras consienta a cárteles como sus patrones en lugar del pueblo al que deberían honrar.
La fórmula es simple, si el gobierno federal no extirpa a los cárteles, si no castiga a los culpables, por expresidente o gobernadores o secretarios de estado que sean, los encubre y confirma que es parte del problema, no de la solución.
José Carlos González Blanco.
14 de abril del 2025
