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>> Desde el 7 de septiembre del 2021 quedó despenalizado el aborto en Coahuila
Socorro Alonso
Saltillo, Coahuila, 8 de noviembre (SemMéxico). “Decidí practicarme un aborto. Acudí a la institución y hubo una negativa y recurrí a las colectivas, una de ellas fue la que me proporcionó el medicamento para realizar el proceso de aborto en casa”, cuenta Tere Meza. Su caso no es el único. Ángela, temerosa, preocupada y nerviosa llegó al Hospital General de Saltillo, que depende del gobierno del estado, y pidió la interrupción de su embarazo, la animó ser recibida amablemente, pero, después, sólo la conflictuaron y desistió del procedimiento.
Sol, firme y segura de su determinación ni siquiera pidió la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) al Hospital General de Saltillo, se lo practicó en solitario, pues al acompañar en procesos abortivos a otras mujeres. Sabía por experiencia que en el hospital las enfermeras las cuestionan, les piden copias y ecografías, entre otros papeleos, las citan para otra fecha, les niegan el acceso, o dicen que las van a llamar, cuando deben atenderlas en ese momento.
Todas son mujeres que buscan ejercer su derecho a la ILE, pero encuentran en los hospitales oficiales procesos que lo impiden, violentando su derecho a decidir y sus derechos humanos. En el sector privado se lucra con las mujeres solicitantes, y las que carecen de dinero optan por recurrir a las acompañantas y colectivas. Así se impide el acceso a la interrupción legal del embarazo de las coahuilenses, al que tienen derecho bajo el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre del 2021, que declaró, por unanimidad, inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Este criterio es obligatorio para todo los jueces y juezas del país.
Activistas y acompañantas responsabilizan al sistema gubernamental por las violencias que viven las mujeres y la carencia de medicamentos, de espacio y protección a su integridad, además de acompañamiento y apoyo emocional, entre otros aspectos.
En Torreón, las mujeres sólo pueden acudir al Hospital General para una interrupción de embarazo producto de una violación, bajo la NOM 046, pero ahí no te reciben para un ILE, aclara Katya. Laura denuncia que las autoridades de salud criminalizan a las mujeres solicitantes, pues “ha pasado que se da aviso al Ministerio Público, se le toman fotografías, incluso dan aviso a los medios de comunicación para sacar nota, mostrando los datos personales”.
Abel Garza de León, Jefe del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Coahuila, acepta que hubo casos de “una trabajadora social en Saltillo, un caso en Piedras Negras y dos casos en Torreón”, pero ya están capacitando al personal y “los ministerios públicos, hoy por hoy, saben que no está criminalizado ese acto”.
El funcionario señala que después del ordenamiento de la SCJN, desde septiembre del 2021, se abrieron seis áreas para el Programa de Aborto Seguro. En julio del 2022 se recortó 65 por ciento el presupuesto y se suspendieron, apenas 10 meses después de su apertura; sin embargo, habilitaron el Hospital de Torreón, en donde las colectivas aseguran que es sólo para atender casos de Interrupción Voluntaria del embarazo (IVE) por violación, bajo la norma 046; y el de la Colonia Morelos en Saltillo, para asistir las ILE.
Abel Garza asegura que la administración estatal hizo un esfuerzo y abrió cuatro centros de servicio: el Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras, el Hospital General de Monclova, el Centro de Salud de Abastos en Torreón y el Centro de Salud Morelos de Saltillo, y contrató cuatro médicos especialistas para responder a las solicitudes.
Para una Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el Centro de Salud de Abastos en Torreón: “es el único hospital que atiende a mujeres en la interrupción voluntaria, por la NOM 046”.
Garza de León señala que en el año 2022 se realizaron hasta 115 interrupciones y este año llevan entre 80 a 85 al mes, y es el estado con más interrupciones efectuadas por el servicio público.
Colectivas y acompañantas asumen la responsabilidad gubernamental
El fallo de la SCJN sobre el aborto en Coahuila es como si no existiera, y niega a las mujeres la posibilidad de pedir ayuda, apunta Tere Meza. Malú Reyes señaló que ante la inacción de la autoridad estatal recurrieron al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y “recientemente logramos ganar un amparo con el cual el programa de Aborto Seguro Coahuila y las instituciones a cargo están obligadas a dar atención de forma digna, segura y bajo el lineamiento técnico federal, a cualquier persona que desee abortar”.
Algunos grupos como Acompañantes Laguna informan que han realizado 300 interrupciones de enero a septiembre de 2023; la Red Aborto Seguro Saltillo, más de 900 en lo que va del año; Tere Meza, 90. Así, suman mil 290 en los primeros nueve meses del año, respecto a los mil 20 al año que realiza la Secretaría de Salud, y que supera por mucho al sumar la acción de todas las colectivas y las acompañantes.
“Llevamos un año y medio sin acceso legal al aborto en una institución porque no tienen recursos, porque no hay dinero para pagarle a la gente para dar servicio de la ILE, cuando ya debería ser parte integral de los servicios de salud”, expresa Meza.
Información, difusión, talleres, entrega de medicamentos, acompañamiento y búsqueda de espacios abortivos lo están haciendo las colectivas, no lo está haciendo el Estado, coinciden activistas, colectivas y acompañantas.
Abel Garza confirma que no tienen difusión de la interrupción legal del embarazo, porque “nosotros entendimos que el aborto seguro no lo vamos a discutir con la sociedad, porque nuestra chamba es atender a las pacientes que lleguen”, puntualiza.
Malú Reyna comenta que sólo la Red recibe 30 solicitudes al día, prueba de que “el gobierno no está haciendo su jale”, “estamos saturadas, cansadas, porque tenemos nuestros trabajos, profesiones o negocios y otras familias e hijos que atender”.
El aborto es ¿un derecho de las mujeres?
Katya y Sol son contundentes: el aborto es un tema de derechos humanos y de justicia social. Para este reportaje se solicitó entrevista, durante varias semanas, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, pero la respuesta de su asistente siempre fue la misma: está ocupado.
Machelly Flores Reyna, coordinadora del Comité de Género declaró que el aborto es un derecho al que todas las personas gestantes deben tener acceso: “quienes sufren de pobreza o de discriminación por etnicidad, o clase social, no van a poder tener los accesos que otras sí, entonces es una cuestión de derechos para todas”.
Al cumplirse dos años de haberse invalido dos partes de los artículos del Código Penal de Coahuila, la diputada Luz Elena Morales señala que la SCJN “no mandata ninguna reforma respecto a la Ley de Salud del Estado, simplemente al Código Penal, y tampoco mandata ninguna otra autoridad”, sólo habla de que ninguna mujer podía ir a la cárcel. Asimismo, exigió: “la Secretaría de Salud debe establecer programas de capacitación permanente para el personal y para que las mujeres conozcan los derechos reproductivos y cómo pueden acudir a una interrupción del embarazo”.
Laura Martínez Rivera, titular de la Unidad de Género del Congreso del Estado de Coahuila, coincidió con la diputada Morales, en que se armonicen las leyes locales para que se destinen recursos suficientes para atender la interrupción del embarazo.
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Hay doctores y doctoras que aprovechan el vacío del gobierno de Coahuila y están lucrando, señala Katya. En sus consultorios cobran entre 10 y 15 mil pesos por el medicamento, y sin guía de cómo llevarlo a cabo, las mujeres que se lo practican lo hacen con mucho estigma, porque las amenazan con cosas como “te va a castigar Dios”, pero si quieres págame 15 mil y lo hacemos de todas maneras. Malú dijo que las mujeres dan testimonios de que “les hacen el AMEU (Aspiración manual endouterina) en clínicas particulares pagando hasta 30 mil pesos, procedimiento al que nunca tendrían acceso mujeres sin solvencia económica”.
Respecto a la venta de medicamentos para la interrupción del embarazo, en varias farmacias se encontró el misoprostol a precios que van desde los 463 pesos en Farmacias Guadalajara a 766 pesos, en Farmacias del Ahorro. Esta última solicita receta ginecológica, mientras que las demás sólo receta de un médico general. Las encargadas de las farmacias entrevistadas señalaron que a mujeres de edad avanzada, así como a algunos hombres les venden el misoprostol, pero a mujeres jóvenes se los niegan. En cuanto a la mifepristona es más difícil conseguirla, y de hacerlo es cara.
Sandra Cardona, activista de Voces de Mujeres en Acción de Nuevo León, dijo que atienden a cerca de 700 personas al mes en la red, conformada por 21 personas, y han atendido a mujeres de Coahuila, y de otros estados del país e incluso a mujeres extranjeras. Al preguntarle sobre la seguridad de hacerlo en Nuevo León, donde el aborto es ilegal, nos señaló que: “apoyamos a las mujeres que desean una interrupción del embarazo, bajo la consigna de la SCJN de que no se puede criminalizar a ninguna mujer por abortar, ahora se puede levantar una denuncia, pero no va a llegar a juicio porque ningún juez en México puede criminalizar a una mujer por abortar, no importa el número de semanas”.
Adelantó que “más de 130 mujeres solicitarán amparos colectivos para que tengan acceso al aborto sin ningún problema en Nuevo León” y añadió que en los Hospitales Materno Infantil y Metropolitano los realizan bajo la NOM 046, y ya se logró un aborto por malformación, pese a que no está como causal, es un derecho humano de las mujeres.
***Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
