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IRMA PILAR ORTIZ
Conforme transcurre la 4T, nos damos cuenta que las ocurrencias, el imaginario, es lo que prevalece.
Al ver las consecuencias de sus decisiones, vemos cómo todos los mexicanos, sin excepción, pagan el costo de llevar al poder a un grupo de improvisados guiados por un mesías que, carentes de conocimientos y basados en la intuición, hoy dirigen un país.
Ejemplos sobran: la infiltración de la delincuencia organizada, que no sólo es el narcotráfico, en las esferas del poder político; las pésimas finanzas que debilitan a una empresa que fue exitosa como Pemex y que generaba riqueza para México; un sistema de salud decadente; qué decir del monstruo de mil cabezas que es la inseguridad pública con el crimen organizado y desorganizado.
Y, para acabarla, la gentrificación en la CDMX, propiciada por el discurso oficial en 2021, cuando se convocó a quien quisiera vivir en México a llegar a la capital del país, en donde podrían vivir con menos recursos económicos. Lo que hoy genera movilizaciones y la agresión contra quienes tienen cara de estadounidenses.
Todo resultado de una falta de planeación. Toman decisiones de gobierno con suposiciones, sin consultar a los expertos en cada tema, que en México hay muchos, pero fueron desplazados por los “compañeros” del movimiento que, parecen, van por la revancha para saciar su resentimiento social.
Es el mismo Inegi, que, si bien goza de autonomía, no deja de ser controlado por el Ejecutivo federal, el que nos dice lo mal que están las cosas.
Así, de acuerdo a estas mediciones que, por cierto, todavía no son deslegitimadas, nos damos cuenta que la estrategia de seguridad ha fracasado. Ahí está el caso de la profesora Irma Hernández, humillada, secuestrada y muerta en Veracruz; el control sobre la economía en municipios del sur del Estado de México; los asaltos y asesinatos de choferes de camiones que circulan en las carreteras y que bloquean las autopistas que comunican con la Ciudad de México, para exigir seguridad.
Podemos observar disturbios cotidianos, con bloqueos, quema de tiendas y vehículos, poncha llantas, desapariciones y violencia que desde el discurso oficial se han intentado normalizar y que evidencian la ausencia de una política de seguridad efectiva.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, el 63.2 por ciento de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad.
Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Culiacán, Sinaloa, con 90.8 por ciento; Ecatepec, Estado de México, 90.7; y Uruapan Michoacán, 89.5%, todas gobernadas por Morena.
Esto contrasta con otras ciudades donde el gobierno es de oposición como San Pedro Garza García, en Nuevo León, con MC a la cabeza; Piedras Negras y Saltillo, Coahuila, donde el PRI tiene el gobierno; y Benito Juárez en la Ciudad de México, donde el PAN lleva varios periodos gubernamentales, que son las ciudades en donde la población se siente más segura.
Todo esto no es casual, se explica por una estrategia de seguridad sin controles ni resultados, luego de que quitaron recursos a las policías estatales y municipales, desmantelaron el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) y centralizaron las decisiones.
Mientras, la indolencia de gobernadoras y gobernadores militantes de Morena es la constante. Se debilitó a las corporaciones policiacas, desapareció el trabajo de inteligencia así como la coordinación institucional. Prefirieron cerrar los ojos, voltear al otro lado y dejaron todo el trabajo al gobierno Federal.
En este momento, es más que bienvenido el llamado que hizo la Iglesia Católica en México para que se reconozcan las heridas abiertas que ha dejado la violencia en el país, tales como el aislamiento y el resquebrajamiento de la confianza entre las personas.
Urge que los gobiernos, autoridades, empresarios y la sociedad articulen una cultura del encuentro basada en la empatía y la solidaridad; que se reconozcan las heridas que hoy fragmentan el ámbito familiar y vecinal y se abran canales de diálogo con las voces locales que reclaman vivir en paz.
