IRMA PILAR ORTIZ
Inmersos en el escándalo que se desató en Tabasco ante las acusaciones contra el ex secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena y las constantes amenazas del presidente Trump, en México poco se voltea a ver qué está pasando en el sur, concretamente en Chiapas, donde los migrantes enfrentan un verdadero infierno, por la constante violación a sus derechos humanos. La indiferencia es la constante.
¡Y cómo no! Si el partido en el poder (Morena), el mismo que cobijó a Bermúdez, y el senador López Hernández están más preocupados por controlar la crisis y apelan a que otro escándalo, de preferencia con otros protagonistas, lleve al olvido este estruendo que empieza a comprobar que es cierto ese dicho de que “el poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”.
Por ello, es bueno que cuando menos se voltee a ver qué está pasando en la frontera con Guatemala, en donde bajó considerablemente la llegada de personas que buscan refugio y una mejor vida de la que tienen en su país, pero se siguen violentado sus derechos tanto por autoridades como por delincuentes.
De acuerdo a los instrumentos aprobados por los países que integran la ONU y la OEA, “los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales.
Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental”.
Sin embargo, esto en México no se cumple y podemos ver cómo los migrantes son víctimas de abusos físicos y mentales, trata de personas, explotación sexual, obligados a trabajos indignos.
Joselin Zamora Varga, en representación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., enumeró los problemas que enfrentan los migrantes: retención y deportación; pero, sobre todo, son presa del crimen organizado y al no tener una estancia regulada les dificulta cubrir sus necesidades básicas como vivienda digna, pues casi siempre viven hacinados.
Tapachula es una frontera hostil.
Los migrantes, aún con mano de obra calificada y o bien títulos profesionales, sólo consiguen trabajos en limpieza de espacios públicos, peluquería, albañilería y vendedores, porque carecen de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que otorga el gobierno de México y que los identifica como regulados. Y sus hijos, no pueden estudiar, con lo que pierden años de escolaridad.
Ante esta situación tan precaria para los extranjeros que llegaron a México sin documentos, cuando menos desde la Cámara de Diputados ya voltearon a ver esa problemática y fue la Comisión de Asuntos Migratorios, que encabeza la priista Marcela Guerra Castillo organizó la “Reunión de Reflexión sobre el Contexto Migratorio y de Asilo en la Frontera Sur de Chiapas”, porque las cifras más recientes muestran un panorama que exige atención coordinada e inmediata.
“Existen nuevos matices de racismo por color de piel, origen y xenofobia, lo que requiere de mucho trabajo tanto en lo legislativo como en lo social”, denunció la diputada Guerra, quien adelantó que buscaran cambiar las leyes para eliminar la figura de detención migratoria para niñas, niños y adolescentes, y revisar si son legales las detenciones arbitrarias en estaciones migratorias.
En efecto, urge construir leyes que en verdad le sirvan a la gente y que, en consecuencia, ayuden al cambio social.
La migración no regulada es uno de los mayores retos sociales y humanitarios, así como de gobernabilidad. México dejó de ser un país de origen, tránsito y retorno, ahora también es destino para miles de personas provenientes de Centro y Sudamérica, el Caribe, e incluso África y Asia, que huyen de la pobreza, el cambio climático, la falta de oportunidades o la violencia.
Aunque sea tarde, muy tarde, urge poner atención a la frontera sur. La indiferencia no puede ser la marca de las autoridades mexicanas, ni pretender que sea la sociedad civil la única que hace algo por los migrantes.