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Luis Martín González/ AMEXI
Ciudad de México, 30 de mayo (AMEXI). La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), implementó un plan de blindaje electoral que estará vigente hasta la conclusión de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación, así como los comicios locales en Durango y Veracruz. El objetivo: impedir que recursos públicos se utilicen con fines partidistas
Blindaje electoral incluye oficinas, vehículos y equipos institucionales
La estrategia de blindaje electoral contempla el cierre de oficinas gubernamentales, la restricción en el uso de vehículos oficiales y equipos de comunicación no prioritarios. La FGR aclaró que los servicios públicos y de emergencia continúan operando con normalidad.
El operativo involucra a diversas dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal, bajo los lineamientos de un Convenio de Colaboración interinstitucional. Este acuerdo busca prevenir delitos electorales, promover la participación ciudadana y garantizar la neutralidad del aparato gubernamental durante las campañas.
Capacitación masiva y guía de prevención
Desde los primeros meses del año, la Fiscalía Electoral impartió cursos como “Prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas”, disponibles en plataformas como: SICAVISP, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, MéxicoX, de la SEP, y Sistema educativo del TEPJF.
De enero a mayo de 2025, más de 15 mil 900 servidores públicos recibieron esta capacitación en distintos niveles de gobierno.
Además, desde abril se distribuyó una Guía de Blindaje Electoral que detalla las conductas indebidas que podrían constituir delitos. La difusión incluyó correos institucionales, papeles tapiz en equipos de cómputo y mensajes en los recibos de nómina del personal gubernamental.
Blindaje electoral con sellos en edificios y vehículos bajo resguardo federal
Como medida visible, los edificios públicos y el parque vehicular oficial recibieron sellos de inhabilitación. Con esto, se busca impedir su uso durante el periodo electoral, quedando bajo resguardo federal para evitar cualquier intento de desvío de recursos.
La FGR reafirmó que el blindaje electoral no afecta servicios esenciales, sino que se enfoca en cerrar las vías por las cuales los gobiernos podrían intervenir indebidamente en el proceso electoral.
