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IRMA PILAR ORTIZ
Acabar con la extorsión. Suena bien y es un buen deseo.
Pero primero tienen que acabar con la simbiosis entre delincuentes y el poder político.
Acabar con la extorsión que ejercen los jefes policiacos sobre los policías de a pie, los que, sin grandes recursos, se enfrentan a delincuentes “armados hasta los dientes” y, por otro lado, los de cuello blanco, como son los cobijados por los políticos, como es el caso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y el reciente caso del delincuente Edgar Rodríguez, apodado “El Limones”, calificado como el extorsionador mayor en Durango y Coahuila, que ahora es desconocido por la dirigencia nacional, encabezada por el diputado Pedro Haces.
Ese es el verdadero origen de la extorsión en México. Por más que quieran decir que se trata de delincuentes que se atreven a extorsionar, lo peligroso es la protección que reciben desde los más altos círculos del poder.
¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a enfrentarse a los políticos que ostentan un poder infinito?, como es el caso del diputado Haces Barba, quien presume de su cercanía con Ricardo Monreal, el ex presidente Andrés Manuel y hasta con la presidenta Sheinbaum, quien hace meses afirmó que la fortuna del líder sindical y empresario taurino es producto del trabajo de la familia.
Lo preocupante es que cada día, en México, 31 personas son extorsionadas. Empresarios, comerciantes y ciudadanos son víctima de este delito que se calcula ha tenido un crecimiento exacerbado en los últimos años, pero se carece de cifras reales sobre este flagelo, ya que el 97 por ciento de las víctimas no denuncian, producto de la desconfianza hacia las autoridades o bien porque son amenazados.
En una aproximación, se calcula que las pérdidas anuales superan los 26 mil millones de pesos, lo que en el caso de los negocios se convierte en un lastre que detiene el crecimiento de sus negocios, sobre todo en el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero.
Un primer paso se dio al modificar la ley contra la extorsión para armonizar leyes y crear unidades especializadas para su atención, además de fortalecer el sistema de denuncia anónima a través del número telefónico 089, lo cual es suficiente, en el papel, para que se abra una investigación, sin necesidad de que una persona presente la denuncia, la ratifique y todo ese engorro.
Se endurecieron las penas, las cuales pueden ir de 15 a 25 años de prisión para civiles y hasta 42 años si participan funcionarios públicos.
Sin embargo, como señaló el diputado César Damián Retes del PAN, este delito es tan grave y de poco sirve tener la ley perfecta si no se ejecuta; se necesita voluntad para que se erradique la extorsión y esto significa dotar de presupuesto, inteligencia, capacitación y preparación de municipios, estados y Federación y la obligación de los tres órdenes de gobierno a actuar coordinadamente.
Es para festejar que, a través de las leyes, se pretenda proteger la integridad, tranquilidad y patrimonio de las y los ciudadanos, ahora viene su aplicación en la cotidianidad y que no sean sólo discursos que enarbolen un supuesto compromiso para combatirlo.
En el papel con esta Ley General se armonizan marcos legales, se unifican tipos penales, se combate la impunidad, se crea una política uniforme de investigación y sanción y se establecen medidas operativas, se tendrán protocolos de protección a las víctimas, procedimientos claros para la intervención de comunicación.
Más allá de leyes nuevas, se requiere una purga en los cuerpos policiacos y acotar el poder que se adjudicaron algunos políticos que con la llegada de la 4T y antes con el PRI y PAN, se volvieron intocables y un ente de impunidad.
