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GLORIA ANALCO
Está armado todo el procedimiento, únicamente falta hacerlo oficial en la propia Cámara de Diputados, y lo echarán a andar -de ser preciso- en un “dos por tres”.
Los diputados de la alianza “Juntos Haremos Historia”, se han tomado muy en serio el mandato que recibieron de la ciudadanía en las urnas, y no han dado descanso a todas las alternativas que su mayoría calificada en el Congreso de la Unión les garantiza para hacerlo efectivo.
Son históricos los excesivos bajos niveles en los que ha andado la administración de la justicia en México, y ya hay un clamor en la sociedad para parar esa tendencia muy marcada, al grado de que abundan en las redes sociales los memes que piden la cabeza de la ministra presidente de la Corte, Norma Piña.
El colmo de su ineptitud fue que la ministra Piña decidió este jueves dar trámite a una petición de magistrados y ministros para que sea la propia Corte la que frene la reforma al Poder Judicial de la Federación, aun cuando no tiene facultades legales para ello.
Y eso fue lo que derramó el vaso de la paciencia de los integrantes del Poder Legislativo, que se aprestan a dar pasos -que serían históricos- en contra de quien está pasando por encima de los procedimientos legales, justamente quien debería velar por ellos.
La Cuarta Transformación ya encontró los errores legales de Norma Piña, desde que se enfrascó en una lucha “imperdonable” contra la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial -en vez de sumarse y en conjunto acordar lo mejor para ese poder- y hasta que inició su procedimiento en la Cámara de Diputados, y los hechos subsecuentes en la Cámara de Senadores, donde también se alistan para apoyar un juicio político en su contra.
Aún más notable resulta que cualquier fallo de la Corte en los últimos tiempos está caracterizado por un mal manejo en la interpretación de las leyes, dejando una estela de evidencias sobre el grave delito de violar repetidamente la Constitución, lo cual supone para los ministros juicio político, como constitucionalmente está establecido.
Ya se llegó al grado de que el Legislativo debe poner un alto a este exceso de atribuciones y autoritarismo desde el poder judicial, lo cual podría confluir en su sustitución, hacia aquellos o aquellas que favorecen tales medidas y decisiones.
El talón de Aquiles de Piña ocurrió cuando la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), solicitó a la ministra presidente de la Corte que intervenga directamente y detenga la reforma al Poder Judicial, “de una vez por todas”, y ella decidió aventurarse por este resbaladizo trámite y acceder a la petición.
El argumento de la JUFED fue que el Poder Judicial debe defender la independencia de ese organismo, dando por hecho que eso es así actualmente sin poseer pruebas, lo cual sin duda lleva responsabilidades legales, de las cuales ya se ha hecho cargo la propia Cámara de Diputados con la Constitución en una mano y el trámite de juicio político en la otra.
Piña, entonces, peregrinamente comparte con los otros ministros de la Corte, con quienes abre esta consulta para proceder a la suspensión de una reforma constitucional, un hecho inédito, considerado por los diputados “un exceso y abuso total”, ya que se estaría tratando de imponer a otro poder constitucional.
Algunos diputados han dicho que si esto llega a “un extremo máximo”, no quedará más remedio que, como lo hizo Ernesto Zedillo, pueden removerse a todos los ministros de la corte, ahora que también cuentan con mayoría calificada como el expresidente en aquel entonces.
“No hay marcha atrás a la reforma al Poder Judicial, y hay muchos caminos para asegurarla”, aseveró el diputado consultado por esta columnista.
Es un hecho, observado por todos, que la administración de justicia presenta dificultades considerables, empezando por la impunidad con que se cometen delitos de toda clase, y, encima, quienes deben resolver estos problemas se presentan como personas inmaculadas, y, definitivamente, en su mayoría no los son.
