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MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
“Dígame de qué lado de la ley me pongo, abogado Fernando Antonio Lozano Gracia”, respondí al entonces poderoso procurador General de la República.
Lozano Gracia pretendía desmentir la información que en esos tiempos publicaba en el naciente diario La Crónica de Hoy, relativa a los casos Colosio y Ruiz Massieu, amén del uso de recursos públicos para gastos personales, fabricación de pruebas y el pago de testigos a modo.
En esos días, Andrés Manuel López Obrador, era cliente de primera fila de La Crónica, como dirigente nacional del PRD; luego en su calidad de jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El equipo encabezado por Pablo Hiriart no calló como momias.
Y hete aquí la consecuencia del poder que se permitió amasar a López Obrador a partir de la estructura del Partido de la Revolución Democrática, en cuya dirigencia sucedió a Porfirio Muñoz Ledo el viernes 2 de agosto de 1996.
El uso y abuso del poder; Muñoz Ledo lo reseñó puntualmente.
Sí, una historia de traiciones y deslealtades como lo ha citado Jesús Zambrano Grijalva cuando se refiere a Andrés Manuel con un dejo de culpabilidad.
Porque con preeminencia, López Obrador operó el desmantelamiento del partido e impuso su decisión de ocupar indefinidamente el Paseo de la Reforma en protesta por la derrota de 2006.
La terca historia.
El tema del abuso del poder tiene un perverso ejemplo con la tragicomedia armada entre Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla con una pléyade espectacular de cómplices que incluía hasta a la vidente Francisca “La Paca” Zetina para incriminar a Raúl Salinas de Gortari en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
En aquellos días del tormentoso cobro de facturas desde el gobierno de Ernesto Zedillo contra su antecesor Carlos Salinas de Gortari, el entonces procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, usó todo el poder del Estado para atender la obsesión presidencial de cobrar factura.
Con expedientes judiciales que conservo, armé la historia que en dos años tejieron los aprendices de brujo para inventar pruebas y encarcelar a inocentes, en un singular cruzada justiciera que se derrumbó estrepitosamente y provocó que el lunes 2 de diciembre de 1996 Lozano Gracia fuese despedido del cargo en audiencia presidencial en Los Pinos.
Había contado con todo el peso del Estado y lo desperdició.
Sí, de los abusos del poder y el uso de recursos públicos para gastos personales y hasta familiares, en su gestión, publiqué en La Crónica.
Por supuesto, la reacción de Lozano Gracia fue un desmentido en el que me acusaba de servir a intereses políticos, además de que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo lo había exonerado de toda responsabilidad.
“Mi obligación como reportero, abogado Fernando Antonio Lozano Gracia, es dar a conocer información de interés público y más cuando se trata de actos de corrupción. No hacerlo me haría cómplice; así que, dígame, abogado Lozano Gracia, de qué lado de la ley me pongo”, le respondí, palabras más, palabras menos.
Hoy estamos frente a ese uso y abuso del poder del Estado para destruir reputaciones y desbarrancar carreras políticas, lo que ha sido parte de la liturgia sexenal en México. ¿Por qué soslayarlo y hasta justificarlo?
El licenciado presidente podrá aducir, como lo ha hecho en otros momentos, que esa praxis es herencia del pasado y que los neoliberales usaron esa fuerza para cerrarle el paso en la sucesión presidencial de 2006, cuando fue desaforado por la Cámara de Diputados y luego perdonado por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.
Dice que está del lado de la ley.
Pero…
Lo evidente y ofensivo al sentido común del ciudadano, es la violación de leyes para descalificar a Xóchitl Gálvez, contra quien aparecieron matraqueros y oficiosos detractores que bien podrían considerarse parte de esa pléyade gatillera que dispara contra la ingeniera, cuando hasta hace poco la ensalzaban como prototipo de política echada para adelante.
Y en esa tarea ha colaborado el Instituto Nacional Electoral que tardó en notificar a la oficina del licenciado presidente que debe abstenerse de hablar de asuntos electorales y, sobre todo, de mencionar a la senadora Xóchitl Gálvez.
“Bueno –dijo ayer el licenciado presidente–, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso de los organismos electorales, nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones”.
¡Nooo!, Andrés Manuel I miente y engaña a quienes se dejan engañar y sueñan con el México Feliz prometido en el símil de las aguas cenagosas de la antigua estación ferrocarrilera de Espinazo, Durango, por el Santo Niño Fidencio.
Expresamente, él, como depositario del Poder Ejecutivo tiene prohibido involucrarse en temas electorales. No se trata de derecho de réplica, por cierto el mismo que le negó a la senadora Gálvez Ruiz.
Además, un punto toral y de suyo grave, es el uso de información fiscal privada.
Que no nos venga con eso de que le entregaron información de las empresas de la ingeniera. ¿Quién le entregó esa información que sólo está en poder de Hacienda y del SAT?
¿De qué lado de la ley está López Obrador?
No hay más: en abuso del poder que le fue conferido en las urnas y del que es depositario desde el sábado 1 de diciembre de 2018, ordenó al secretario de Hacienda y al responsable del SAT la entrega de información privilegiada para descalificar a una ciudadana y prácticamente ponerla bajo sospecha de negocios ilegales.
Y, en especial, dígame si no es para encabronarse, pone en riesgo a la seguridad e integridad física de la senadora cuando la acusa del delito de ser exitosa porque sus empresas han hecho negocios, en los últimos 9 años por mil 400 millones de pesos.
Es mentira. Busca dejar la impresión de que la senadora es deshonesta.
¡Recáspita, Drakko!
No, no es que el INE y el Tribunal Electoral quieran atarlo y callarlo. Es que miente y manipula, es ejemplo de lo que acusa. Lea usted:
“Pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar, y nada más ellos hablando y hablando y hablando, y mintiendo, mintiendo, mintiendo, y calumniando, calumniando, calumniando, en la radio, en la televisión, en los periódicos de manera mayoritaria, como no sucedía en más de un siglo en nuestro país. En ese sentido, es un retroceso”.
En serio, no se ría, lo dijo Su Alteza Serenísima sin rubor alguno.
Pero hay más.
–La senadora ya se pronunció respecto a este mismo tema y lo acusa de usar prácticamente todo el aparato del Estado para investigarla, y advierte que procederá legalmente”—le recordó el reportero Armando Gama.
–Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público—justificó el licenciado López Obrador.
O sea, viola las leyes porque, dice, “la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador, y son como los vasallos los medios de manipulación en nuestro país con honrosas excepciones. ¿Qué es lo que hacen? Obedecer y callar”.
¿Y?
Cualquiera que se ponga rejego con la 4T y ose retar al licenciado presidente, al grito de ¡que todo México se entere!, se sabrá cuánto gana, cuánto gasta y… ¡Chingose! Digo.
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