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IRMA PILAR ORTIZ
Vamos bien y vamos a ir mejor. Buena frase, que carece de fondo. Similar a “sí, pero no”; “al rato”; “después”; “puede ser” y muchos más.
Afirma el oficialismo que este primer año del gobierno de Sheiunbaum ha sido un éxito. Pero la realidad es otra y se presenta no sólo con frases propagandísticas, sino con los números que van en el Paquete Económico 2026 que este lunes entregará el secretario de Hacienda, Edgar Amador a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
De acuerdo al analista, el economista Mario di Costanzo, el año próximo, México pagará 1.2 billones de pesos sólo por intereses de la deuda externa e interna, que es más del doble de los recursos que van a la pensión para adultos mayores.
Por su parte, el fallido Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá un subsidio de casi mil millones de pesos. Parece que se trata de dilapidar recursos públicos, ¿pero de dónde saldrán?, pues de los impuestos que pagamos todos, sin distinción.
En 2026, el impuesto a la gasolina Magna será de 6.70 por litro, mientras que al Diésel será de 7.35 pesos por litro. Y por los refrescos, se pagarán 1.90 pesos de impuesto por cada litro.
Hay más: para el 2026 se destinarán entre 46 mil y 48 mil millones de pesos al FOBAPROA, que es más de lo que irá a los hospitales General, Infantil y Juárez, así como a los institutos de Cancerología, Cardiología y Pediatría, juntos.
Son cifras de terror, que nos dicen cómo estará el 2026 y que echan a tierra el “vamos bien” y nos anticipan que la situación económica de muchas familias mexicanas no estará mejor, con todo lo que esto significa en materia de bienestar, seguridad, alimentación y salud.
Y aquí valdría recordar la propuesta del diputado Rubén Moreira: que se suspenda definitivamente el pago del FOBAPROA. Eso vendría bien.
Así, la realidad se sigue asomando.
Además del Paquete Económico 2026 que nos muestra sin maquillaje ni dogmas lo que será el año próximo, hay otros elementos que también influirán en la realidad.
Están las 50 barreras comerciales y no comerciales que detectó el gobierno de Estados Unidos y que están ligadas a las reformas constitucionales que ha hecho la 4T desde que llegó al poder en busca de borrar todas las leyes que para ellos respondían a la época neoliberal.
Con su ficticia mayoría legislativa, los diputados y senadores de Morena impusieron y aprobaron cambios a leyes sobre electricidad, petróleo, telecomunicaciones y minería,entre otras, sin hacer el mayor análisis ni profundizar en los pros y contra que tendrían las propuestas que envío al Congreso de la Unión el entonces presidente López Obrador.
AMLO se dedicó a proponer leyes que se le ocurrían, porque, a su entender, despojaban a los mexicanos de los beneficios que generaría la CFE y Pemex, sin entender que ese andamiaje jurídico estaba acorde con la competencia económica internacional, de la que México forma parte.
Ahora, con el feroz presidente de Estados Unidos que se alista a revisar el TMEC viene otra prueba de alto rendimiento, porque ya planteó que se tendrán que revisar la política energética que favorece a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, obstáculos regulatorios en agricultura como los granos genéticamente modificados, salud, servicios financieros, telecomunicaciones y propiedad intelectual.
Incluso, revisan la desaparición del INAI y del IFETEL, porque esos organismos surgieron para evitar la intromisión del gobierno en turno y dañar las millonarias inversiones a corto y largo plazo procedentes de Estados Unidos y Canadá.
El mismo Marco Rubio, el secretario de Estado de E.U., señaló la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales para fomentar la prosperidad de ambas naciones. Y se lo dijo a la presidenta Sheinbaum, que encomendó a Marcelo Ebrard revisar este tema.
Vamos bien y vamos a ir mejor, ojalá, aunque la realidad parece otra.
