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RUBÉN MOREIRA VALDEZ
Es una mala idea buscar en el derecho penal todas las respuestas a los problemas sociales. Los fenómenos que se presentan en una sociedad tan compleja como la nuestra merecen la reflexión y el intento de solución desde alternativas que no utilicen la cancelación extrema de la libertad, o generen distorsiones que profundicen lo que se quiere combatir y originen dificultades para la sociedad.
Nadie puede defender las adicciones, mucho menos cuando se trata de alguna con probados daños a la salud. Solo hay un dudoso argumento para escapar a la crítica: la libertad de hacer con el cuerpo lo que a uno le plazca. Hay circunstancias que afectan al colectivo y que debilitan la decisión personal como un justificante para envenenarse consumiendo sustancias naturales o artificiales.
Si alguien tiene la feliz idea de escaparse con frecuencia de las amarguras del mundo bebiendo o fumando productos que lo transportan a realidades alternas debe cerciorarse de tener dinero para pagar su futuro tratamiento o los estropicios que pueda causar por algún accidente. Algo parecido sucede con aquellos que, chupando un pitillo o un vape, recrean en su inconsciente algunos de los placeres, recuerdos o manías que describió Freud.
Hace unos días en las cámaras de Diputados y Senadores, los legisladores de Morena votaron normas criminales para tratar de controlar el vapeo. La redacción del tipo penal quedó pésima; al texto original se le hicieron algunos parches que agudizaron su ambigüedad y poco tino.
Más allá de la mala factura que caracteriza las iniciativas que se promueven desde el régimen y que, sin pudor, son aprobadas por los legisladores de Morena, hay otras variables que es importante discutir, entre ellas los efectos que causa el prohibicionismo en sociedades como la nuestra y la posibilidad que, como se dice de manera coloquial, “salga peor el remedio que el problema”.
El experimentado periodista Óscar Balderas en su cuenta de X señala: “La prohibición de vapeadores hace más ricos a los cárteles, desprotege la salud de los usuarios (la gente seguirá vapeando), crea incentivos para la corrupción policiaca y abre nuevas vías de reclutamiento forzado contra adolescentes.”
El investigador Miguel Alfonso Mesa en referencia al texto Humo, vapeo y poder, de Balderas, nos dice: “La prohibición de vapeadores le regaló un negocio de 20,000 millones de pesos anuales al crimen organizado”.
Hay muchos ejemplos de errores cometidos por usar la prohibición como un recurso para detener malas prácticas, y parece que nos encaminamos a otro fracaso. Enfrentar la emergencia sanitaria que se genera con el vapeo exige de políticas públicas contra las adicciones y no de convertir a quien practica esta actividad en un delincuente.
El texto de Óscar Balderas puede ser consultado en la página defensorxs.com
