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JUAN CHÁVEZ
El otro poder, el Legislativo, ya aprobó con su mayoría morenista, la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
El pleito Ejecutivo-Judicial salió a la calle, pero los paros de los trabajadores del Poder Judicial no consiguieron evitar que los diputados de Morena, ayer martes, le dieran en la madre a sus fideicomisos por valor de más de 15 mil millones de pesos.
Ya sin los fideicomisos, el pleito se dirimirá en las urnas en junio de 2024, pues para transformar el Poder Judicial, como lo pretende el presidente López, se requiere una reforma constitucional que solo prosperará con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado.
Por lo pronto, los más de 50 mil trabajadores de la Corte, la Judicatura y el Tribunal Electoral, ya bailaron la carioca.
Y el autoritario inquilino de Palacio consiguió un buen golpe en sus afanes por aniquilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De cualquier forma, al presidente se le salió de control el pleito con el Poder Judicial.
La iniciativa para eliminar los fideicomisos y el recorte en el presupuesto del Poder Judicial se trata claramente de un castigo por no sujetarse a los criterios del Poder Ejecutivo.
Ya fueron dos días en los que los trabajadores del Poder Judicial hicieron movilizaciones en diversas ciudades del país, sobre todo en la Ciudad de México, para reclamar la eventual eliminación de los fideicomisos que consideran que podrían afectar sus condiciones laborales o de retiro.
La posición oficial hasta ahora ha sido desestimarlas, pues consideran que han sido promovidas desde la propia Corte.
Uno puede estar de acuerdo o no con las condiciones de trabajo que existen en el Poder Judicial, pero los trabajadores están peleando por los derechos que tienen hasta ahora.
La apuesta del Poder Legislativo y del Ejecutivo es que cuando los trabajadores se enfrenten a los hechos consumados, no tendrán más remedio que aceptar los cambios.
Quizás no habían dimensionado la reacción del sindicato y de diversos grupos de trabajadores al enterarse de la posible pérdida de condiciones de trabajo.
Un pleito con la mayoría de los ministros de la Corte lo convirtieron en otro con el Poder Judicial, y creo que en ello hubo un claro error de cálculo.
Tenga usted la certeza de que si la composición de la Corte fuera otra y hubiera un Pleno que fuera aquiescente con la visión del Ejecutivo, no se hubiera presentado ni la iniciativa para eliminar los fideicomisos ni tampoco se pretendería un recorte en el Presupuesto del Poder Judicial.
Se trata claramente de un castigo por no sujetarse a los criterios del Poder Ejecutivo.
La extinción de los fideicomisos es violatoria del artículo 123 en sus fracciones IV y XI del apartado B en la parte de la composición del salario, y de los artículos 14 y 16 en lo tocante a las pensiones.
AMLO anticipó desde el viernes pasado que seguramente, de hacerse efectiva esta medida, se emprenderían acciones de inconstitucionalidad por parte de los legisladores.
Estas acciones, a diferencia de los amparos promovidos por personas en lo individual, llegarían directamente a la Corte.
Es factible que si el ministro en turno que reciba el caso considera que debe declararse la suspensión de la legislación impugnada en tanto se resuelve su constitucionalidad o no, impediría que se hiciera efectiva su aplicación.
No hay duda de que el presidente fortalecería su narrativa contra la Corte, si ésta llega a dar entrada a las impugnaciones que los trabajadores harán patentes por a la extinción de los fideicomisos o posteriormente la reducción del presupuesto.
En esa tesitura, así como hubo el año pasado y en los primeros meses de este año movilizaciones masivas para defender al INE y a la Corte, probablemente se requeriría que nuevamente tuvieran lugar para poder cambiar las ecuaciones del poder y mostrar que a la población le interesa un Poder Judicial independiente que cuente con las condiciones de trabajo necesarias para su buen desempeño.
Claro que debería haber una exigencia mayor por parte de la sociedad para el conjunto del Poder Judicial. Se vislumbran toma de las calles en todo el país por ese golpe del presidente y Morena al Poder Judicial.
El ataque presidencial al Poder Judicial es claro. Al autoritario de Palacio le incomoda la autonomía del Poder Judicial.
Y la sociedad entera deberá responder. El Poder Judicial no se toca y si la sociedad no lo defiende, no se evitará la dictadura de don Andrés.
