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JUAN CHÁVEZ. Fue México, con AMLO a la cabeza, el que promovió la no desaparición del TLCAN, cuando Donald Trump, en su presidencia, pedía a gritos echarlo por tierra.
López Obrador planteó la necesidad revisarlo a fondo y modificarlo y así nació lo que hoy es el
T-MEC, el nuevo tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá que no resultó un chaleco a la medida para la política energética del mandatario que desde 2018 vislumbraba para fortalecer a las paraestatales Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Ahora se dice que Joe Biden ha tenido la prudencia de no ‘comprar’ el discurso confrontador de López Obrador, consciente de que incendiaría la elección mexicana de 2024.
Cuando en 2017 el presidente Donald Trump amenazó a México con cancelar el entonces vigente TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), México inició de inmediato una primera ronda de negociaciones para renovarlo, actualizarlo y hacerlo –a los ojos de la administración americana– más efectivo y respetuoso con los trabajadores estadounidenses.
Muchos eran los temas, desde el transporte, los derechos de autor, la inexistencia de un capítulo que incluyera el comercio electrónico y otros más. Uno de los centrales fue el delicado e inequitativo –para Canadá y Estados Unidos– tema laboral.
Los salarios que se pagan en México son muy inferiores a los que reciben los trabajadores de nuestros socios, así que la central obrera más importante (AFL-CIO) utilizó este argumento para cumplir el viejo sueño de extenderse hacia las numerosas y poderosas centrales sindicales mexicanas. En 25 años, a pesar de varios esfuerzos, ha fracasado. La renegociación del acuerdo presentaba una oportunidad valiosa.
Otro capítulo fundamental era el energético. La generación mediante múltiples fuentes de energía, que permitiera, como hacía la reforma de la administración anterior, la participación abierta y regulada. Hoy se pretende olvidar esa condición de capitales extranjeros en el petróleo, el gas, la electricidad, la eólica e incluso la fotovoltaíca.
El nuevo gobierno de López Obrador, a punto de asumir la responsabilidad, no modificó al equipo negociador, lo dejó en las mismas manos, y sólo agregó a Jesús Seade en calidad de observador y su representante.
La petición del entonces presidente electo era proteger la industria energética, y para tal efecto se redactó un complejo capítulo 8 que, en los hechos, no entró al documento final firmado por los tres jefes de gobierno y ratificado por sus respectivos congresos y parlamento.
Tanto Robert Lighthizer, negociador del gobierno estadounidense, como Pete Navarro, representante comercial de la Casa Blanca, rechazaron el señalado capítulo, calificándolo de contrario a los principios del libre comercio.
Las negociaciones se detuvieron por semanas buscando una solución, que finalmente concluyó en dos párrafos de menos de 150 palabras después del capítulo 8, donde se establece que México mantiene la soberanía plena de su industria energética y que puede, en cualquier momento, cambiar su Constitución en esa materia.
Así de simple. AMLO les introdujo una pequeña cláusula donde adelantaba, desde 2018, la plena intención de cambiar la ley en materia energética en México.
La cláusula en cuestión ni siquiera menciona la industria eléctrica que, por cierto, es la que hoy ocupa el centro del debate y de la disputa.
AMLO tenía claro entonces, hoy es más que evidente, que modificaría las condiciones sobre las cuales capitales y empresas internacionales participaban en la industria de generación y suministro de electricidad en México.
Lo cierto es que hoy, si bien se considera blindado por ese minúsculo párrafo, sí existen condiciones de ruptura e incumplimiento del TMEC.
Estados Unidos y Canadá ya han anunciado que recurrirán a los paneles de controversia y Corte respectivas, pero es un conflicto largamente adelantado por expertos y analistas.
López Obrador sigue ‘estirando la liga’ de la relación bilateral para que sirva a su discurso nacionalista y patriotero: “por seguridad nacional, declaramos…”; “debido a la intervención de Estados Unidos, el Tren Maya es considerado de seguridad nacional”.
El uso cada vez más frecuente de un lenguaje de confrontación, así como la cita recurrente de la ‘intervención’ americana, incendian los ánimos morenistas rumbo a una elección complicada y muy competitiva.
López Obrador se valdrá de todos los instrumentos a su alcance para radicalizar su discurso, en aras de convencer a sus electores de que nuestro vecino y aliado representa un riesgo para México.
Ya se ha trasminado la posibilidad de que México abandonaría el T-MEC… si Estados Unidos y Canadá siguen en su postura de consultas, antes de lleva a panales la oposición del gobierno lopista a tales consultas de la política energética de la 4T que viola el Tratado.
