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JUAN CHÁVEZ
El poder es el poder. Y también “los carajazos” contra los contrarios.
Ya la «Supremacía constitucional» está en marcha y tira siete controversias contra la Reforma Judicial; fueron controversias presentadas por congresos, poderes judiciales estatales y hasta un exgobernador panista.
La Corte que tiene que acatar tal “supremacía”, se despachó con la cuchara grande y las desechó.
Eso es lo que le corresponde ahora. Es el “segundo piso” de la cuarta transformación que sigue operando López Obrador, ahora desde su finca La Chingada en Palenque, donde se encuentra desde el pasado mes de octubre.
Ya no importó siquiera que la Reforma Judicial haya provocado manifestaciones a nivel internacional.
La presidenta Sheinbaum criticó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiese mostrado tanto “interés” y “rapidez” en la reforma judicial, que se despachó también en una audiencia de los integrantes de la CIDH que cuestionaron ayer martes al Estado mexicano por el contenido de la reforma al Poder Judicial expresando su preocupación sobre si garantizará efectivamente la independencia judicial en el país.
La audiencia ante el órgano autónomo la Organización de Estados Americanos, los jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial mexicano expusieron las afectaciones que la reforma judicial puede ocasionar, a lo que miembros de la CIDH respondieron con preocupación.
“Parece que hay consenso en que es necesario reformar el sistema de justicia, no sólo el Poder Judicial. Pero este proceso debe fortalecer la independencia, la imparcialidad y la eficacia”, cuestionó Roberta Clarke, comisionada presidenta de la CIDH.
Pero ya no viene tanto pataleo al caso: son lamentaciones después de la muerte.
De esa suerte el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aplicó por primera vez la reforma constitucional sobre «supremacía constitucional» para desechar siete controversias contra la Reforma Judicial.
Con los cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución, está prohibido presentar controversias, acciones y juicios de amparo en casos de impugnaciones contra la Carta Magna.
«De la revisión de la demanda y sus anexos, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia, debido a que el decreto impugnado no puede ser materia de este medio de control constitucional, al versar sobre reformas y adiciones a la Constitución federal», dijo Alcántara.
Carrancá desechó controversias presentadas por los poderes judiciales de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. También las de los congresos de Chihuahua y Jalisco.
La séptima controversia desechada fue la que presentó Diego Sinhué Rodríguez antes de dejar el cargo de gobernador de Guanajuato.
Los jueces y magistrados habían acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar “lesiva” la reforma constitucional, en un intento por frenarla o “matizarla”.
