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JUAN CHÁVEZ
Las cosas para quienes pensamos que justicia y libertad son los pilares de la democracia, resulta decepcionante la postura asumida por la Suprema Corte de Justicia de la presidenta ministra Norma Piña.
El pleno de los 11 ministros ha aprobado reducir el sueldo a más de 350 funcionarios de alto nivel, incluidos los ministros, y ganar menos que la presidenta Sheinbaum
Dijeron los ministros que así lo impone la reforma judicial.
Lo grave, sin embargo, es que los 11 ministros se hayan sumado al proyecto de López Obrador de reducir el pleno de la Corte de 11 ministros a 9, en agosto de 2025.
¡Estamos fritos!
Más con la “supremacía constitucional”, aprobado ya por el Senado y que pasará a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, y que borra el amparo de la justicia de la ciudadanía mexicana.
La verdadera supremacía constitucional no reside en volver ‘inimpugnables’ las decisiones del Poder Reformador (Constituyente) de la Constitución, sino en someterlas a los mecanismos de control previstos en ella. Lo que busca la reforma que quiere aprobar ahora la coalición morenista, a pesar de su nombre, es exactamente lo contrario: convertir al Poder Reformador en una instancia omnipotente e infalible, que se ubique enteramente por encima de la Constitución y que pueda hacer, literal, lo que se le pegue la gana y sin que nadie tenga capacidad de controvertirlo. La propuesta del senador Adán Augusto López es, en definitiva, una reforma para la anti supremacía constitucional.
Si bien es cierto que hasta este momento en México ha prevalecido una ambigüedad respecto a la posibilidad de juzgar la constitucionalidad de las reformas constitucionales (pues existen precedentes en ambos sentidos), los autores del Amicus se decantan abiertamente porque la Suprema Corte admita los recursos contra la reforma al Poder Judicial y los resuelva adoptando una doctrina de control tanto en lo procedimental como en lo sustantivo. Desde su perspectiva, sí existen vías procesales para desarrollar esa doctrina, entre las que se cuentan las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el juicio de amparo.
La verdadera supremacía constitucional no reside en volver ”inimpugnables” las decisiones del Poder Reformador de la Constitución, sino en someterlas a los mecanismos de control previstos en ella.
Lo que busca la reforma que quiere aprobar ahora la coalición obradorista, a pesar de su nombre, es exactamente lo contrario: convertir al Poder Reformador en una instancia omnipotente e infalible, que se ubique enteramente por encima de la Constitución y que pueda hacer, literal, lo que se le pegue la gana y sin que nadie tenga capacidad de controvertirlo.
El estado de derecho se ha debilitado en México al grado que, a nivel regional, ocupa la posición 28, solo por arriba de naciones como Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela.
México cayó dos posiciones en el Índice Global de Estado de Derecho 2024 del Proyecto de Justicia Mundial (WJP) , publicado este miércoles, al pasar de la posición 116 a la 118, de 142 naciones.
El estado de derecho del país se debilitó, al igual que en la mayoría de los países, pues 57% de las naciones evaluadas retrocedieron de posición.
La puntuación global de México en materia de Estado de Derecho disminuyó menos de 1% en la edición de este 2024, pero fue suficiente para descender en el ranking.
A nivel regional, México ocupa el puesto 28 de los 32 países de América Latina y el Caribe, solo por arriba de naciones como Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela.
El país con la mejor puntuación de la región fue Uruguay (con el puesto 24 de 142 a nivel mundial), seguido de Costa Rica y Barbados.
