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JUAN CHÁVEZ
Hay rezago de la educación en México que se une al desbasto de medicinas y a la inseguridad imperante en todo el país.
El 60 por ciento de la población se siente insegura en la comunidad donde asienta su vida y la de su familia.
En 2024, poco más de 24 millones de personas vivían con carencia por rezago educativo, lo que equivale al 24.2% de la población total. Esta cifra refleja una proporción similar a la registrada en años previos. Pero en 2025 se mantuvo igual.
La carencia por rezago educativo continúa siendo una de las principales problemáticas sociales en México y la que arroja más población a la pobreza.
Las cifras son del Inegi.
Aunque el indicador muestra una ligera disminución frente a 2022, el nivel sigue siendo elevado y evidencia la persistencia de desigualdades estructurales en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
La evolución del rezago educativo en los últimos años revela una tendencia casi de estancamiento; en términos proporcionales se observó que en 2024 la población con rezago educativo alcanzó el 18.6% mientras que en 2016 fue de 18.5 por ciento.
El persistente rezago educativo representa un desafío clave para el desarrollo social y económico del país, ya que impacta directamente en las oportunidades laborales, el ingreso y la movilidad social de millones de personas.
Los resultados subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la permanencia escolar, la alfabetización y la educación para jóvenes y adultos, con el fin de reducir de manera sostenida esta carencia en el mediano y largo plazo.
México ha sumado algunos avances en materia de educación, pero los retos todavía son grandes especialmente considerando indicadores de ejercicio de gasto público, calidad, accesibilidad y desempeño escolar.
En vísperas del Día Internacional de la Educación, que se conmemora cada 24 de enero, México enfrenta un panorama educativo con claroscuros.
El indicador que brinda un panorama más general sobre el acceso a la educación en México es el de carencia por rezago educativo, que forma parte de los indicadores sociales para la Medición de Pobreza, antes elaborados por el extinto Coneval y actualmente a cargo del Inegi.
Para este 2026, el gasto en educación crecerá y se mantendrá como uno de los gastos funcionales con mayores recursos dentro del presupuesto público; sin embargo, se ubicará en su nivel más bajo desde el 2022, de acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Para el presente año, se aprobaron 1 billón 249,462 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el gasto funcional en educación. Un incremento de poco más de 3% en comparación con lo aprobado en 2025.
Aunque el aumento parece significativo en comparación anual, en proporción al tamaño de la economía mexicana refleja una tendencia de estancamiento.
Con lo aprobado, alrededor de 12 de cada 100 pesos que se gasten se destinarán a la educación pública. Así, representarán 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), su menor nivel desde el 2022 cuando representó la misma tasa.
Como proporción del PIB, el gasto en educación ha disminuido de manera constante desde el 2020 y en el 2026 alcanzaría su nivel más bajo, con un presupuesto equivalente al 3.19 por ciento. La SEP tuvo un incremento presupuestario a raíz de la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina; sin embargo, la función educación presentó recortes en varios ramos.
Este comportamiento evidencia que, pese a los esfuerzos por incrementar los recursos, la educación pierde peso relativo frente a otras funciones del gasto público, o bien, frente a las grandes presiones del gasto, como lo son las pensiones y el costo financiero.
Un análisis destacó que, pese al crecimiento, ante el bajo nivel del gasto público educativo y los recortes que afectan a rubros como la educación superior, el posgrado y cultura, se tendría un impacto negativo en el capital humano.
Esta disminución limita el desarrollo del capital humano necesario para fomentar la competitividad y responder a las demandas del mercado laboral. Además, se acentuaría la brecha presupuestaria entre uno y tres puntos del PIB, respecto a la recomendación internacional de destinar entre 4 y 6% del PIB a educación.
Asimismo, aún hay brechas en la asignación del presupuesto, ya que se ha priorizado la educación básica, más no a la educación inicial (infancias de cero a seis años), la cual no ha tenido incrementos significativos en su presupuesto pese a la relevancia que tiene para disminuir las desigualdades.
Educación y pobreza van amarradas con el mismo mecate.
La educación, con políticas públicas de largo plazo y basadas en evidencia, es clave para combatir la pobreza; decisiones sexenales y desmantelar programas exitosos dañan movilidad social y futuro vulnerable.
Lo hemos dicho en otras ocasiones: no hay política social más poderosa para abatir la pobreza que la educación. No en el discurso, no en la propaganda, sino en la evidencia. La educación es el único mecanismo probado que permite romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y generar movilidad social. Todo lo demás, transferencias sin objetivos, programas sin evaluación, ocurrencias de corto plazo, apenas mitiga el presente y compromete el futuro.
Precisamente por eso, la educación exige políticas públicas de largo plazo. Políticas que no estén subordinadas a la visión ideológica del gobernante en turno ni a su cálculo político-partidista, sino a un plan serio de desarrollo nacional. Cuando una política educativa se diseña para ganar aplausos hoy, normalmente se pagan los costos mañana, y esos costos casi siempre los asumen los más pobres.
Un ejemplo contundente lo ofrece la investigación ganadora del primer lugar del Premio Banamex de Economía, galardón que cumple 73 años incentivando investigación económica de excelencia y soluciones para el desarrollo del país. El estudio titulado “Revirtiendo Progresa: escuela y trabajo tras el fin de un programa emblemático de combate a la pobreza” documenta con rigor académico lo que ocurre cuando se desmantela una política pública exitosa sin una alternativa equivalente.
Durante más de dos décadas, Pronasol, Progresa, Oportunidades y posteriormente Prospera demostraron impactos claros y acumulativos en educación, salud y reducción de la pobreza. Antes de su eliminación en 2019, Prospera apoyaba a cerca de siete millones de hogares de bajos ingresos, incrementando sus ingresos promedio en alrededor de 30% y, más importante aún, incentivando la permanencia escolar y el desarrollo de capital humano. No era un programa perfecto, pero sí uno evaluado, ajustado y respaldado por evidencia nacional e internacional.
Las consecuencias son claras y preocupantes: menor inscripción escolar en las localidades con mayor pobreza, especialmente en nivel preparatoria. En estos territorios, las tasas de inscripción son entre 20 y 27% más bajas que en comunidades menos pobres. Para jóvenes de 15 a 17 años, la sustitución de Prospera por beca Benito Juárez redujo la inscripción escolar en 12% y aumentó el empleo en 8%, principalmente en trabajos informales de la construcción.
El argumento de que “no aumentaron los ninis” es engañoso. Lo que ocurrió fue peor: jóvenes que debieron estar terminando la preparatoria abandonaron la escuela para incorporarse prematuramente a empleos informales. El propio estudio señala que la diferencia salarial entre quienes concluyen la preparatoria y quienes no lo hacen aparece después de los 35 años. Es decir, el daño no es inmediato, pero es profundo y duradero.
Estos hallazgos confirman algo que ya sabíamos y que hemos advertido reiteradamente: las políticas públicas no pueden diseñarse con lógica sexenal. La eliminación repentina o el retroceso de programas educativos bien estructurados puede borrar en pocos años avances que tomaron décadas en construirse. Los más vulnerables no tienen margen para proteger a sus hijos cuando el Estado decide cambiar de rumbo sin transición ni sustento técnico.
Si de verdad queremos combatir la pobreza, debemos entender que la educación no es una dádiva ni un eslogan. Es una inversión de largo plazo que exige continuidad, evaluación y ajustes basados en evidencia, no en prejuicios ideológicos. Gobernar no es borrar lo anterior por venir de otro partido; gobernar es mejorar lo que funciona y corregir lo que no.
Mientras esa no sea la brújula, seguiremos atrapados en una política social que sacrifica el mañana por rentabilidad política inmediata. Y en educación, ese es un lujo que México no puede darse.
