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JUAN CHÁVEZ
López Obrador ofreció regresar a sus cuarteles al Ejército. No cumplió y a cambió, le entregó a las fuerzas armadas la administración de gran número de órganos de la administración pública, tarea que corresponde a civiles.
Por tal cuestión, ahora que Claudia Sheinbaum está por hacerse titular del Poder Ejecutivo, las preguntas, saltan por si solas:
¿Podrá controlar a las Fuerzas Armadas de las que será comandante supremo? ¿Las mantendrá en las posiciones que López Obrador le hereda?
López Obrador, contra todo pronóstico, convirtió a los militares en uno de sus principales aliados para impulsar su agenda de cambios y superar resistencias.
¿Tiene Claudia Sheinbaum motivos para preocuparse por el protagonismo que las fuerzas armadas han adquirido en el Gobierno? ¿Pueden ser un factor de resistencia a los proyectos de cambio de la Presidenta respecto a lo realizado el sexenio anterior? ¿Podrían ejercer presiones para seguir aumentando su área de influencia en la administración pública?
La mayor parte de las respuestas a estas preguntas serían menos alarmantes de lo que podría pensarse.
Desde luego que es amenazante para cualquier proceso democrático, de modernización de la administración pública o de filiación progresista y de izquierda, la presencia de un estamento vertical, gremial y que goza del monopolio de la fuerza física.
En particular todo lo que tiene que ver con la obra pública, los militares se desempeñaron como constructores extraordinariamente eficaces tanto en tiempo como en costos en los mega proyectos del gobierno obradorista.
Desde aeropuertos hasta el Tren Maya, pasando por la construcción de bancos del Bienestar, carreteras, cuarteles de la Guardia Nacional, clínicas y hospitales, acueductos, puentes internacionales y un significativo etcétera. Más de 3 mil obras de infraestructura de diversa índole. Un inventario que habría sido imposible sin el apoyo castrense.
Para ser realistas, constituye un aporte imprescindible para los proyectos de Claudia Sheinbaum. Inconvenientes hay, desde luego. De entrada, una inevitable opacidad, parte de ella incluso involuntaria en el sentido de que forma parte de la cultura, la verticalidad y la secrecía que por razones naturales envuelve los actos y procedimientos de las fuerzas armadas de cualquier país. Pero en ocasiones es una opacidad deliberada cuando se trata de proyectos de construcción que generan morbo o críticas por parte de los medios o de adversarios políticos.
Los generales suelen echar mano del recurso de reserva de información por motivos de seguridad nacional con relativa facilidad, entre otras razones porque la ley se los permite.
Igualmente habría que decir que han existido suficientes casos de irregularidades para asumir que son vulnerables a la corrupción. Pero también habría que reconocer que montos y frecuencias son menores que los escándalos y prácticas nocivas de la obra pública contratada con particulares en otras administraciones.
En suma, la partición de los militares en la obra pública seguirá, sin duda. Y es obvio que este protagonismo tiene un correlato económico y político, pues se traduce en poder y capacidad de negociación, por donde se le mire. No puede ser de otra manera si las grandes constructoras y sus dueños entienden que los contratos también dependen de una buena relación con los generales. Pero también es el caso de los gobernadores y sus agendas.
El poder no es una cosa abstracta, deriva del valor que los actores políticos y económicos perciben entre sí.
El problema para Claudia con el Ejército podría venir no tanto por el desempeño de los militares como constructores, pero si en su papel como administradores y como policías.
Actualmente las fuerzas armadas regentean el Tren Maya, incluyendo servicios turísticos en la Península de Yucatán e Islas Marías, la aerolínea Mexicana de Aviación, aeropuertos, puertos y aduanas, entre otras cosas.
No necesariamente se trata de peores administradores que los funcionarios civiles, pero tampoco es que sean mejores. El problema es que cuando un civil no lo es, puede ser removido discrecionalmente por el presidente o el secretario del ramo; pero resulta mucho más complicado cuando se trata de un oficial del ejército.
Para empezar, porque fincar responsabilidades a un militar es interpretado por los suyos como un agravio a las fuerzas armadas en su conjunto..
Si algún diagnóstico del Gobierno de Sheinbaum concluye que el control de las aduanas por parte de la secretaría de Marina o el manejo de los recursos turísticos por parte de la Defensa no es el más afortunado para efectos de rentabilidad o gestión empresarial, por ejemplo, no será fácil negociar con los generales la devolución de esas tareas a la administración civil.
Y no se trata necesariamente de que hayan fallado, sino de temas de visión empresarial y servicio público moderno.
