JUAN CHÁVEZ. No soy creyente. Pero si lo fuera, tengo la certeza de que el divino no haría nada por salvar a los mexicanos de los truécanos que la administración del señor López lleva a cabo, destruyendo las instituciones autónomas del gobierno.
Se cuenta, en las leyendas de la Creación, que cuando Dios Jehová terminó la tarea y se solazaba con su obra, un ángel le apostrofó: ¿Y los mexicanos?
“Perdón, es cierto…, e hizo una bola del polvo y la arrojó sobre la faz de la Tierra. “Ahí está México y los mexicanos”, sublimizó el Creador.
El presidente, ahora, se halla encerrado en Palacio, recuperándose, hasta donde se sabe, de la tercera infección de covid que le pesca desde que comenzó la pandemia.
Hay especulaciones de que en gira por Yucatán, el domingo tuvo un desvanecimiento de tipo cardiaco según publicó el Diario de Yucatán.
Su ausencia en las mañaneras que dispuso quedaran a cargo del secretario de Gobernación, no ha sido obstáculo para que la Cámara de Diputados aprobara ayer la desaparición del Conacyt y dejar al garete la investigación que supuestamente absorberá otro órgano.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) queda sujeto, en la ley aprobada por los legisladores morenistas, a un consejo nacional que convierte a los investigadores en burócratas, pues sus trabajos pasarán a ser propiedad del Estado.
La ley aprobada por diputados priva a la investigación de la poca autonomía que tiene, lo que no es nada ortodoxo.
Conacyt se constituyen por 27 centros de investigación distribuidos a lo largo del país. Entre ellos el CIDE, INAOE, Inecol, donde ha habido imposición de sus directores.
En un análisis de la red ProCienciaMx se expuso en nueve puntos torales, que la iniciativa presentada por el señor López, contiene problemas críticos y un retroceso ante la legislación actual.
Uno de los nueve puntos corresponde a los CPI: “La iniciativa elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y los convierte en organismos al servicio del gobierno”.
De acuerdo a ProCienciaMx, la iniciativa de ley reconoce la “autonomía técnica y de gestión” de los CPI a nivel discursivo, pero en los hechos, la desaparece completamente:
Los directores generales de cada Centro Público de Investigación (CPI) serán designados por el o la titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector, al igual que los integrantes del Comité Externo de Evaluación. O sea, imposición de burocratismo a la ciencia y la tecnología.
Un paso atrás que más retrasará a México en el campo de la investigación. Considerados como funcionarios públicos (así está establecido actualmente), queda seriamente vulnerada la libertad de investigación (básica o de frontera), y se pierde una oportunidad invaluable para dotar de una real autonomía a los CPI, equivalente a la que gozan las universidades e institutos autónomos.
“Me preocupa equiparar a los CPI con instancias burocráticas gubernamentales que deben asumir su legislación administrativa y equiparar a los científicos con burócratas donde la normatividad interna rija los términos de su investigación”, sostiene la senadora priista Beatriz Paredes.