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JUAN CHÁVEZ
Para el cacique de Palacio Nacional, los 45 días que le quedan en el poder, serán complejos y aplastantes de su imagen que pasará a la historia como el presidente autoritario y de miles ocurrencias que dejo caer en sus mañaneras.
La reforma judicial que pretende llevar a cabo en septiembre es el punto de quiebre.
Hay ya una amenaza de paro nacional, si esa reforma al Poder Judicial de la Federación es aprobada inicialmente por el Congreso de la Unión y luego por el Congreso Constituyente, aprobación de 17 legislaturas estatales.
Se dirá que López Obrador lo tiene todo adosado. Pero todavía no es así. Falta el pronunciamiento del INE y en última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en torno al reparto de las 200 candidaturas plurinominales que Morena asegura en la Cámara de Diputados rebasa por mucho la votación calificada.
Expresidentes consejeros del INE han instado al instituto electoral respetar los criterios de la Constitución en el reparto de las plurinominales y con base al número de votos que las dos coaliciones en pugna obtuvieron el 2 de junio.
El líder nacional de Coparmex, José Medina Mora, señaló que una reforma judicial debe garantizar una justicia que sea efectiva
La Coparmex y otras organizaciones, especializadas en derecho, expresaron su preocupación por el enfoque actual de la reforma al Poder Judicial y exigieron ajustes a la propuesta oficial, para salvaguardar la independencia del sistema de justicia.
“La reforma propuesta ignora las fortalezas del Poder Judicial federal, así como las debilidades y necesidades de los poderes judiciales en los estados. Si en México queremos más justicia, tenemos que considerar también a las fiscalías de los estados, porque se trata de un sistema integral que requiere atención en su totalidad”.
José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, agregó que, desde el inicio de la discusión sobre la reforma, la Coparmex ha trabajado para garantizar que cualquier cambio fortalezca el sistema de justicia y no lo debilite.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha anunciado su intención de convocar a un paro indefinido de labores en respuesta a la reforma judicial impulsada por López y su partido Morena, que se dispone a aprobarla.
Marcos del Rosario, presidente del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex, expresó que es necesaria una revisión a fondo de cómo mejorar el Poder Judicial de la Federación, pero sin destruir los elementos que ya funcionan en la administración de justicia.
Nuhad Ponce Kuri, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa sostiene que la propuesta actual de reforma no cumple con mejorar la justicia del país para proteger a los ciudadanos.
El proceso de elección popular de ministros, magistrados y jueces no garantiza que la impartición de justicia sea de mejor y mayor calidad, recalcó.
Andrea Rovira del Río, vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, afirma que la iniciativa no es correcta ni está completa. Entre las ausencias, señaló la falta de garantía de los jueces que atienden el crimen organizado.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, advirtió que la reforma implica un gran riesgo para la justicia de México: “La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de la democracia, pero también protege nuestra libertad y nuestros derechos. Hoy, todas estas garantías están bajo amenaza”.
La Coparmex dijo en un comunicado que aprueba una reforma que garantice una justicia efectiva y eficiente, en la que no solo se fortalezca el Poder Judicial, sino también las fiscalías, las cuales juegan un papel crucial en la investigación y persecución de delitos.
Y de las fiscalías, el proyecto del obradorato no dice ni “pío”.
Nadie niega la necesidad de una reforma. Se está en contra de una reforma que es un capricho del presidente quien ha decidido infundir la idea de que ministros, magistrados y jueces constituyen una élite que no imparte justicia, sino que cuida sus excesivos privilegios y que la manera de resolver el problema es eligiéndolos y sometiéndolos a un tribunal de disciplina judicial.
La conclusión, a cargo del ministro en retiro José Ramón Cossío fue contundente. No hay nada en la reforma que beneficie a las personas. Lo que se logrará, si se aprueba, será el entorpecimiento de la ya de por sí precaria impartición de justicia.
