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JUAN CHÁVEZ
Las 32 entidades de la Federación tienen, a partir de este 13 de septiembre, día glorioso en la historia por aquella defensa del Castillo de Chapultepec por los mal llamados niños héroes, 180 días para homologar sus constituciones con la reforma al Poder Judicial de la Federación.
El plazo se cumple en marzo de 2025 y se le ha llamado “segundo round” de los escandalosos cambios a la Carta Magna promovidos por López Obrador.
Morena y aliados citaron este viernes a una sesión en el Senado para avalar la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación, tras las aprobaciones del Congreso de la Unión y la mayoría de los 32 legislativos estatales.
Para cerrar ese primer round de la reforma impulsada por López, solamente restará que este fin de semana la secretaría de Gobernación publique el dictamen en el Diario Oficial de la Federación, en donde se ordenará la elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros a partir del siguiente año, entre otras modificaciones.
Tras la polémica reforma judicial federal, ahora sigue el reto en los 32 Estados, donde deben fijar plazos para elegir nuevos juzgadores.
Morena y aliados citaron este viernes a una sesión en el Senado para avalar la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación, tras las aprobaciones del Congreso de la Unión y la mayoría de los 32 Legislativos estatales. Para cerrar ese primer round de la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador, solamente restará que este fin de semana la Secretaría de Gobernación publique el dictamen en el Diario Oficial de la Federación, en donde se ordenará la elección directa de jueces, magistrados y ministros a partir del siguiente año, entre otras modificaciones.
Seguirán ahora los enfrentamientos entre los partidos en el poder y los opositores en las entidades federativas. Es orden constitucional.
En la reforma federal se ordena una elección por voto popular para mil 688 cargos entre jueces, magistrados y ministros. En cuanto a las fechas previstas, el próximo año se elegirían ministros y la mitad de los jueces y magistrados de distrito. Y la otra mitad sería elegida hasta 2027.
Y para el caso de los Estados, “se establece un plazo de 180 días naturales después de la entrada en vigor de la reforma federal para que los constituyentes locales desarrollen una reforma constitucional local, que establezca el voto popular, el comité técnico, la nominación de los tres Poderes, la separación del Consejo de la Judicatura de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y la creación del Tribunal de Disciplina local”.
En la siguiente etapa, “el Congreso federal no puede invadir competencias locales. Para elegir a los magistrados locales, el constituyente local tiene dos opciones: emparejarse con la elección federal en el año 2025 o aplazar hasta 2027”, se menciona en los artículos transitorios de la reforma federal.
En otras palabras, los Congresos estatales tendrán la oportunidad de iniciar con las elecciones de juzgadores el próximo año o aplazarlas hasta 2027. Así comienza la renovación de juzgadores.
Tanto a nivel nacional como estatal, los legisladores deben avalar reformas secundarias para precisar los plazos y los métodos para cumplir con todos los artículos. En los estados es donde se remarcará el segundo round entre los partidos políticos. Por ejemplo, en Jalisco estará la fracción de Movimiento Ciudadano, pero también Morena-PT-Verde-Hagamos-Futuro, así como el PAN-PRI-PRD.
Entre los cambios que deben aplicarse a nivel federal y estatales, destaca que desaparecen las Judicaturas y se crean los Tribunales de Disciplina Judicial, que serán los órganos de administración y vigilancia interna donde se recibirán denuncias de cualquier persona u autoridad para investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. La misión es terminar con la corrupción y reducir el rezago.
También se contempla la posibilidad de incorporar la figura de “jueces sin rostro”, que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima, con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas (estas medidas se han implementado en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador).
El INE asegura que estará listo para elección de jueces.
