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JUAN CHÁVEZ
Ayer arrancó el periodo ordinario legislativo con agenda del oficialismo que exhibe prioridades, negligencia y negativa de privilegiar lo importante.
El periodo estará dominado por mal intencionada reforma electoral que busca perpetuarlos en el poder, eliminar derechos de minorías, controlar instituciones electorales, fortalecer a partidos políticos afines y privar de derechos democráticos a personas.
En la agenda de temas a discutir se encuentran también “jueces sin rostro”, jornada laboral de 40 horas, incorporar lenguaje de género, entre otras.
Aún no hay una iniciativa formal de la reforma electoral, pero la presidenta ya adelantó los puntos que busca abordar: reducción de «pluris» y disminución de presupuesto a partidos.
Si bien hay varias reformas y designaciones con las que comenzarán los trabajos tanto el Senado como la Cámara de Diputados, cinco acaparan la atención, debido a la relevancia nacional que han generado y a los cambios que se impulsan con ellas.
La más relevante de las propuestas que se discutirán en este periodo ordinario es la reforma electoral, debido a las nuevas reglas que le daría al sistema político mexicano frente al proceso 2027, que arranca en septiembre.
Los aliados de Morena, el PVEM y el PT manifestaron su desacuerdo lo que retrasó la presentación de la iniciativa, ya que necesitan convencerlos de respaldar la propuesta, pues en el Senado y en la Cámara de Diputados necesitan 100 votos de los petistas y verde ecologistas o de la oposición (PAN, PRI y MC) para que el cambio constitucional pase.
Tras ‘pleito’ por pluris y recursos, Morena, PT y Verde ratifican unidad.
El politólogo y consultor de Poligrama, Patricio Morelos, considera que habrá consenso entre las tres fuerzas políticas de la Cuarta Transformación, aunque puede haber cambios.
«No necesariamente significa que habrá reforma electoral en los términos que plantea la presidenta, sino que probablemente pudiera haber modificaciones en el proyecto», explica.
Otras reformas a discutir en San Lázaro y que generaron controversia, son adelantar la consulta de revocación de mandato y la eliminación del fuero constitucional a legisladores y gobernadores, presentadas por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar.
En el caso de la revocación de mandato, en la que se vota sobre si el gobernante continúa en su puesto o debe ser removido con anticipación ante la pérdida de confianza, el legislador argumentó que es para ahorrar recursos económicos. La propuesta es que la consulta se realice en 2027, al igual que las elecciones intermedias, cuando se elige a 17 gobernadores y 500 diputados federales, así como a más de 850 juzgadores.
De acuerdo con Morena, la eliminación del fuero constitucional a senadores, diputados y gobernadores es una “protección injustificada, de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social”.
El fuero desaparecerá. Será aplastado y ningún legislador volverá a ser sometido a él y diputados, senadores y gobernadores quedarán, como cualquier ciudadano, sometidos al imperio de la ley y cuando la violen serán sometidos a juicio por las autoridades competentes.
Al desaparecer la protección, los funcionarios podrán ser detenidos y juzgados por las autoridades judiciales en caso de existir cargos contra ellos, por lo que ya no será necesario que la Cámara de Diputados emita la declaración de procedencia para que esto suceda.
