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JUAN CHÁVEZ
Dominado por la violencia, la inseguridad y la impunidad, en México no hay paz.
El crimen domina al territorio nacional y los habitantes se sienten inseguros en sus comunidades.
En Sinaloa, la guerra avanza entre dos posibles desenlaces: el dominio de uno de los grupos criminales o la reconstrucción del Estado de derecho. Todo indica que prevalecerá el primero.
Nadie podría negar que, ante el poder de fuego que hoy exhiben los grupos criminales en Sinaloa, como en todo el país en realidad, la presencia de las Fuerzas Armadas resulta, en principio, necesaria…, pero su presencia parece inútil frente a los cárteles de la droga, dueños de la tercera parte del país.
Este fin de julio se cumple un año desde que estalló abiertamente la guerra entre “Los Mayos” y “Los Chapos”. Ese solo hecho basta para evidenciar el fracaso de la estrategia de seguridad. La persistencia del conflicto, su expansión más allá de Sinaloa hacia estados como Sonora, Chihuahua y Nayarit, y la entrada en escena del Cártel Jalisco Nueva Generación, dejan claro que la paz regional no depende del Estado gobierno, sino del humor criminal.
La escena actual es, en buena medida, herencia de la administración pasada, que optó por pacto tácito (abrazos sí, balazos no) antes que la reconstrucción institucional
Hay, sin embargo, también omisiones puntuales de la gestión actual en la que ha aumentado el sentimiento de inseguridad entre los mexicanos.
Al corte de junio del 2025 se observó que el 63.2% de la población urbana consideró que vivir en su localidad es inseguro. Para las mujeres la percepción de inseguridad es significativamente mayor que para los hombres.
Ese porcentaje de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI expone un significativo aumento en la percepción de inseguridad entre los habitantes de 91 áreas urbanas de México; si se considera que a finales del 2024 esta cifra se mantenía alrededor del 61 por ciento.
Este nivel también refleja un alza importante respecto de los niveles históricamente bajos que se lograron en el tercer trimestre del año pasado, cuando se alcanzó un 58.6 por ciento.
La percepción de inseguridad urbana refleja cómo se sienten los residentes de las principales ciudades y, aunque típicamente se alinean al contexto de incidencia delictiva, no necesariamente retratan los niveles de inseguridad o violencia reales.
Ante la persistente violencia de género en el país, se observan diferencias notables en la percepción de inseguridad según el género.
En junio de 2025, un 68.5% de las mujeres manifestó sentirse inseguras en su entorno, en comparación con el 56.7% de los hombres.
Esta disparidad indica que las mujeres son más vulnerables a la percepción de inseguridad.
Para la ONU, han resultado ineficaces las políticas del gobierno para proteger a las mujeres.
La sensación de inseguridad puede estar influenciada por diversos factores: desde los contextos familiares, el acoso en espacios públicos hasta la violencia en espacios de trabajo, cabarets o escuelas.
El domingo 20 de julio, Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, informó que, entre octubre de 2024 y la primera quincena de julio de 2025, el gobierno ha detenido a 1,487 personas en Sinaloa, decomisado 3,003 armas de fuego, desmantelado 91 laboratorios de metanfetamina y asegurado más de 53,000 kilos de droga. A esto se suma la presencia de 11,000 elementos de las fuerzas armadas. Según el máximo responsable de la seguridad del país, estos operativos buscan “darle tranquilidad a la ciudadanía”.
Los propios datos oficiales dicen otra cosa. De acuerdo con el INEGI, Culiacán tiene hoy la segunda percepción de inseguridad más alta del país (89.7%), sólo por detrás de Tabasco (90.6%). Y no se trata solo de percepción. De acuerdo con el indicador compuesto de violencia letal de México Evalúa, Sinaloa es la entidad con el incremento más alto a nivel nacional, de 2024 a 2025, considerando el primer semestre de ambos años: 79.1%.
Al desmenuzar las cifras, los resultados son escalofriantes. En el mismo periodo, los feminicidios incrementaron 122.2%, las desapariciones, 151% y los homicidios dolosos, 266%. Los operativos no están cumpliendo su finalidad última.
Nadie podría negar que, ante el poder de fuego que hoy exhiben los grupos criminales en todo el país, la presencia de las Fuerzas Armadas resulta, en principio, necesaria.
En estos momentos, en México no existe policía local capaz de enfrentar ese tipo de confrontaciones. Pero una cosa es reconocer su utilidad táctica y otra muy distinta es convertir la militarización en la estrategia central de seguridad.
Los operativos no logran frenar la guerra porque parten de una lógica equivocada: suponen que la violencia se puede contener únicamente con despliegues masivos de fuerza.
La presencia militar no basta para desmantelar organizaciones criminales, no rompe con las gobernanzas criminales, ni reconstruye instituciones corroídas. Al contrario. Sin inteligencia territorial, sin intervención civil sostenida y sin un plan de mediano plazo, los operativos, más allá de ser visibles y espectaculares, lo único que hacen es sumar capas de violencia al conflicto.
