
JUAN CHÁVEZ
¿En total desamparo? Así quedará la población entera del país con las reformas a la Ley de Amparo propuestas por la presidenta y que el Senado, con su aplanadora morenista, aprobará esta semana.
La ciudadanía quedará sin protección frente a decisiones arbitrarias del gobierno morenista.
Las reformas a la Ley de Amparo han generado preocupación entre especialistas en derecho constitucional.
Diversos expertos advierten que los cambios podrían dejar a los ciudadanos en una situación de desprotección frente a decisiones arbitrarias de la autoridad.
La abogada constitucionalista Luisa Conesa aseguró que el amparo ha sido una figura fundamental para proteger derechos en distintos ámbitos, como medio ambiente, personas LGBT y salud. Sin embargo, advirtió que la nueva reforma podría acotar este recurso, dejando a los grupos vulnerables con menos acceso a la justicia.
Conesa explicó que, en situaciones como tener un edificio en regla frente a una orden no fundamentada para su demolición, la falta de suspensión podría dejar al ciudadano sin derecho a defensa, incluso si eventualmente gana el juicio.
Para la especialista en derecho constitucional Claudia Aguilar Barroso, restringir los alcances del amparo coloca al ciudadano en total indefensión. Según la abogada, sin suspensión, los derechos se vuelven letra muerta porque los daños se convierten en irreparables.
Aguilar Barroso señaló que las modificaciones legales están restringiendo el amparo bajo criterios demasiado estrechos, convirtiéndolo en un recurso prácticamente ilusorio.
El doctor Román Lazcano Fernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, consideró que la reforma, tal como está planteada, puede reflejar signos de autoritarismo. Según Lazcano, la reforma “da dientes a la autoridad y desprotege por completo al ciudadano”, desnaturalizando la protección que deben gozar los mexicanos.
“Esta reforma, así como está planteada, puede tener signos muy claros de autoritarismo para nuestro país. (…) la reforma es darle dientes a la autoridad y desproteger por completo al ciudadano”, indicó.
Estas voces se escucharon durante el primer día de audiencias públicas en materia de Ley de Amparo, las cuales continuarán este martes en el Senado. Se espera que por la noche el tema comience a discutirse en comisiones, un paso clave para su eventual aprobación.
El columnista Leo Zuckermann escribió que la reforma al amparo es la reforma fiscal de Sheinbaum.
Asegura que la presidenta pretende seguir subiendo la recaudación sin aumentar impuestos. Esto pasa por depurar una de las fuentes de ingresos donde existe más evasión fiscal: Las aduanas. Pero, también, seguir apretando a los contribuyentes para que paguen más tributos. Ya no necesariamente a los más grandes, y aquí, señala Leo, donde entra la reforma al amparo.
El amparo es el instrumento jurídico que sirve para la defensa de los ciudadanos de los abusos de las autoridades. La reforma al amparo tiene la clara intención de darle un mayor poder al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los dos brazos ejecutores que tiene el Estado para presionar a los contribuyentes.
De acuerdo con la iniciativa, de darse una diferencia entre las autoridades fiscales y una persona física o moral, ésta tendrá que agotar todos los recursos administrativos ante el SAT, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa antes de acudir al amparo, aun cuando le hayan impuesto un crédito fiscal al contribuyente (adeudo por no pagar o incumplir con las obligaciones) o se congelen las cuentas bancarias de la persona.
Esto le da un gran poder al Estado frente a los contribuyentes.
Las empresas y personas ya no podrán tramitar un amparo para descongelar las cuentas que ordene la UIF, evitar la cancelación de certificados de sello digital por el SAT o prorrogar un embargo por la existencia de créditos fiscales.
Se acabó la defensa en automático; se la echó al plato la presidenta.
De esta forma, a un contribuyente lo podrán embargar o congelar sus cuentas de inmediato. Si después de agotar todas las instancias para defenderse resulta que tenía la razón, le habrán hecho un daño irreparable por la imposibilidad de suspender de manera temporal o definitiva el acto de la autoridad hasta que no se decida quién tiene la razón.
El SAT y la UIF podrán decretar la suspensión de sellos digitales y ejecutar de manera inmediata la ejecución de créditos fiscales sin control judicial previo.
Esto deja muy vulnerables a los contribuyentes frente a posibles abusos de la autoridad fiscal y financiera.
Se acabó la defensa en automático; se la echó al plato la presidenta.
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