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JUAN CHÁVEZ. Sigue el choque entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral y las intenciones del secretario de Gobernación Adán Augusto López no han pasado de ahí: de meras intenciones.
Sigue también el avance infeccioso de Ómicron: el jueves registró 43,523 casos, lo que obliga a pensar que la tibieza con que López Obrador ha enfrentado la pandemia con su zar López-Gatell, debe hacerse un lado y actuar con firmeza y decisión, y declarar obligatorios la vacunación y el uso de cubrebocas. ¡Basta de probaditas opcionales!
En tanto no haya acuerdo para que el INE de Lorenzo Córdoba disponga de los recursos necesarios para seguir el proceso de revocación de mandato, niguas que habrá tal consulta en abril próximo.
El gobierno de López Mateos no cesa en su amenaza de someter al INE a su sobada “austeridad republicana”.
No acepta, por ningún motivo, medirle el agua a los camotes y convencerse de que sin dinero, el órgano electoral no podrá llevar a cabo la tal revocación.
El nombramiento de Adán Augusto López Hernández, en agosto pasado, generó la expectativa de que el gabinete de López Obrador contaría por fin con un secretario de Gobernación que abriera canales de diálogo y negociación.
Desde entonces hay testimonios de que el exgobernador de Tabasco es, en efecto, un interlocutor con actores incluso fuera de Morena, pero ¿sus negociaciones llegan a buen puerto?, ¿sus esfuerzos trascienden?, ¿lo que con él se intenta pactar tiene alguna viabilidad?
La cronología del encontronazo Ejecutivo-INE tuvo ayer otro capítulo: el gobierno federal violenta la autonomía del órgano electoral al pretender, así sea “respetuosamente”, imponerle recortes o decisiones presupuestales.
Pero con la exposición realizada este jueves por funcionarios de Hacienda en Palacio Nacional se pone además en entredicho que lo que López Hernández negocia tenga viabilidad: ayer él encabezó el embate a pesar de haber sostenido en las últimas semanas dos rondas de contactos con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para dotar de recursos la revocación del mandato.
La primera vez que Adán Augusto y Lorenzo dialogaron sobre cómo encontrarle cuadratura al presupuesto para el ejercicio que quiere López Obrador, fue luego de que el 8 de noviembre en la Cámara de Diputados se conociera que el dictamen de la Comisión de Presupuesto contemplaba un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al dinero solicitado por el INE para 2022. En otras palabras, sólo tendrían 830 millones de pesos para revocación y para, si el Ejecutivo así lo solicitaba, alguna otra consulta popular.
Ese diálogo se vio abruptamente interrumpido cuando, a pesar de lo que se le había explicado sobre cómo funciona presupuestalmente el INE, Adán Augusto hizo suya la “idea” del diputado Ignacio Mier, quien el 9 de noviembre dijo que los consejeros podrían usar 2 mil 500 millones de pesos que, aseguraba el legislador, tenían en fideicomisos: en una mañanera el secretario de Gobernación, sin buscar antes al INE para aclarar si tales montos existían o era posible utilizarlos, secundó la propuesta del líder de la bancada de Morena.
Sin señal de recursos a la vista, después el Consejo General del INE tomó, por votación dividida, la decisión de posponer la revocación, cosa que llevó las cosas a un nivel, por lo que se vio ayer en Palacio, sin retorno.
El secretario de Gobernación, que llegó con augurios para una nueva interlocución y abrir espacios de negociación, es –a pesar de haber sostenido diálogos con el INE– la nueva punta de lanza de la ofensiva contra el órgano electoral.
La revocación sigue colgada de la brocha y Ómicron que tiene en recuperación a AMLO, parece haberle enseñado la necesidad de usar cubrebocas.
