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JUAN CHÁVEZ
López actuó mal informado y, además, el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, lo clavó en la cruz política con clavos ardientes.
Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y su paro nacional desde la semana pasada constituyen seria amenaza para la nación, dado que se rompe el esquema constitucional de equilibrio de poderes.
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, realizado por el INEGI, hay 53 mil 160 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. De este total, solo el 7 por ciento corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el 3.4 por ciento pertenecen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el restante 89.6 por ciento están adscritos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En total hay 1 mil 483 órganos. De ellos, el 94.8 por ciento corresponde al CJF. Se trata de 273 Tribunales Colegiados de Circuito; 101 Tribunales Unitarios de Circuito; 449 Juzgados de Distrito; 41 Centros de Justicia Penal Federal; 1 Centro Nacional de Justicia Especializado; 43 Tribunales Laborales Federales; 13 Plenos de Circuito y 486 órganos o Unidades Administrativas. Es decir, no solo el grueso de los trabajadores del Poder Judicial está en el CJF, sino que también el conjunto de los órganos de este Poder. Se trata del gran volumen en la atención a los temas de justicia. Son muy pocos los que llegan a la Corte.
La Corte tiene 11 ministros distribuidos en dos salas y un pleno. El TEPJF tiene siete magistrados en la Sala Superior, pero además tiene 5 Salas Regionales y una Sala Especializada. El Consejo de la Judicatura tiene seis consejeros, pero se encarga de modo general y amplio de la administración de la justicia a escala federal.
¿En qué medida los fideicomisos que votó por eliminar la Cámara de Diputados beneficiaban al grueso de los trabajadores de PJF?
Varios de ellos generan prestaciones para el grueso de los trabajadores del PJF. Uno de ellos corresponde a pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo, y es, por cierto, el que más recursos tenía entre los adscritos a la Corte: 2 mil 972 millones de pesos. También hay un plan de prestaciones médicas para los trabajadores tanto en la SCJN como en el CJF. Otros fideicomisos no tienen carácter laboral y tienen que ver con el proceso de administración de justicia.
De hecho, ninguno de los eliminados por la Cámara de Diputados tiene como propósito cubrir las prestaciones de los ministros de la Corte.
Su recorte afecta al grueso de los temas de justicia federal, que son atendidos en juzgados y tribunales. Y los afectados son mayormente personal operativo.
¿Se podían reducir recursos de los fideicomisos sin afectar las condiciones laborales y la operatividad del PJF?
Sí, sin duda. Pero ello hubiera exigido un diálogo entre poderes para que los legisladores entendieran la pertinencia y funcionalidad de cada uno de ellos.
El problema en este proceso es que el objetivo no era eficientar la asignación de recursos al Poder Judicial, sino presuntamente castigar a una Corte que no se ha sujetado a los designios del Poder Ejecutivo.
El problema es que más que afectar a los ministros, se está golpeando a los trabajadores del Poder Judicial.
La minuta de la reforma realizada por los diputados ya está en la Cámara de Senadores, como cámara revisora.
Lo sensato es que cumpliera esa función y les enmendara la plana a los diputados.
En la medida que la mayoría la tienen Morena y sus aliados, y que ha venido una instrucción del presidente de la República, creo que se va a aprobar sin cambios la eliminación de los fideicomisos.
El escenario que veremos en las siguientes semanas, será la judicialización de esta reforma, comenzando por la acción de inconstitucionalidad que seguramente emprenderán los legisladores.
Entonces llegará a la Corte, resolverá que la decisión del Legislativo es inconstitucional y la echará para abajo.
Entonces empezará una nueva campaña contra la Corte.
