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JUAN CHÁVEZ
Con la finalidad de evitar un golpe de Estado jueces y magistrados piden urgente intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos en un esfuerzo más por frenar el proceso de reforma judicial en curso
Además, personal del Poder Judicial de la Federación protestó contra la reforma judicial en el Puente Internacional Córdova de las Américas.
¿Por qué se habla de un probable “golpe de Estado en México”?
La única razón es que en gran parte del núcleo de juzgadores federales, el descontento no ha sido apaciguado y claman por la desaparición de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.
1,100 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación solicitaron la urgente intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos para revisar la reforma judicial “impuesta por el oficialismo”.
En concreto, pidieron a la CIDH que solicite al Estado mexicano toda la documentación con datos, no con palabras, que sustente la reforma judicial en curso, “que está perversamente enmascarada bajo un discurso democratizador, pero en la realidad percibe la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma”.
Mediante un documento advirtieron “las graves consecuencias” de la reforma y pidieron a México que aplique el artículo 41 de la Constitución, y evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de su convencionalidad, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante la CIDH, entre el propio Estado mexicano y quienes ahora son defensores de la Constitución y firmaron esta petición.
Durante la inauguración del XVL Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabezó la UNAM, la ministra presidenta Norma Piña, señaló que las autoridades, los gobernantes y los ciudadanos deben cumplir las leyes. Con ello se preserva el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a la división de poderes, ya que son elementos básicos para un Estado Constitucional.
“Como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ellas emanan. La conservación y el respeto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un Estado constitucional”.
Norma Piña aseguró que el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. En tanto, es de relevancia que dicho Congreso Iberoamericano se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo XXI.
Compartió que el país atraviesa momentos muy delicados y difíciles, ya que, en las últimas semanas, el país ha sido testigo de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos, tanto a escala nacional como internacional, en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México.
Destacó que la sociedad mexicana está perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos, ante la politización de la justicia.
Norma Piña compartió que, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, ha hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional.
“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país”, expresó.
Hizo hincapié en que uno de los propósitos de un poder judicial independiente y lo subrayó, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos.
La ministra presidenta Norma Piña dijo que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe evaluarse, debatirse y enriquecerse.
