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JUAN CHÁVEZ
Sin querer queriendo, López Obrador asalta en despoblado con su Ley de Pensiones Bienestar y la regresiva reforma propuesta a la Ley de Amparo.
Según el morenismo en el poder, con ambas y absurdas legislaciones, el cuadro está completo para que no se declare su inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las dos leyes constituyen el abuso de los poderes Ejecutivo y Legislativo, frente a la ignorancia de la mayoría de los mexicanos –que no saben de leyes— y aún de los millones de seguidores que tiene el partido inventado por López Obrador que más ignoran el daño que el tabasqueño les hace con tales trances a poco más de cinco meses de que termine su esquizofrénico gobierno.
Los cambios a la Ley de Amparo
Claro, ha llegado la hora de maldecir a Morena, a los senadores y diputados del abusador partido guinda y maldecir también la hora en que Enrique Peña Nieto, traidorsuelo y desquiciante mentiroso, dejó pasar a la Presidencia al alienado López Obrador.
Este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma a la Ley de Amparo, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, propuesta por el senador Ricardo Monreal, de Morena.
La modificación establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.
Esta reforma ha sido calificada por la oposición como una estrategia del gobierno federal para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación detenga la construcción de sus obras insignia por violar la Constitución o diversas leyes.
En la misma sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, también se discutirá la reforma a la Ley de Amnistía, que establece que el Presidente de la República pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.
La reforma a la Ley de Amparo, aprobada ya por el Senado, transgrede el principio de “progresividad”, que contempla el artículo 1º constitucional, porque es terriblemente regresiva.
Un principio fundamental del que depende la eficacia del juicio de amparo, éste que tan profundo arraigo tiene en nuestra sociedad, se denomina ‘principio de relatividad de las sentencias’. En suma, significa que, cuando un tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley, con todos los efectos de la sentencia que van implícitos, solamente beneficiarán a la persona que lo hubiera promovido.
Los amparos contra leyes no pueden tener efectos generales.
El principio es lógico y tuvo una razón histórica de ser. En ese juego de poder en el que permanentemente habrían de quedar inmersos el presidente, los legisladores y los jueces de amparo, más valía no provocar un desbalance para favorecer a los últimos, pues de afectarse gravemente un acuerdo político alcanzado por los primeros, estos gozaban de las facultades para cambiar la ley.
Esa racionalidad que sustentó el principio de relatividad de sentencias es precisamente la lógica de lo que en el Senado se aprobó la semana pasada. El ejercicio de poder en la función constitucional de amparo, encomendada al Poder Judicial de la Federación, ha provocado tantos descalabros contra proyectos encabezados por esta administración, que su bancada ha reaccionado y ha reformado la Ley de Amparo, que no es sino el instrumento jurídico con apoyo, en el cual, nuestros tribunales velan por la observancia de nuestros derechos humanos.
¿Quién salió perjudicado; el PJF? No: nosotros, los gobernados.
El 10 de junio del 2011 se publicó una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos. En el artículo 1º de la Carta Magna se contempló una obligación que es, hoy, un imperativo vigente a cargo de cualquier órgano de gobierno: toda autoridad tiene la obligación, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Cuando en el 2013 se aprobó la Ley de Amparo, a través de la cual el PJF cumple su función de garante de los derechos humanos y las garantías que nos otorga la Constitución, los partidos de izquierda, esos que hoy representan los intereses de Morena en las dos cámaras, votaron a favor de la reforma, que se estimó adecuada y correcta para proteger las libertades de los ciudadanos, eficaz para remediar los abusos de poder en que, según ellos, incurrían todos los partidos en el gobierno que los precedieron.
Toda vez que la labor de protección de los derechos humanos confiere a los jueces una facultad interpretativa de los tratados internacionales que puede extender nuestro estado de bienestar, los fallos que en materia de amparo han venido pronunciando nuestros tribunales en contra de las leyes y actos que han permitido el desarrollo de los proyectos del presidente, les han resultado incómodos.
La respuesta del Legislativo, aún arbitraria como es, era de esperarse. Hace mucho que la venían anunciando. Lo grave es que al aprobarse, se hayan pasado por alto las causas que favorecieron la existencia de nuestro nuevo régimen de amparo.
México ya cambió, nuestro país es un Estado democrático en el que la población está atenta, está comunicada, dialoga y exige la observancia y puntual cumplimiento del derecho. En esa labor de interpretación de las normas, la sociedad confió en el Poder Judicial, y no así en el Poder Legislativo.
Como quiera que se desee ver, la verdad de las cosas es que la reforma a la Ley de Amparo que aprobó la Cámara de Senadores la semana pasada transgrede ese principio de “progresividad”, que contempla el artículo 1º constitucional, al que nos hemos referido arriba. La reforma es terriblemente regresiva.
Y por lo que hace a la Ley de Pensiones Bienestar, va a confiscarse (robarse) los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años, por más de 40 mil millones de pesos y veremos con frustración la manera en que, aun pretendiéndose obtener alguna medida suspensiva en el amparo, para tratar de evitarlo, conforme a la nueva reforma aprobada, eso resultará imposible.
Pero ya nos ocuparemos de ese atraco a las afores de más de 50 millones de trabajadores porque en principio, los 40 mil millones “estafados” beneficiarían a 8 millones y no 28 millones, como presume el autoritario López
Basta hacer cuentas: 16 mil pesos de pensión al 100% del último ingreso salarial, por 8 millones de favorecidos, rebasa los 40 mil millones. Esto para la primera pensión ¿y luego? ¿Seguiría el robo…?
Como lo pinta el mago maravilla de Palacio, se requerirían 640 mil millones de pesos para el primer pago… a 8 millones y no 28 millones, como asegura él.
