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JUAN CHÁVEZ. Hay que transformar, sí, pero antes hay que respetar la ley.
La ley es la ley, y nada por arriba de la ley. Lo ha repetido López Obrador “arriba de la ley nada ni nadie”.
Pero ahora que la Corte de la ministra Norma Piña le ha adelantado el 10 de mayo invalidando por 9 votos contra 2 el “Plan B” de la reforma electoral, él revive su propósito de reformar la Ley del Poder Judicial para que los ministros, magistrados y jueces “sean electos por el pueblo”.
Es su venganza, ni más ni menos. Pero olvida que palo dado ni Dios lo quita…
Con todo el poder de la calle más la fuerza del Estado, López Obrador y su pretensión de imponer leyes se toparon con el razonamiento sereno de la presidenta de la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo el lunes 8 al presidente que la ley es la ley, y se le respeta.
Una afrenta de ese tamaño al político que llegó a la presidencia gracias a su fuerza expresada en el insulto, la amenaza y la movilización callejera, no se va a quedar así, para desgracia del país.
Es la primera vez que le dan un parón seco. Y además contundente: nueve de 11 ministros le dijeron que la primera parte de su plan B en materia electoral viola la Constitución.
“Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo”, dijo la ministra presidenta Norma Piña.
Se trata de la primera parte del plan B, ideado para reformar la Constitución a través de leyes secundarias, y darle la vuelta al proceso legislativo que exige dos terceras partes de los parlamentarios para modificar la Carta Magna.
López Obrador, ahora, va directo contra la Corte y sus ministros.
La vanidad lo ciega. Va a caer en errores que sólo el ego herido comete.
El principal de ellos será ensuciarle, o abortar, el triunfo a Claudia Sheinbaum. O a Ebrard. O a Adán Augusto López.
Las encuestas dicen que sus candidatos, prácticamente el que sea, tiene ganada la elección presidencial.
A él nunca le habían salido con que la ley es la ley.
Y ahora, que está en la cúspide del poder, y su sexenio se está apagando, ¿lo frenan con la ley?
Así ha sido. Más lo que falta.
Falta que la Corte discuta la segunda parte del plan B, y resta aún que se impugnen las leyes aprobadas la noche del viernes triste, sin quorum y sin asistencia de la oposición en el Senado.
En la discusión que viene en la Corte, acerca de la segunda parte del plan B, está la desaparición de las 300 juntas distritales del INE, que tienen los equipos de trabajo para llevar a cabo los comicios, y actualizar el padrón electoral.
Sin ellas en pleno funcionamiento, la elección presidencial y las federales para renovar el Congreso serían vulnerables por falta de capacidad de los órganos electorales para realizar las tareas necesarias.
Eso va contra la Constitución. Y si el Presidente quiere cambiar la Carta Magna para desaparecer las juntas distritales y que el gobierno vuelva a intervenir en la organización de las elecciones, necesita la aprobación del Congreso.
Ahí fue derrotado. La oposición unida le dijo que no.
Como revancha, AMLO mandó a sus legisladores a insistir en el fondo de la propuesta por la vía tramposa de reformas a la Ley Electoral.
Para cambiar una ley basta la mitad más uno de los votos, pero si esa reforma toca la Constitución necesita mayoría calificada para ser aprobada. Dos terceras partes de los legisladores.
Falta todavía que se discutan en la Corte la validez de las leyes aprobadas la noche del viernes negro.
Volverá a perder, por dos razones: son anticonstitucionales, por lo que ayer expresó la ministra Norma Piña: » Esto implica que las decisiones deben adoptarse mediante la regla de la mayoría, una vez que se ha deliberado lo suficiente a partir de la información relevante”.
Ninguna de las leyes aprobadas la noche del viernes 28 de abril fue deliberada por los parlamentarios.
Y la segunda razón es que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdieron el miedo a decirle no al presidente.
Ni Arturo Zaldívar se prestó a la jugarreta. Es el inicio de su reivindicación, si es que aguanta la presión de López Obrador y sus operadores políticos y judiciales.
Las leyes que declaró inválidas la Corte eran impasables en un tribunal que se respete:
La iniciativa que se discutió fue diferente a la publicada en la Gaceta Parlamentaria.
No se dio tiempo a las bancadas minoritarias de la Cámara de Diputados para que leyeran la iniciativa.
No se justificó que se le denominara un asunto de urgente y obvia resolución.
Y las que faltan vienen más sucias.
El linchamiento previo a los ministros y a la ministra presidenta fue obsceno. Con amenazas de muerte incluidas.
Veremos hasta dónde son capaces de llegar para imponer la voluntad de un presidente fuerte y vengativo.
La sociedad no puede dejar solas a sus ministras y ministros que representan la resistencia de México al embate destructor de López Obrador que aspira a ser dictador.
