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JUAN CHÁVEZ
Confucio escribió: “Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá siempre”.
El gobierno de la cuarta transformación traiciona ese sagrado principio de Confucio: Regala dinero a Dios dar. Sus programas sociales, instaurados por López Obrador y consolidados y aumentados por la presidenta Sheinbaum, son eso: repartir el dinero sin ton ni son.
Tres millones 470 mil internautas, han demandado la información sobre el tema y está claro que muchos de ellos se sorprendieron al saber que El gobierno de Claudia Sheinbaum ha destinado más de 836 mil millones de pesos en programas sociales para el año 2025, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.
Esta inversión incluye 16 millones 300 mil beneficiarios de pensiones y programas de bienestar, como Pensión Mujeres Bienestar» y «Salud Casa por Casa».
La presidenta ha destacado que esta política social es fundamental para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el país.
En su primer informe de gobierno, la mandataria destacó que la inversión en programas sociales es 17 veces mayor que en 2018, con más de 16 millones de beneficiarios.
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En la medida en que la autollamada cuarta transformación se sienta satisfecha con sus resultados en materia social, y su clientela política se los compre, no habrá incentivos para corregir uno de los principales lastres de la economía mexicana que es la informalidad.
En términos macroeconómicos, una economía como la mexicana que tiene una tasa de informalidad laboral de 54.8%, de acuerdo con los más recientes datos del INEGI, implica que se ha limitado la inversión en capital humano y en tecnología.
Un trabajador informal recibe menor capacitación, las empresas de ese sector no son sujetas de crédito y esos son límites a su calidad y competitividad.
Las finanzas públicas, en una economía donde más de la mitad de las actividades productivas se desarrollan en la informalidad, no hay niveles aceptables de recaudación, lo que limita el gasto social que, además, es deficiente por el diseño del modelo populista.
Las empresas y personas que sí están sujetas a la fiscalización viven en la desigualdad frente a la mayoría informal que evade cualquier pago de impuestos.
Pero la mayor tragedia está en la gente. El gobierno presume que hay “sólo” 38 millones 500 mil personas que se encontraban en situación de pobreza multidimensional, pero 50 millones de personas tienen falta de acceso a seguridad social.
La informalidad es mucho más que el vendedor afuera del Metro, y no es una anécdota de la economía, es una falla estructural que tiene salidas no aptas para un régimen populista que no puede tomar decisiones que afecten su nivel de aceptación.
Incluso, en una de las cifras que más presume el gobierno como éxito de su política social se nota el impacto de la informalidad.
El incremento al salario mínimo, impulsado por la Coparmex, pagado por los privados y obligado por López Obrador, ha llevado al ingreso laboral real promedio de la población ocupada en México a los 10 mil 821.04 pesos entre los participantes de la economía formal.
Pero en la informalidad, donde los montos legales de salario mínimo son tan ignorados como tantas otras obligaciones fiscales, ese ingreso de la población ocupada es de apenas 5 mil 257.55 pesos, de acuerdo con los datos recientes del INEGI.
Esta brecha salarial tiene además otros factores que la agravan, como el género o la región. De acuerdo con datos de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares el año pasado las mujeres percibieron 34% menores ingresos que los hombres y, también, de acuerdo con datos del INEGI, el nivel de informalidad en el estado de Oaxaca es de 80.2 por ciento.
La informalidad es mucho más que un problema de empleo, o de un ingreso ligado a un programa asistencialista gubernamental, es un tema sistémico que limita el crecimiento del país.
Los cambios estructurales que combatan la informalidad son lo que realmente reducirán la pobreza, pero eso requiere políticas de gobierno con una visión profunda, de Estado, no sólo preservar la desviación que han provocado los llamados Programas del Bienestar.
Una economía como la mexicana que tiene una tasa de informalidad laboral de 54.8% implica que se ha limitado la inversión en capital humano y en tecnología. En concreto, no se generan empleos. No por los menos los que la economía requiere para no mantenerse estancada.
