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JUAN CHÁVEZ
Los mexicanos de Los Ángeles protestan contra las redadas de inmigrantes decididas por Donald Trump contra la disposición del gobernador de California, Gavin Newsom.
Paisanos acusan que hay infiltrados en protestas contra las redadas, destacó este martes la presidenta Sheinbaum.
Las protestas de migrantes mexicanos en Los Ángeles han servido de pretexto para la derecha en Estados Unidos que pide que todas las personas indocumentadas sean expulsadas.
Los Ángeles es la segunda población con mayor número de mexicanos y contra ellos está dirigida la acción de Trump, reforzando la Guardia Nacional con soldados y marines.
La mandataria fue cuestionada sobre fotos donde se ven a encapuchados ondeando la bandera de México frente o sobre patrullas de policía en California.
“No sabemos qué tanta provocación hubo realmente. Escuchábamos a muchos paisanos que hablaron en redes sociales personas que no conocían a las personas que habían hecho estas acciones”, declaró.
Sheinbaum remarcó que, por ahora, la Cancillería no tiene la información suficiente para decir que esas personas eran infiltradas. “Lo que sí es que fueron acciones violentas con las que no estamos de acuerdo y tienen que explicarse de dónde venían”.
Mientras, Trump ordena despliegue de más soldados a California por protestas.
El gobierno de Estados Unidos mandó a otro contingente de 2 mil soldados de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles, y a un grupo de 700 marines con lo que hay casi cerca de 5 mil tropas desplegadas en la ciudad, considerada el santuario más grande de EU, que protege a la población migrante.
Trump anunció el sábado 7 de junio el despliegue de 2 mil miembros de la Guardia Nacional de California, sin contar con la aprobación del gobernador del estado, que es quien dispone de estas tropas, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense se impone de esta forma.
Rob Bonta, fiscal de California, presentó una demanda contra el gobierno de Trump alegando que la medida “abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda” de la Constitución.
Gavin Newsom, el gobernador de California, denunció, por su parte, que los soldados desplegados en Los Ángeles están enfrentando situación de hacinamiento.
La ola conservadora representada por Trump y la cúpula republicana están convencidas de lo que llaman “el daño al modelo de vida americano “que producen los inmigrantes, apunta el columnista Leonardo Kourchenko
Señala que la locura persecutoria antiinmigrante estalló el fin de semana en Los Ángeles.
La cifra no es precisa aún, pero cientos, tal vez miles de manifestantes salieron a las calles a protestar por las redadas federales en contra de indocumentados.
Entiéndase bien: son ciudadanos de origen mexicano —la mayoría de ellos—, trabajadores, contribuyentes en Estados Unidos que carecen de documentos para residir y trabajar en ese país.
No son criminales, no son delincuentes, ni tampoco son personas que se conviertan en agentes sociales nocivos para la comunidad. Son personas que están buscando desde hace años una mejor oportunidad de vida para ellos y sus familias.
Pero Trump y su gobierno han decidido expulsarlos a toda costa. Su ofensiva contra California al enviar a la Guardia Nacional cuestiona profundamente las facultades legales del gobierno federal por encima del estatal.
Según la ley y la costumbre política, es el gobernador quien solicita al presidente de la Unión Americana el apoyo de militares para controlar situaciones de seguridad interna de alto riesgo y con posibles acciones que puedan escapar al control de las autoridades locales.
Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, presentó ayer, con ayuda del procurador de justicia del estado, una demanda federal en contra de Donald Trump por carecer de facultades constitucionales al ordenar la entrada de la Guardia Nacional, sin el acuerdo, concurso o consulta del gobernador.
Algo que no sucedía desde las revueltas de los años 60 por las comunidades afroamericanas y la lucha por los derechos civiles en aquella década.
Ciertamente existe un debate jurídico que decidirá, muy probablemente, la Suprema Corte de Justicia. Pero subyace un conflicto mucho más profundo entre aquellos segmentos políticos de los Estados Unidos, que rechazan la idea y el procedimiento de la deportación generalizada de inmigrantes, con grave costo a la economía americana, pero, sobre todo, con profundas consecuencias en materia de derechos humanos, civiles y migratorios.
Pero fue el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) quien inició operativos y redadas en sitios de trabajo, en fábricas y empresas desde el jueves.
