Entresemana Información entresemana que forma opinión
JUAN CHÁVEZ
El cruel homicidio del alcalde de Chilpancingo, con su decapacitación, es la inhumana demostración del funesto debut del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fue el descaro de un gobierno ante la inseguridad que impera en el país, más por culpar a la víctima. “No solicitó escolta”, manifestó el equipo de seguridad ciudadana de la presidenta.
La tasa de homicidios dolosos a nivel nacional ya no dice mucho sobre la expansión del control territorial del crimen organizado, que hoy es la principal amenaza para el Estado de derecho.
Tras el sexenio más violento para México, Claudia Sheinbaum presentó su estrategia para pacificar el país. La presidenta de la República propone llevar la política de “abrazos y no balazos” a una de mayor inteligencia policial e investigación.
Algo que no servirá para frenar la violenta carrera de los grupos del crimen organizados, que se disputan el control del territorio nacional, que tienen ya en sus manos en más del 30 por ciento.
López Obrador presumió una y otra vez la reducción de los homicidios dolosos para crear, sostener y difundir la narrativa de que México se encuentra en un proceso de pacificación sostenida. Lo cierto es que su sexenio se convirtió en el más violento de la historia, con 198,903 víctimas de homicidio doloso, 27.5% más que las registradas con Enrique Peña Nieto y 65.5% más que con Felipe Calderón.
Las cifras provienen del propio gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el informe diario de la Comisión Nacional de Seguridad.
Además de las enormes dudas que hay sobre la veracidad de esos datos oficiales, es una realidad que la criminalidad y las violencias han transmutado de forma acelerada en la última década en nuestro país.
Muchos de los indicadores disponibles para monitorear su comportamiento e impactos son insuficientes o directamente obsoletos. A propósito, la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional no nos dice mucho sobre la expansión del control territorial del crimen organizado que hoy es la principal amenaza para el Estado de derecho.
Es necesario replantear con urgencia los fenómenos y los indicadores contemplados para determinar el éxito o fracaso de la política de seguridad pública.
En los primeros 7 días de Claudia al frente del gobierno mexicano, se registraron 566 homicidios dolosos, un promedio de 80 al día, una cifra que confirma el 77 por ciento de los habitantes que temen vivir en sus inseguras comunidades.
La violencia ya es político-criminal. O sea, los criminales van sobre las cabezas de los gobernantes municipales. ¿Quiénes seguirán? Hay una lógica criminal para advertirlo.
El intercambio de fuego entre distintos grupos criminales (como se aprecia en entidades como Zacatecas o Chiapas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), o entre facciones distintas de un mismo grupo (como está ocurriendo actualmente en Sinaloa con el enfrentamiento de los Chapitos y la Mayiza), o los reacomodos en la distribución del control territorial por parte del crimen organizado, son procesos que usualmente se acompañan de la interrupción de los sistemas funcionales de la sociedad (como la suspensión definitiva de actividades económicas y sociales como la educación).
Hace mucho que es obsoleto decirle “narco” al crimen organizado.
El tráfico de drogas al mayoreo y menudeo no es la única actividad de los grupos delictivos y acaso tampoco la principal. Diversos estudios académicos y periodísticos han mostrado que, en los últimos años, el cobro de piso se ha extendido a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las propias organizaciones criminales regulan la oferta y la demanda de seguridad a partir de la creación de entornos de terror.
El clima de violencia ha sido tema en las reuniones diarias de seguridad que encabeza desde el 2 de octubre Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional con su gabinete de seguridad. Se viven las mañaneras del Pueblo en santa paz, mientras se registraron 566 homicidios en siete días, entre ellos el del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, del secretario de ese ayuntamiento, Francisco Tapia y el asesinato de seis migrantes en Chiapas.
