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JUAN CHÁVEZ
Muchos son los crímenes por no pagar las extorsiones exigidas por los criminales.
El más reciente fue el del líder de los productores de Limón de Apatzingán, Bernardo Bravo, el domingo 19 de octubre.
Desde 2019, la extorsión es imparable en el país. Estado de México y Ciudad de México reportan las cifras más altas.
En el gobierno de López Obrador el delito marcó cifras récord y con la presidenta Sheinbaum se mantiene al alza. Al día se reportan 29 víctimas, pero es un delito de los que menos se denuncian.
La extorsión está imparable, es el “impuesto oculto” que miles de mexicanos deben pagar por su seguridad
Autoridades federales han desplegado operativos en estados como Michoacán para intentar frenar las extorsiones a los comerciantes.
Desde el año 2019, la extorsión se ha convertido en un delito imparable: abarroteros, polleros, tortilleros, limoneros, aguacateros, mangueros, transportistas y cualquier dueño de negocio, prestador de servicios o productor es víctima de cobros informales en el país.
Entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de López Obrador hubo un incremento de 57% en la extorsión y con la presidenta Claudia Sheinbaum, el delito no cede. Hasta el año 2018 había 19 víctimas al día, pero en 2025 son 29 cada 24 horas.
Aunque cada hora más de un mexicano es víctima de extorsión, este delito se oculta entre el miedo y una cifra negra que supera el 95% al no ser denunciado.
La extorsión ha ido en aumento porque las organizaciones criminales diversificaron sus actividades para generar recursos, así lo plantea la iniciativa de reforma que envió en julio pasado la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de extorsión.
“La extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que, en estos casos, su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas en individual, sino también en forma colectiva, ya que se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad, cuando se extorsiona empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas”, dice la iniciativa.
Repercusiones colectivas por la extorsión han sido percibidas en Michoacán, donde los productores de limón o aguacate tienen que pagar cuotas informales, lo que encarece el producto. Juana Francisca Reyes, agricultora y habitante de Tepalcatepec, explicó en una entrevista parte de los pagos informales que tienen que realizar.
“Aquí se paga un impuesto, digámosle, informal y la gente trabaja así. A un productor de 20, 30 hectáreas se le cobraba una cantidad de más o menos 5% para que pueda trabajar, pero en temporada de cosecha se le cobra hasta los cortadores cuota por tonelada. Es un impuesto informal”, afirmó.
Productores y empacadores de limón han denunciado extorsiones por parte de integrantes del crimen organizado.
Sheinbaum va por ley general para investigar la extorsión de oficio.
No hay año en que el precio del limón no suba y la razón no está detrás de una baja producción, sino en el pago informal que los limoneros tienen que entregar a los extorsionadores, muchos de ellos integrantes de agrupaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.
En el país hay más retratos de la extorsión y cómo impacta a las comunidades y a la economía. En julio pasado, autoridades federales revelaron que, en el estado de México, por producto de la extorsión, se elevaron precios en materiales para construcción, vidrio, aluminio, acero, pollo, carne de res y carne de cerdo.
En el esquema de extorsión participan supuestos sindicatos y establecimientos coludidos en 14 municipios mexiquenses como Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Malinalco y Texcaltitlán.
De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Edomex, José Luis Cervantes, el esquema consiste en obligar a ciertos comercios a fijar cuotas o precios abusivos en sus productos, pero además obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un diseño de violencia moral y un esquema extorsivo.
Guerrero es otra de las entidades en las que la extorsión se ha expandido, lo que ha llevado a algunos negocios a bajar sus cortinas, como sucedió en diciembre de 2023 con la pozolería «Chely», en Acapulco, tras ser víctima de extorsión y uno de sus propietarios, de homicidio.
El transporte público de Taxco, Guerrero se paralizó a principios de 2024 cuando operadores suspendieron el servicio tras el asesinato de un chófer quien se negó a pagar extorsiones al crimen.
La capital del país no ha estado exenta a la extorsión. En la CDMX negocios de prácticamente cualquier zona tienen que hacer pagos informales para que puedan abrir todos los días, y a quienes no lo hacen son víctimas de amenazas, acoso y violencia. Esta semana se difundió un video en el que presuntos extorsionadores de la Unión Tepito agreden a un comerciante que se negó a pagar la cuota impuesta.
En febrero de este año, la taquería Ruben´s en la colonia Escandón cerró sus cortinas a causa de la extorsión que aqueja a la Ciudad de México, una de las entidades con más víctimas en el país.
La extorsión incluso ha quitado la vida a prestadores de servicios. Este año, en Veracruz causó conmoción la muerte de Irma Hernández Cruz, una maestra y taxista que fue obligada por integrantes del crimen organizado a grabar un video para exigir el pago de cuotas a sus compañeros del volante.
“Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser con ellos», dijo la maestra en un video.
