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JUAN CHÁVEZ. En política no hay coincidencias o casualidades. Se fabrican por el presidente en turno o por órdenes suyas, para fines políticos mediáticos.
No es casualidad que Rosario Robles, tras tres años de cárcel, haya sido liberada al tiempo que se aprendía al ex procurador Jesús Murillo Karam, por delitos que solo están en la mente del que fabricó la versión de “crimen de Estado”, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, para aplastar “la verdad histórica” del entonces titular de la desaparecida PGR.
El subsecretario Alejandro Encinas ha culpado por años al Ejército de la desaparición de los normalistas, pero no le alcanza todavía para sustentar su versión.
La “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la cual el ex procurador Jesús Murillo Karam dio por terminada la investigación del crimen, fue una frase grandilocuente que le cuestionaron internamente, pero que se oía hueca. La verdad política, como ahora el gobierno de López Obrador quiere cerrar el caso, es sonora, contundente y llena el imaginario colectivo de muchos, pero, igualmente, está hueca. La diferencia es que aquella se pudrió y ésta pueden corregirla, porque está llena de inconsistencias, omisiones y contradicciones.
La frase “la verdad histórica”, es figura del derecho procesal, no invención de Murillo que así dio por concluido el proceso de investigación que le correspondió.
El jueves pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer un informe preliminar sobre la desaparición de los normalistas, donde afirmó que mediante “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”, se cometió un “crimen de Estado”. La fuerte declaración fue seguida con la detención de Murillo Karam, el primer procurador general de la República en la historia, tras las rejas. Aplausos de pie de muchos y críticas de los menos. En medio, el faltante de elementos jurídicos fundamentales.
El principal es el móvil, que es lo que explica un crimen. Sin móvil, ¿a qué obedeció todo? Las autoridades afirman que hubo encubrimiento, pero dejan suelta la pregunta, ¿encubrimiento de quién?, ¿para qué? La acusación contra Murillo Karam, una de las 83 personas contra quienes se giraron órdenes de aprehensión, es por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Los dos primeros no proceden, porque las leyes que se le aplican son posteriores no sólo al crimen, y en la Constitución existe el principio de irretroactividad. En cambio no le imputaron un delito flagrante: alteración del debido proceso, al dar a conocer videos de presuntos criminales.
El “crimen de Estado” es una bonita frase, pero no se sostiene salvo en la narrativa política. Los crímenes de Estado son delitos cometidos por agentes estatales o particulares que actúan en complicidad o con la tolerancia del Estado. La “acción concertada desde el aparato organizado del poder”, que mencionó Encinas, se queda muy trunca en el sentido de la definición. La línea de mando del Estado no llegó al expresidente Enrique Peña Nieto, contra el cual no hay acción en curso por esta razón, y el estado de Encinas –así, con minúsculas– no llega tampoco a la estructura de poder que señala. Las acusaciones tocan los mandos de la PGR, de la Policía Federal y el hilo militar más delgado… cuando todo haga suponer que fue el más grueso, aunque ser haya tratado de militares administrativos y no operativos.
¿Se puede hablar de crimen de Estado si está fuera de la ecuación Peña Nieto? ¿O el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, o el anterior secretario de la Marina Vidal Soberón, o el actual, José Rafael Ojeda, que era el jefe de la Zona Naval en Acapulco? Encinas redujo la responsabilidad militar al entonces coronel José Rodríguez Pérez, exjefe del 27º Batallón de Infantería, que está en Iguala, que dependía del jefe de la Zona Militar, que a su vez dependía del jefe de la Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, actualmente director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
El sábado, durante la audiencia de Murillo Karam, los fiscales lo acusaron de “fraguar premeditadamente” y de manera “dolosa” la “verdad histórica”, en un cónclave donde se encontraba, entre otros, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Bien dijo el ex procurador de la República, en el momento en el que estaban los agentes ministeriales corriendo el trámite de detención y éstos le decían disculpe, pero así es una diligencia y el respondió, “no, así es la política”.
La detención y el sometimiento a proceso de Murillo, es la invención de Encinas que llena de orgullo al que saldrá trasquilado si la justicia cumple con su papel real. En realidad, dos delitos que le son imputados, fueron aprobados con posterioridad y la Constitución fija claramente el principio de irretroactividad.
