JUAN CHÁVEZ
Los hombres y mujeres del billete en México piden al gobierno de Claudia Sheinbaum que lo “mejor es revisar la reforma judicial”.
Las inversiones, se quiera ver o no ver, corren peligro.
Denise Dresser, a propósito de la iniciativa de leyes secundarias de la reforma anunciada por la presidenta, escribió:
“No es el estado de Derecho, sino el estado del chueco. La tentación autoritaria vestida de mujer del 68, que no entiende las consecuencias de lo que promueve. O quizá las entiende demasiado bien y por ello vive obsesionada con llamarse a sí misma “demócrata”, sabiendo que no lo es”.
Apenas en el despuntar de su gobierno, Claudia da muestras de que, como su predecesor, lo único que le interesa es amasar el poder. Tener bajo su férula al Poder Judicial, el único contrapeso a los abusos que ya está cometiendo.
Trabajadores del Poder Judicial de Guadalajara, Jalisco, se manifestaron afuera de una conferencia de prensa de la ministra Loretta Ortiz, una de las impulsoras de la reforma oficialista que ha causado polémica
La Coparmex expresó su respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que planea revisar la reforma al Poder Judicial de la Federación.
En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que la revisión de esta reforma “subraya la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo ante presiones políticas y económicas”.
El organismo insiste en que la intervención de los ministros para analizar la impugnación de los jueces y magistrados “demuestra el compromiso de la Corte con el análisis riguroso de esta medida”.
El máximo tribunal del país tiene la facultad y la responsabilidad de revisar la constitucionalidad de cualquier reforma que afecte el equilibrio de poderes.
“Esta acción envía una señal clara de que en México se respeta el Estado de derecho y se valore la certidumbre jurídica como base del desarrollo económico”, dijo.
En un comunicado, destacó que esta revisión, aceptada por una mayoría de ocho votos contra tres, representa un acto trascendental que permitirá evaluar si la enmienda constitucional aprobada por el Congreso vulnera la independencia judicial.
La revisión de la reforma subraya la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo ante presiones políticas y económicas.
La intervención de los ministros para analizar la impugnación de los jueces y magistrados, demuestra el compromiso de la Corte con el análisis riguroso de esta medida.
Mencionó que, con esta resolución, la SCJN no está prejuzgando el fondo de la controversia, sino que está garantizando un proceso en el que se respeten las garantías procesales de las partes involucradas.
Argumentó que el máximo tribunal del país tiene la facultad y la responsabilidad de revisar la constitucionalidad de cualquier reforma que afecte el equilibrio entre poderes, incluyendo aquellas que puedan comprometer la autonomía del Poder Judicial.
Esta acción garantiza que, según comentan, las modificaciones legislativas respeten los límites constitucionales y no vulneren los derechos fundamentales.
Esta obligación de la SCJN deriva de la propia Constitución, dado que en el ámbito de su competencia debe proteger, garantizar, promover y respetar los Derechos Humanos, asegurando que la independencia judicial se mantenga para garantizar un acceso a la justicia imparcial para todos.
La revisión de la reforma establece un precedente fundamental para futuras modificaciones que intenten alterar estructuras institucionales.
La Coparmex señaló la necesidad de un control judicial riguroso sobre cualquier enmienda que pretenda modificar las bases del Estado de Derecho que hemos construido como sociedad, asegurando que las leyes no debiliten el sistema democrático.
Esta revisión no solo es un procedimiento técnico, sino una oportunidad crucial para proteger las instituciones que salvaguardan la justicia en México, teniendo a la Constitución como el referente indispensable.
La posible suspensión de la reforma, si así se decide, sería un paso firme en la defensa de la independencia judicial, un pilar indispensable para la democracia.
El organismo precisó que la ministra presidenta, Norma Piña, tomó la decisión de reencauzar la petición de los promoventes, asignando la elaboración del proyecto a otro ministro o ministra que corresponda, lo que refuerza la transparencia y el debido proceso en este asunto.
La reforma ha generado gran incertidumbre, no solo entre los jueces y magistrados, sino también en la comunidad empresarial nacional e internacional, y la sociedad civil.
Y esto, señora presidenta, es una alerta roja para la economía.