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JUAN CHÁVEZ
Desde que el dios Shamash, el dios de la justicia, entrega el Código de Hammurabi al rey de Babilonia (1728 a.C.), existen las leyes que permiten al soberano gobernar con justicia.
La obediencia a la ley fue impuesta por la del Talión, ojo por ojo, diente por diente. Eran drásticos los castigos, desde cortarle las manos al ratero, hasta decretar la muerte por delitos de alto impacto.
Hoy, la lucha es por el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.
La intención es clara, debilitar al poder judicial federal, contrapeso constitucional natural de los otros poderes.
La justicia está paralizada en México. La Corte y el Tribunal solo atenderán juicios de urgencia y necesarios para que el equilibrio de poderes no se pierda totalmente.
El inquilino de Palacio, ansioso por ver morir a la Corte, ya consideró “extintos” los 13 fideicomisos que los diputados morenistas aprobaron desaparecer el pasado martes 17 de octubre. Falta aún que el Senado apruebe la iniciativa de ley que modifica uno de los artículos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la supuesta publicación en el Diario Oficial, si es el caso.
Ser juez no es un trabajo fácil, resolver un conflicto siempre dejara inconforme a una de las partes. A diferencia de los otros poderes, la legitimidad del poder judicial no pasa por el apoyo popular, sino por la consistencia, la congruencia y la argumentación que sustentan sus decisiones.
El trabajo que se realiza en el poder judicial es, por decirlo de alguna manera, un trabajo mucho más técnico y especializado que el que realizan otros funcionarios cuyo origen y naturaleza es eminentemente política.
Una de las funciones que desarrolla el poder judicial federal, quizá la más difícil, es la función de contención del poder. Al poder no le gusta ser limitado, pero si a ese poder no se le contiene se desborda, poniendo en riesgo los derechos de todas y todos. Estos límites o controles al poder son necesarios y de hecho son connaturales a las democracias modernas. Algunos autores sostienen que sin controles o mecanismos que garanticen el orden constitucional sería imposible la subsistencia de los derechos humanos.
El espíritu del Código de Hammurabi, revolotea en esas funciones del Poder Judicial Federal.
La historia nos demuestra que los peores crímenes de la humanidad han sido perpetrados desde el poder unipersonal que en su momento no tuvo contrapesos reales y efectivos.
Lamentablemente en nuestro país, en los últimos años la “nueva” clase política, aquella que afirmó no ser igual que los de antes, ha dado muestras de un talante peligrosamente autoritario.
Un demócrata se caracteriza por la consideración y el respeto que tiene a las decisiones que toman otros poderes en el marco de la ley, aunque esas decisiones les gusten o no y limiten su actuación, incluso, puede combatirlas a través de los mecanismos y los procedimientos que se establecen en el mismo orden constitucional, pero a final de cuentas, cualquiera que sea el resultado, el demócrata, el estadista habrá de acatarlo, sin mayores aspavientos y sin recurrir a la descalificación y a la confrontación.
La nueva clase política ha sido sumamente refractaria a las decisiones del Poder Judicial, sobre todo aquellas que controvierten o afectan sus actos.
A 11 meses de que concluya el sexenio, hemos sido testigos como a través de las redes sociales oficiales, canales de radio y televisión públicos y particularmente en las mañaneras se exhibe -sin la menor consideración sobre su seguridad y la de su familia-a jueces y magistrados por haber tomado decisiones que van en contra de los deseos presidenciales.
Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechaza que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sean un privilegio para jueces, magistrados y trabajadores.
“Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte”, dijo luego de que la Cámara de Diputados aprobó la víspera su extinción.
Al participar en del Congreso Internacional “Los retos de la Judicatura” celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, Aguilar Morales comentó que todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que les beneficie a los ministros.
“Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para las o los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México”, expuso.
El juzgador recordó que la Constitución es la guía del PJF, y no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales.
“Lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución”, resaltó.
La justicia pues está paralizada. Es un tanto lo que pretende el rey Lopitos y, además, al que paralizó Paseo de la Reforma por más de 70 días, le importa un comino.
