Entresemana Información entresemana que forma opinión
JUAN CHÁVEZ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría calificada (8 votos contra 3), invalidó el
el decreto presidencial que transfería la operación y administración de la Guardia Nacional de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
¡Bendito sea Dios!, clamó buena porción de la población creyente en el Todopoderoso de allá arriba: Que bueno que tenemos un Poder Judicial autónomo e independiente que frena las satraperías y ocurrencias del todo poderoso de acá abajo, agregaron en su plegaria.
Es de esperarse que en el mismo sentido, el supremo tribunal opere en defensa del INAI que López Obrador pretende eliminar porque “no sirve para nada”, ha dicho en sus gobernantes mañaneras.
El INAI se defiende. Ya presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte en la que solicita se otorgue una suspensión autorizándolo para que su Pleno sesione de manera temporal con cuatro comisionados (la ley exige cinco de siete).
Sostiene que el presidente invadió su esfera de competencia y que además vetó a los dos nombramientos de nuevos comisionados aprobados por el Senado, bajo el supuesto de que eran reparto para Morena y el PAN.
La Suprema Corte, que encabeza Norma Lucía Piña Hernández, el 18 de abril invalidó el decreto presidencial que transfería la operación y administración de la Guardia Nacional de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por donde se le vea es una gran noticia para el país que la Corte esté convertida en un garante para hacer que se respete la Constitución y que haga valer la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, que dista mucho de la sumisión que el Poder Legislativo, con mayoría morenista, ha tenido con el “dictadorcito”.
Al igual que el día anterior cuando la Corte también sumo ocho votos para invalidar una norma que permitía que militares intervinieran llamadas telefónicas de civiles sin autorización de un juez, el martes le corrigieron la plana al presidente al echar para atrás las modificaciones a los artículos 29 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que violaba claramente el artículo 21 constitucional que señala que las instituciones encargadas de la Seguridad Pública en el País deben ser civiles y no de carácter militar.
Las votaciones en la Corte han exhibido a los ministros incondicionales que recargan su voto hacia los caprichos y ocurrencias del “dictadorcito” de la cuatroté: Arturo Zaldívar, ex presidente del máximo tribunal, la ministra acusada de plagio Yasmín Esquivel, y Loretta Ortiz Ahif .
La situación también reveló que la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pese a ser propuestos por López Obrador, mantuvieron su autonomía y su investidura de defensores de la Constitución.
Zaldívar ha entrado a la etapa del descaro, pues su voto de ahora fue opuesto a sus argumentos de hace cuatro años, cuando votó en contra del dictamen que justificaba la adscripción de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa.
Hacia afuera de la Corte, el fallo lanza una señal de aliento a una eventual coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales ya que fue la impugnación que hizo contra este decreto presidencial ante el Poder Judicial el grupo de contención en el Senado, integrado por PAN-PRI-PRD-MC e independientes, lo que evitó que la GN se quedara anticonstitucionalmente en la Sedena, como lo quería imponer el presidente.
Y claro, al día siguiente cayó la voz del “dictadorcito” de Palacio:
(Los ministros) actuaron de «manera facciosa».
