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JUAN CHÁVEZ. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas admitió que el Ejército ejecutó a los cinco jóvenes en Nuevo Laredo, el pasado 26 de febrero.
La información fue difundida anoche en noticieros televisivos, pero cortada de inmediato. Lo mismo sucedió esta mañana.
Hay, hasta donde se sabe, cuatro soldados detenidos y la Suprema Corte, por su parte, admite la presencia de testigos civiles en juicios contra militares, dado que las víctimas eran civiles.
De acuerdo con el funcionario del gobierno de México hay suficientes elementos que acreditan que no se trató de un enfrentamiento y que los siete jóvenes (dos se salvaron), no estaban armados.
Encinas es subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.
“No se trató de un enfrentamiento, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”, ha declarado este miércoles el funcionario.
Al llegar a una reunión a la Cámara de Diputados, el subsecretario reconoció que hay elementos que acreditan que los jóvenes no iban armados.
La declaración de Encinas contradice las primeras versiones del Ejército mexicano (secretaría de la Defensa Nacional) que indicaban que sus elementos activaron sus armas al escuchar disparos y al ver la camioneta donde se trasladaban los jóvenes a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas.
Aunque indicó que se debe esperar a la conclusión de la investigación que se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el funcionario aseveró que es necesario indagar si los militares que dispararon a los jóvenes siguieron instrucciones de sus superiores o no.
“Todos tienen derechos, pero quienes infringen la ley deben cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe de abordar las cadenas de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos de las Fuerzas Armadas sino de la cadena de mando en este (fallido) operativo”, expuso.
Del ataque sobrevivieron dos jóvenes que han relatado que los militares continuaron disparándoles a pesar de que ya estaban tirados en el suelo. Además, el caso se dio a conocer cuando horas después, los militares regresaron al lugar de la masacre para retirar el vehículo y los vecinos y familiares de las víctimas intentaron detenerlos, lo que provocó un enfrentamiento a golpes entre los civiles y los uniformados.
Sobre el caso en Nuevo Laredo, el presidente López Obrador ha asegurado, en conferencia de prensa, que se debe investigar lo sucedido. “Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie”, afirmó días después de lo ocurrido.
Desde su campaña a la Presidencia, el político tabasqueño fue crítico de las ejecuciones extrajudiciales, al aseverar que no seguiría con la estrategia de administraciones anteriores de matar a los criminales.
Aceptar que los jóvenes fueron ejecutados por el Ejército, se considera una respuesta contundente a familiares y militares que participaron en las marchas exigiendo la libertad de los soldados presuntamente responsables de la masacre.
