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“No puedo ni vivir conforme a ejemplos, ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida de acuerdo conmigo misma. Eso sí voy hacer, pase lo que pase”. Lou Andreas Salomé
JUAN CHÁVEZ
Nada halagüeño será el comienzo de Claudia Sheinbaum como presidenta. La herencia que recibe de López Obrador, está en la desatada violencia de Sinaloa, que lleva 16 días continuos asolando a la población de Culiacán y municipios cercanos.
Pero también está la inseguridad en Michoacán, Chiapas, Guerrero (Acapulco), Guanajuato, donde las ejecuciones son el “pan de todos los días” y, en muchos casos, la población ha decidido abandonar sus comunidades azuzada por el clima de violencia.
Este fin de semana, el penúltimo del “mañanero” de Palacio, se registraron 278 asesinos, el tercero de los más violentos en su (des) gobierno.
En su escrito semanal, el otrora considerado fiscal de hierro, Javier Coello Trejo, señaló que la esperanza de México está en su gente, no en los políticos.
No comulgo totalmente con tal idea. En las elecciones del 2 de junio, 55 millones de mexicanos dejaron que en las urnas arrasara Morena con sus candidatos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La gente de México es pasiva por antonomasia. Permitió, a lo largo de casi seis años, que López Obrador hundiera a México en la mediocridad, que perdiera su democracia y la libertad.
Con la expectativa de que Claudia asuma el poder Ejecutivo total y no resulte vulgar marioneta de AMLO, reproduzco parte del texto del fiscal de hierro:
Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad y emplee la fuerza del Estado de manera contundente para retomar el control de las regiones dominadas por los cárteles.
En los últimos días, los ciudadanos de Sinaloa y otros estados de la República han sido testigos de una escalada de violencia que ha puesto en jaque a toda la nación. Las familias viven presas del miedo, encerradas en sus hogares, sin poder siquiera acceder a lo más básico: alimentos, medicinas y seguridad. No estamos hablando de un problema aislado, sino de una crisis generalizada que afecta a gran parte del país. Y lo que es más alarmante, esta situación ha sido ignorada o minimizada por quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población.
Desde la administración actual, se ha insistido en una política de ‘abrazos, no balazos’. Si bien es comprensible que ningún gobierno desee una confrontación directa con los cárteles, resulta claro que esta estrategia ha fracasado. Lo que estamos viendo en Sinaloa, Chiapas y otros estados es el colapso del Estado en su función más básica: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La realidad es que no se puede negociar ni pacificar a grupos criminales con abrazos y buenas intenciones. Los cárteles del narcotráfico no respetan palabras suaves ni gestos de reconciliación; lo único que entienden es la fuerza.
Como lo he dicho en innumerables ocasiones, la fuerza del Estado no es solo el uso de armas o la presencia del Ejército en las calles, sino el conjunto de instituciones que deben actuar de manera coordinada para combatir al crimen organizado. En mi época como fiscal, entendimos que el poder del Estado no podía ceder ante el narcotráfico. Tuvimos que enfrentar a los delincuentes de frente, desmantelar sus redes de apoyo, y sobre todo, hacer cumplir la ley con todo su rigor.
Hoy, México enfrenta un reto similar, pero con una diferencia preocupante: el Estado ha optado por una pasividad que está permitiendo que los cárteles crezcan y se consoliden. Los ciudadanos de Sinaloa, atrapados en medio de un conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, están sufriendo las consecuencias de esta inacción. El miedo ha paralizado las ciudades, y las actividades económicas están detenidas porque los empresarios no pueden garantizar la seguridad de sus empleados. Las empresas más grandes, como OXXO, están considerando abandonar la entidad porque no tienen forma de operar en un entorno tan inseguro.
¿Qué se necesita, entonces? Lo primero es reconocer que ‘a grandes problemas, grandes remedios’. No podemos continuar con la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ cuando el crimen organizado está causando un sufrimiento directo a millones de mexicanos. Es momento de que el gobierno federal asuma su responsabilidad y emplee la fuerza del Estado de manera contundente para retomar el control de las regiones dominadas por los cárteles.
¿Qué implica esto en la práctica? En primer lugar, se debe garantizar la seguridad inmediata de los ciudadanos atrapados en el conflicto. Las Fuerzas Armadas, junto con la Guardia Nacional, deben desplegarse de manera estratégica para abrir paso seguro que permita la salida de las personas más vulnerables. Ya no podemos permitir que la población civil siga siendo rehén de los grupos criminales. Se necesitan operativos bien coordinados, no solo para enfrentar a los cárteles, sino también para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a las comunidades afectadas.
En segundo lugar, es necesario retomar el control de los territorios clave. Esto no se logra solo con la presencia militar, sino con una acción coordinada de inteligencia que desmantele las redes financieras y logísticas de los cárteles.
No debemos olvidar la importancia del sistema de justicia. Los líderes criminales deben ser puestos a disposición, judicializados y procesados con rapidez y efectividad. Es inaceptable que el sistema de procuración de justicia siga siendo tan ineficiente que muchos criminales puedan operar impunemente. La impunidad es el mayor aliado del crimen y mientras no se reformen profundamente las instituciones de procuración de justicia, México seguirá siendo un terreno fértil para la delincuencia.
Finalmente, es fundamental que el gobierno asuma un papel de liderazgo visible en esta crisis. Los ciudadanos necesitan saber que no están solos y que su gobierno está actuando para protegerlos. Es imperativo que se deje de lado la retórica política y se actúe con firmeza. Los desfiles y las celebraciones simbólicas no pueden ser la prioridad cuando el país está sumido en una crisis de seguridad.
Es momento de que el gobierno actual y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dejen de lado los gestos de conciliación y entiendan que los cárteles no se detendrán por un llamado a la paz. Solo la fuerza del Estado y la voluntad política del mismo pueden restaurar la seguridad en México.
